Pasaría a tercer trámite después de diez años de discusión en el Congreso, ahora conforme a lo discutido la semana pasada, con una ampliación del concepto de “lobbysta”, que incluye a profesionales que reciben remuneraciones por ejercer influencias, y también a quienes gestionan intereses particulares, como las organizaciones gremiales.

En ese sentido, se podría considerar a las organizaciones no gubernamentales como parte del juego, algo que para Martín Pascual director de ACCIÓN, entidad que reúne a más de 100 ONG, no sólo es incorrecto, sino complicaría su trabajo de representación ciudadana.

“A nosotros no nos parece que la acción que desarrollamos las organizaciones cuando queremos incidir en ciertos proyectos, no es lobby. Buscamos una incidencia política, con proyectos de interés, somos representantes de organizaciones de manera abierta. No es una asociación por intereses corporativos”, indicó.

Pascual añadió que el proyecto de ley es insuficiente, si se compara con las legislaciones más avanzadas.

Por su parte, el Director de fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, afirmó que el proyecto perfectamente puede incluir a las ONG, “ese no es el problema”, afirmó, “sino que no se establecen responsabilidades activas a quienes sean sujetos de establecer el lobby”, añadió.

Heusser apuntó además que “es un proyecto imperfecto, porque no regula ambos ámbitos del lobby, respecto a sujetos pasivos y activos. Este proyecto de ley se focaliza en los pasivos, estableciendo obligaciones y responsabilidades entre quienes reciben lobby, como parlamentarios que deberán anunciar con quién se han reunido, y con qué propósito”.

El especialista indicó que, era necesario establecer un registro de lobbystas y no conformarlo sólo por declaraciones voluntarias como se está indicando. Además del sujeto, hay problemas con la definición del lobby, ya que la iniciativa deja afuera las comunicaciones por llamadas telefónicas o vía digital, e integra sólo las reuniones presenciales.

En síntesis, si bien consideran que es necesario avanzar después de una década de tramitación, el proyecto es deficiente. Renato Garín, abogado e investigador del Centro de Análisis e Investigación Política, sostuvo que esto se debe a un esfuerzo de las autoridades de cambiar el foco del documento convirtiéndolo en una ley de transparencia más para ocultar otros temas relevantes.

Garín señaló que “han establecido un discurso de que la ley de Lobby no es la panacea para salvar los temas de probidad. Eso es lo que está detrás, relación de dinero y poder que se salta la ley incluso en las campañas. Ese es el tema que está detrás de las clínicas, las isapres o los supermercados”.

Garín afirmó que con esto se pierde la posibilidad de legislar realmente sobre el lobby es decir, se crea un proyecto que está lejos de cumplir con las necesidades de controlar efectivamente la materia, dando por sentado que ya hay una ley al respecto. Ante esto, las organizaciones de la sociedad civil pusieron una señal de alerta e hicieron un llamado a los chilenos a fiscalizar esta tramitación.