La iniciativa fue respaldada por 126 diputados y quedó lista para su promulgación. El ministro de Seguridad subrayó que los inspectores municipales contarán con un marco legal más claro para colaborar con las policías.
El operativo buscó reforzar la presencia policial, detectar personas con órdenes de detención pendientes y fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito y migratorias.
El ministro de Seguridad Pública valoró el despliegue policial en Tarapacá, cuestionó que el ingreso irregular sea considerado una simple falta y exigió modificar la legislación para tipificarlo como un delito.
Un estudio de Clapes UC cifró en US$10.500 millones el costo de la delincuencia durante 2025. El aumento del gasto privado abrió un debate entre autoridades y expertos sobre las responsabilidades del Estado.
El procedimiento, desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) entre este lunes y martes, terminó con más de 2 mil 55 personas controladas. 39 personas que tenían una expulsión notificada fueron detenidas.
El titular de Seguridad Pública valoró el incremento de un nueve por ciento para el próximo año. La autoridad destacó que estos nuevos recursos afianzan el compromiso del Gobierno con todas las fuerzas de orden.
Amnistía Internacional advirtió que la norma no cumple estándares internacionales y debilita la prohibición de la tortura. En Radioanálisis, el diputado Marcos Barraza (PC) y el analista Cristián Pertuzé discutieron sobre el uso de armamento letal.
El índice 2026 de Fundación Paz Ciudadana registró una tercera disminución consecutiva del nivel más alto de temor y reveló que las estafas online son el delito que genera mayor percepción de riesgo (64,5%).
Los parlamentarios descartaron la propuesta del Gobierno que creaba un nuevo estado de excepción y apostaron por reforzar uno ya existente. El biministro Claudio Alvarado negó que el retiro del proyecto original sea un traspié para el Ejecutivo.
El Gobierno defendió la reformulación del programa como Plan FOCO y aseguró que no hay recorte presupuestario. En paralelo, Carabineros y la PDI pusieron el foco en las herramientas que esperan obtener de la agenda legislativa.
La iniciativa amplía de 12 a 24 horas el plazo máximo para considerar flagrante una detención realizada por las policías. En la actividad, el Mandatario llamó al Congreso a acelerar la tramitación de las iniciativas de la agenda de seguridad.
“Lo que hace falta es implementar la legislación”, dijo la parlamentaria y presidenta del FA, Gael Yeomans. Desde el oficialismo, la senadora Gatica (RN) llamó a decretar Estado de Sitio y el diputado Ramírez (UDI) instó a avanzar en las RUF.
El ministro de Seguridad llamó a los distintos actores políticos “a derribar diferencias y a aunar voluntades” para entregar, además de mayores recursos, un mayor respaldo jurídico a los funcionarios de Carabineros.
“Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos”, señaló en su cuenta de X.
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana presentó un diagnóstico encargado por el BID que identifica factores de liderazgo, salud mental y gestión operativa, luego de que los días perdidos por funcionario alcanzaran un máximo de 31,5 en 2022.
Ocho ediles de la Región Metropolitana que han requerido protección policial entregaron una carta en La Moneda en la que piden restituir recursos otorgados a través de la Subdere y mayor transparencia en el Plan Escudo de Barrio.
El ministro Martín Arrau descartó que un eventual retiro de la iniciativa sea un “fracaso” para el Ejecutivo. “Esas cosas políticas creo que hay que superarlas en pos de tener mejores herramientas para darle más seguridad a los chilenos”, aseveró.