Con la participación de miles de personas y más de 70 organizaciones, este sábado se desarrolló en Santiago la segunda Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua, donde las principales demandas apuntan a la elaboración de un nuevo Código y la necesidad de definir el agua como un derecho fundamental dentro de la Constitución Política.

Los manifestantes marcharon desde cuatro puntos de Santiago. En el sector poniente se inició en la estación de Metro Las Rejas; en el norte, desde la Plaza Chacabuco en la comuna de Independencia; en el oriente, desde la avenida Los Leones; mientras que en el sur, desde la estación de Metro El Llano. Finalmente, todos llegaron hasta el Parque Almagro, donde se realizó un acto artístico cultural.

Entre los participantes, Marcela Mella, vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, aseguró que la situación hídrica en Chile está en crisis, “ya que son los grandes dueños de derechos de agua quienes hacen uso de ésta, antes que para el consumo humano o para la pequeña agricultura que nos proporciona los alimentos”.

Además, agregó que “estamos interpelando al Gobierno de Michelle Bachelet y también al Congreso para que realicen los cambios necesarios que requiere la normativa y así tener garantizada el agua como un bien social y no como un objeto que está regida por el mercado”.

Respecto a los problemas que deben enfrentar las comunidades, la vocera denunció que “cada vez más personas tienen menos acceso al agua para consumo y saneamiento, por lo que queremos exigir que se cumpla lo acordado con la ONU y que el agua vuelva a ser un derecho humano fundamental y sea gestionada por los propios territorios”.

Otras de las asistentes a la marcha fue Teresa Armijo, representante del Frente Amplio por el Agua y vocera de la zona centro del país.

“Ahí es donde se encuentra la agroindustria alimentaria y se desarrolla el trabajo de los productores de carnes, cerdo y pollo, y también los grandes monocultivos de frutales para la exportación”, explicó la dirigenta.

En ese contexto, aclaró que “la gran demanda es por el agua y los derechos de aprovechamiento, puesto que estos grandes empresarios, que son pocos, sólo un 20 por ciento del total, son los que poseen un 80 por ciento de la propiedad sobre el agua. En consecuencia, la explotan y la usan hasta dejar sin agua a las comunidades”.

Las voceras también se refirieron a la designación del Gobierno de un delegado nacional para solucionar el conflicto de la sequía, explicando que “el diagnóstico de la situación hídrica en las distintas zonas del país ya está hecho por las propias comunidades a través de las organizaciones sociales”.

Asimismo, detallaron que “nuestra principal exigencia es que se derogue el Código de Aguas de 1981, heredado de la dictadura de Pinochet, como también el artículo 19, en su número 24, de la Constitución Política, para que el agua sea un bien social y no un bien de consumo”.

Desde las organizaciones convocantes a la marcha insisten en que para lograr la recuperación del agua se requiere trabajar en siete aspectos: fin al lucro, propiedad colectiva, gestión comunitaria, derogación de los instrumentos privatizadores, redacción de leyes para la vida, reestructuración institucional y fin a la criminalización de la protesta social.