El experto en seguridad y académico de la U. de Chile cuestionó la idea que algunos actores políticos plantearon tras el homicidio de un menor de edad en San Bernardo. A su juicio, la medida solo agita el debate y no ofrece soluciones reales.
El ministro de Seguridad Pública, calificó como un hecho “feroz y brutal” la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, aseguró que “el Estado falló” y llamó a endurecer las medidas contra la delincuencia violenta.
El Mandatario participó en la ceremonia de izamiento de pabellones de la PDI con motivo de los 93 años de la institución policial.
El acuerdo contempla proyectos en cárceles del norte, centro y sur, incluida la ampliación de Santiago 1. El alcalde Mario Desbordes aseguró que ha tenido reuniones sobre el tema con el Ejecutivo, pero que persistirá en su rechazo a las obras.
El politólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile advirtió que la creciente centralidad de la seguridad está desplazando otras políticas sociales, debilitando la cooperación institucional y generando riesgos para la calidad democrática en América Latina.
Las iniciativas buscan aumentar las penas por agresiones a funcionarios policiales y extender la legítima defensa privilegiada a efectivos que intervengan estando fuera de servicio.
El titular de Seguridad confirmó que el Ejecutivo pondrá celeridad a las iniciativas que buscan endurecer penas por ataques a la policía y extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios de franco, en medio de la controversia por la Ley Naín-Retamal.
La investigadora cuestionó la ausencia de información disponible para evaluar el impacto de la norma y sostuvo que aún no es posible determinar si fortaleció la capacidad de las policías para combatir el delito.
La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Monserrat Díaz, señaló que el sistema penal está en una situación crítica. Al mismo tiempo, advirtió que la construcción de cárceles no es la única solución.
El abogado y exsecretario de Estado advirtió que la iniciativa anunciada por el Presidente Kast en la Cuenta Pública arriesga generar estigmatización, problemas de retroactividad en beneficios sociales y severos reparos de carácter constitucional.
Impulsada tras las revelaciones de la Operación Tokio contra el Tren de Aragua, la iniciativa legal busca penalizar a quienes lucren con el comercio sexual ajeno, faciliten inmuebles o plataformas de publicidad, y sancionar con multas a los clientes.
El secretario de Estado reconoció que el documento presentado ante el Congreso fue elaborado a partir de una “versión tres” entregada por su antecesora, y que los nuevos equipos solo hicieron ajustes manteniendo los tres ejes originales.
En sesión ordinaria, la sala aprobó parte de los cambios de la Cámara de Diputados al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica contra el crimen organizado.
La diputada Demócrata analizó la salida de dos subsecretarios de la cartera, el rediseño del gabinete y el rol del ministro Martín Arrau. Por otro lado, abordó el escenario de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
El jefe del Ministerio Público aclaró que la principal traba para las investigaciones financieras no son las restricciones judiciales, sino “la rapidez y el formato” con que los bancos entregan la información.
Para el integrante de la Comisión de Seguridad, lo que presentó el Gobierno en el Senado no es un plan en esta materia, sino “una lista de deseos”. Además, instó a la derecha a aprobar el proyecto que contempla el levantamiento del secreto bancario.
El secretario de Estado expuso una hoja de ruta con seis focos operativos ante la “emergencia” por crimen organizado y violencia armada. En paralelo, la salida de Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana generó reacciones contrapuestas.
