Políticos y actores sociales se reunieron en el ex Congreso para debatir sobre la “crisis valórica” de la política, aunque con baja asistencia de parlamentarios que fueron invitados a mostrar sus puntos de vista.
La próxima semana el ministro del interior, Mario Fernández, viajará a La Araucanía, donde deberá responder a los camioneros que buscan conseguir una compensación económica por las pérdidas de su maquinaria.
Juan Pablo Hermosilla aseveró que existen pruebas suficientes de “negligencia sistemática e ignorancia deliberada” por parte de las autoridades del clero, por lo que apelará a la decisión judicial que rechazó la denuncia.
Integrada por más de 20 organizaciones de todo el país, la Red estará enfocada en la promoción de la defensa de los Derechos Humanos de las personas en movilidad, de la interculturalidad y de la inclusión con justicia y dignidad, además del posicionamiento y debate de temas de interés en relación a la migración, como es la necesidad de una nueva normativa para esta materia en nuestro país.
Según la denuncia del INDH sus solicitudes fueron rechazadas por no contar con la visa de residencia permanente. Desde las organizaciones migrantes señalan que hay casos en que los jóvenes pueden estar hasta más de una década esperando la permanencia definitiva y que, el problema de fondo, es que no existe una legislación actualizada respecto a esta materia.
Uno de los querellantes contra la Iglesia Católica por su encubrimiento del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, criticó la decisión del tribunal que desechó la denuncia que exigía una indemnización y disculpas públicas del clero local.
Desde el sindicato de la compañía señalaron que la cuprífera ha amedrentado a los trabajadores, lo que según el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, representa una señal negativa para el curso de la paralización.
Rafael Garay queda con prisión preventiva y jueza fija plazo de 120 días para investigar.
Hasta ahora sólo se ha formalizado a un funcionario. Esto, pese a que desde la familia del joven señalaron que otras dos personas habrían participado en el hecho ocurrido en 2014.
Con esta acción el magistrado descartó la indemnización a las víctimas Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James George Hamilton.
Francisca Flores, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, señaló que, desde la agrupación, esperan que la ley de desmunicipalización se apruebe antes de que termine este gobierno. Además, explicó que todavía no han discutido fechas para futuras movilizaciones.
El vocero del Movimiento NO + AFP señaló que los partidos de la Nueva Mayoría culpan a los ministros de estados cuando la responsabilidad real recae sobre Michelle Bachelet. Además, volvió a mencionar que realizarán un importante anuncio en la manifestación del 26 de marzo.
La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) reconoció la autoría de la quema de camiones en Temuco. Mientras, otras organizaciones condenaron el calificativo de “enemigo interno” aplicado contra el pueblo mapuche.
En tanto, desde el Instituto de Derechos Humanos señalaron que no se trata de dejar este tipo de hechos en la impunidad sino que garantizar el debido proceso judicial para que el Estado no se convierta en un ente terrorista.
El organismo llevó a cabo esta acción en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por malversación de caudales públicos y lavado de activos.
El economista llegará al país el próximo jueves a eso de las 10:00 de la mañana. Posteriormente, se dará inicio a su reformalización.
El director del Observatorio Ciudadano que integra la plataforma “Chile mejor sin TPP”, José Aylwin, criticó los intentos liderados por la Cancillería chilena de reflotar el Acuerdo Transpacífico, a pesar del retiro de Estados Unidos del pacto. Aylwin cuestionó que nuevamente se negocie este tratado de espaldas a la gente y que se profundice el modelo económico extractivista que perjudica seriamente al medioambiente y a las personas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago podría heredar el caso que ahora tiene el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Independiente de la decisión, el fiscal de Magallanes seguiría al mando de las pesquisas.
