El Mandatario reconoció que el texto puede sufrir ajustes en el Congreso, pero aseguró que la iniciativa busca enfrentar al crimen organizado como un “estado paralelo” y remarcó que la figura de emergencia es un pilar central de su propuesta.
“Personal operativo detectó el corte de la malla de seguridad en uno de los módulos que alberga a internos de alto compromiso delictual”, señaló en un comunicado. Los involucrados quedaron en celdas de máxima seguridad.
El académico de la U. de Chile aseguró que la iniciativa es “manifiestamente iliberal” y afirmó que los militares obtendrían resultados relativos, “porque lo que realmente se necesita para combatir el narcotráfico es inteligencia policial”.
El exministro de Justicia y Seguridad advirtió que la reforma del Gobierno constituye “un riesgo institucional muy grande, no solo en acumular poder al Ejecutivo, sino que en la manera de entender el sistema de derechos y del castigo”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, calificó el procedimiento como “el envío más grande de prisioneros de máxima y alta seguridad en simultáneo a un penal del país”.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.
RN y Evópoli piden cambios a la iniciativa y hablan de una propuesta “iliberal”. En la oposición, el PS, PC y FA piden retirar el proyecto del Congreso. “Es innecesario y atenta contra la democracia”, declaró la timonel socialista, Paulina Vodanovic.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El detenido de 22 años, formalizado tras ser individualizado por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, había amenazado con perpetrar una masacre en la USACH, la UAH y la UDP.
Los parlamentarios oficiaron al ministro Martín Arrau para extender el piloto actual y agilizar el reglamento que autoriza estas armas no letales a inspectores municipales.
El académico de la Universidad de Chile cuestionó el alcance de la iniciativa del Gobierno y sostuvo que varias de las medidas propuestas pueden abordarse con herramientas que ya contempla tanto la Constitución como la legislación vigente.
“Hay contenidos completamente iliberales dentro del proyecto, pero hay que ver hasta dónde llega el Gobierno”, dijo el sociólogo. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es una estrategia para correr los márgenes de negociación en el Congreso.
La diputada RN cuestionó la falta de trabajo prelegislativo del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos de ampliar facultades presidenciales. Sin embargo, respaldó avanzar en la reforma siempre que se introduzcan cambios.
El abogado explicó que la Carta Fundamental solo permite convocar a este mecanismo si el Congreso aprueba una reforma que luego es rechazada por el Presidente, un escenario distinto al eventual rechazo de la iniciativa del Gobierno.
Los parlamentarios Andrés Longton y Rojo Edwards valoraron la apertura del ministro de Seguridad a modificar aspectos de la iniciativa, y adelantaron sus principales reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
