La decisión del tribunal de alzada llega el mismo día que la ex jefa comunal cumple 52 años. Se espera que en la audiencia del 15 de abril el Ministerio Público presente nuevos cargos por malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
El objetivo es que la Corte Suprema resuelva la cautelar del exsubsecretario. Si la resolución del máximo tribunal le da una “portazo” a la acción legal del abogado Víctor Providel, el imputado no podrá salir de Capitán Yáber hasta su juicio oral.
La Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, aseguró estar “muy conforme” con la resolución del 9° Juzgado de Garantía de Santiago y recalcó que no existen nuevos antecedentes que justifiquen el cambio de cautelar.
Pese a los intentos de su defensa por cambiar la cautelar más gravosa y que el imputado pase a arresto domiciliario total, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago reafirmó la decisión que tomó el pasado 19 de noviembre.
En paralelo, generó polémica la filtración de parte de la declaración del exsubsecretario ante Fiscalía, en la que aseguró que fue el Presidente Boric quien le sugirió viajar al sur para contarle a su familia sobre la acusación en su contra.
Entre los argumentos se presentará su declaración ante la Fiscalía, donde entregó una versión distinta a la de la denunciante, así como testimonios de garzones y antecedentes del Servicio Médico Legal.
Tras 205 días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el pasado 20 de marzo el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó sustituir la prisión preventiva del abogado por arresto domiciliario total.
Según el fallo de la Corte de Apelaciones, la incineración de la documentación ocultó información para investigaciones, sobre todo en la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.
La diputada, firmante de la petición de remoción del persecutor, aseguró que en el marco de la investigación contra Karol Cariola, ha existido un actuar negligente. “Estamos frente a un escenario muy peligroso de lawfare”, acusó.
El Mandatario declaró de manera presencial desde La Moneda. La vocera (s) Etcheverry destacó la disposición del Gobierno a prestar colaboración y el abogado querellante, Raimundo Palamara, valoró que Boric no ejerciera su derecho a guardar silencio.
El académico valoró la incautación de aparatos a los ministros Antonio Ulloa y Héctor Mery, pero cuestionó que todo el peso de la investigación lo esté llevando la Fiscalía. A su juicio, el Poder Judicial y el Congreso también deberían actuar.
Solo ayer el Tribunal de Garantía le cambió la cautelar al desaforado parlamentario por arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones argumentó, para volver a encarcelarlo, que es un peligro para la sociedad.
Pese a estar dirigida contra “quien resulte responsable”, la denuncia apunta a personajes como la fiscal Giovanna Herrera y el abogado Gabriel Zaliasnik. Este último aseguró que su mención en la acción judicial “es delirante”.
La acción judicial expone que “las conversaciones incluidas en ese informe y que fueron publicadas por La Tercera el pasado viernes carecen de toda relevancia investigativa”.
Tras la revelación de los chats entre la diputada comunista y la exalcaldesa Irací Hassler, el abogado Juan Carlos Manríquez y el fiscal Patricio Cooper realizarán un “trabajo de chequeo cruzado” para filtrar la información.
A casi ocho años del escándalo policial que remeció al país, la abogada querellante en la causa apuntó al rol de los tribunales en la dilación que ha empujado la defensa de los acusados. Además, acusó al Estado de ensañarse contra los comuneros.
La acción judicial buscaba impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que rechazó la solicitud de la exalcaldesa de Antofagasta de acceder a libertad vigilada por haber cumplido tiempo de cárcel en Países Bajos.
