Los parlamentarios oficiaron al ministro Martín Arrau para extender el piloto actual y agilizar el reglamento que autoriza estas armas no letales a inspectores municipales.
El académico de la Universidad de Chile cuestionó el alcance de la iniciativa del Gobierno y sostuvo que varias de las medidas propuestas pueden abordarse con herramientas que ya contempla tanto la Constitución como la legislación vigente.
“Hay contenidos completamente iliberales dentro del proyecto, pero hay que ver hasta dónde llega el Gobierno”, dijo el sociólogo. A su juicio, la propuesta del Ejecutivo es una estrategia para correr los márgenes de negociación en el Congreso.
La diputada RN cuestionó la falta de trabajo prelegislativo del Ejecutivo y advirtió sobre los riesgos de ampliar facultades presidenciales. Sin embargo, respaldó avanzar en la reforma siempre que se introduzcan cambios.
El abogado explicó que la Carta Fundamental solo permite convocar a este mecanismo si el Congreso aprueba una reforma que luego es rechazada por el Presidente, un escenario distinto al eventual rechazo de la iniciativa del Gobierno.
Los parlamentarios Andrés Longton y Rojo Edwards valoraron la apertura del ministro de Seguridad a modificar aspectos de la iniciativa, y adelantaron sus principales reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
Debido al carácter reservado del operativo, las autoridades no han entregado detalles sobre el perfil de las personas trasladadas. “Hemos tomado todas las medidas de seguridad”, destacó la coronel de Carabineros Marycarmen Mediavilla.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la intención del Ejecutivo con la iniciativa es “dividir” a las fuerzas políticas, y sostuvo que sería “una locura” aprobar un proyecto que calificó como “absolutamente ideológico”.
La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
A propósito de las diferencias que manifestó el gremialismo previo al ingreso del proyecto, el parlamentario reconoció que la iniciativa del Ejecutivo careció de trabajo prelegislativo y exigió mayor consideración hacia los partidos del sector.
El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
El presidente del gremialismo advirtió que la propuesta del Gobierno incorpora excepciones a principios generales que debilitarían la Constitución, en particular por los nuevos artículos referidos al crimen organizado.
Mauricio Flores, coordinador de la organización, afirmó que “un Estado democrático no demuestra su fortaleza exhibiendo a personas privadas de libertad como parte de su política de seguridad”.
Mientras el oficialismo valoró el operativo como una señal de “cambio de mano” en seguridad y destacó su similitud con el modelo de El Salvador, desde la oposición advirtieron al Ejecutivo que “no pretenda importar el autoritarismo” de ese país.
