El ministro de Seguridad, Martín Arrau, no consiguió el respaldo del senador de Democrátas, Matías Walker. En paralelo, la presidenta de la Cámara Alta y militante de RN, Paulina Nuñez, propuso sacar del proyecto el nuevo estado de excepción.
RN y Evópoli piden cambios a la iniciativa y hablan de una propuesta “iliberal”. En la oposición, el PS, PC y FA piden retirar el proyecto del Congreso. “Es innecesario y atenta contra la democracia”, declaró la timonel socialista, Paulina Vodanovic.
La diputada y jefe de bancada gremialista defendió el proyecto de seguridad del Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que debe existir más diálogo con los parlamentarios para modificar el nuevo estado de excepción constitucional.
El detenido de 22 años, formalizado tras ser individualizado por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, había amenazado con perpetrar una masacre en la USACH, la UAH y la UDP.
Los parlamentarios oficiaron al ministro Martín Arrau para extender el piloto actual y agilizar el reglamento que autoriza estas armas no letales a inspectores municipales.
El académico de la Universidad de Chile cuestionó el alcance de la iniciativa del Gobierno y sostuvo que varias de las medidas propuestas pueden abordarse con herramientas que ya contempla tanto la Constitución como la legislación vigente.
“Hay contenidos completamente iliberales dentro del proyecto, pero hay que ver hasta dónde llega el Gobierno”, dijo el sociólogo. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es una estrategia para correr los márgenes de negociación en el Congreso.
La diputada RN cuestionó la falta de trabajo prelegislativo del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos de ampliar facultades presidenciales. Sin embargo, respaldó avanzar en la reforma siempre que se introduzcan cambios.
El abogado explicó que la Carta Fundamental solo permite convocar a este mecanismo si el Congreso aprueba una reforma que luego es rechazada por el Presidente, un escenario distinto al eventual rechazo de la iniciativa del Gobierno.
Los parlamentarios Andrés Longton y Rojo Edwards valoraron la apertura del ministro de Seguridad a modificar aspectos de la iniciativa, y adelantaron sus principales reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
Debido al carácter reservado del operativo, las autoridades no han entregado detalles sobre el perfil de las personas trasladadas. “Hemos tomado todas las medidas de seguridad”, destacó la coronel de Carabineros Marycarmen Mediavilla.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la intención del Ejecutivo con la iniciativa es “dividir” a las fuerzas políticas, y sostuvo que sería “una locura” aprobar un proyecto que calificó como “absolutamente ideológico”.
La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
A propósito de las diferencias que manifestó el gremialismo previo al ingreso del proyecto, el parlamentario reconoció que la iniciativa del Ejecutivo careció de trabajo prelegislativo y exigió mayor consideración hacia los partidos del sector.
El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.