Las regiones Metropolitana (218 víctimas), Valparaíso (53) y Biobío (38) concentraron el 65,5% del total nacional, pese a que las tres redujeron sus cifras respecto del mismo período de 2025.
La alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la ACHM abordó el plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y advirtió que más de 20 jefes comunales cuentan actualmente con protección policial.
El jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri, denunció que el atentado contra su par de San Bernardo no es un hecho aislado y llamó a instalar un trabajo coordinado entre todas las instituciones con competencia en seguridad.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue dado de alta tras descompensarse al conocer un plan para asesinarlo, y grabó un video junto al senador Juan Luis Castro (PS) en el que aseguró que “el crimen organizado no puede ganar”.
En medio de los esfuerzos por ordenar a sus filas, el Ejecutivo descartó eliminar el controvertido nuevo estado de excepción constitucional. Senadores del oficialismo valoraron la disposición al diálogo, aunque persisten sus dudas.
El Mandatario reconoció que el texto puede sufrir ajustes en el Congreso, pero aseguró que la iniciativa busca enfrentar al crimen organizado como un “estado paralelo” y remarcó que la figura de emergencia es un pilar central de su propuesta.
“Personal operativo detectó el corte de la malla de seguridad en uno de los módulos que alberga a internos de alto compromiso delictual”, señaló en un comunicado. Los involucrados quedaron en celdas de máxima seguridad.
El académico de la U. de Chile aseguró que la iniciativa es “manifiestamente iliberal” y afirmó que los militares obtendrían resultados relativos, “porque lo que realmente se necesita para combatir el narcotráfico es inteligencia policial”.
El exministro de Justicia y Seguridad advirtió que la reforma del Gobierno constituye “un riesgo institucional muy grande, no solo en acumular poder al Ejecutivo, sino que en la manera de entender el sistema de derechos y del castigo”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, calificó el procedimiento como “el envío más grande de prisioneros de máxima y alta seguridad en simultáneo a un penal del país”.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.
RN y Evópoli piden cambios a la iniciativa y hablan de una propuesta “iliberal”. En la oposición, el PS, PC y FA piden retirar el proyecto del Congreso. “Es innecesario y atenta contra la democracia”, declaró la timonel socialista, Paulina Vodanovic.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El detenido de 22 años, formalizado tras ser individualizado por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, había amenazado con perpetrar una masacre en la USACH, la UAH y la UDP.
Los parlamentarios oficiaron al ministro Martín Arrau para extender el piloto actual y agilizar el reglamento que autoriza estas armas no letales a inspectores municipales.
El académico de la Universidad de Chile cuestionó el alcance de la iniciativa del Gobierno y sostuvo que varias de las medidas propuestas pueden abordarse con herramientas que ya contempla tanto la Constitución como la legislación vigente.
“Hay contenidos completamente iliberales dentro del proyecto, pero hay que ver hasta dónde llega el Gobierno”, dijo el sociólogo. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es una estrategia para correr los márgenes de negociación en el Congreso.
