La gobernanza digital es un tema que se ha instalado en los últimos años. Apunta básicamente a los protagonistas, los recursos y los hitos que forman parte de la administración de las políticas públicas en el contexto virtual.

En el caso de Chile, los expertos y organizaciones ligadas a este ámbito coinciden en que respecto del desarrollo digital no existe claridad en cuanto a un modelo de gobierno.

Por ello, algunos plantean que los énfasis deben estar puestos en la definición de la institucionalidad, dejando establecido por ley su residencia y evitar cambios cada cuatro años, así como concentrarse en algunos temas relevantes, como el acceso y la conectividad.

Así lo explica Alejandro Barros, ex secretario ejecutivo de la Estrategia Digital, quien destaca las principales variables a considerar.

“En el caso de una agenda digital, el producto no puede ser ésta, sino que tienen que ser los efectos que esa agenda va a producir en distintos espacios. Lo segundo, una mirada de largo plazo, ya que no puede ser que la estemos construyendo cada cuatro años, porque nos vamos a pasar construyendo agenda y no ejecutándola”, explica.

Asimismo, agrega como tercer punto la necesidad de “una institucionalidad clara, ya que cada vez que cambiamos de gobierno cambia la residencia de la política pública, pasando de Economía a Subtel, de Subtel a Economía, de Economía a Segpres y así vamos. Por último, cuáles van a ser los roles, es decir, qué hacen los privados, qué hace el Estado y qué hace la sociedad civil”.

Precisamente respecto del Estado, ¿qué roles debiera tener para que no existan ciudadanos de primera y segunda categoría? Se pregunta el experto.

Desde el Gobierno, la propuesta de la subsecretaria de Economía, Katia Trusich, apunta a la instalación de un consejo de carácter público y privado, donde también participarán académicos y representantes de la sociedad civil, instancia que sesionará el próximo 5 de junio, donde se constituirán diversas mesas de trabajo.

El principal objetivo es desarrollar una agenda concreta, con medidas de corto, mediano y largo plazo para identificar las prioridades de la sociedad.

Según la autoridad, “tiene por objeto echar a andar los lineamientos de la agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, en términos de desarrollo digital de tecnología. Se instalarán mesas de trabajo en distintas áreas, que abordarán también otros ámbitos, que se relacionan con la disminución de brechas y desigualdades que hay entre usuarios, empresas, entre regiones y la capital”.

En cuanto al riesgo que existe de que las resoluciones queden rápidamente obsoletas, plantea que “en lo normativo, que es lo más complejo, habrá que dejar las cosas con la suficiente flexibilidad para que se hagan cargo de esta modernización y los adelantos y avances tecnológicos, que son mucho más rápidos de lo que cualquier legislador o regulador pueda imaginar”.

Por otra parte, en el ámbito de la sociedad civil, existe la inquietud de cómo proponer y actuar, y no simplemente reaccionar, como ha ocurrido en muchos casos.

En ese contexto, la académica Patricia Peña, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, plantea sus dudas sobre si este gobierno presentará una nueva agenda digital, como también si se estará pensando el tema de las tecnologías de la información y la comunicación más allá del acceso.

“Hoy, desde los distintos grupos que están trabajando en temas de internet y tecnologías, hay que ver cómo son capaces de levantar sus temas. Hay organizaciones que tal vez están mirando esto desde la inclusión social, la educación, la salud, el tema de lo intercultural indígena, que es un tema que prácticamente no ha existido”, detalla.

Además, asevera que “las estrategias de agenda digital nunca incluyeron el espacio del sistema de medios. El espacio de diálogo acerca de la privacidad, la libertad de expresión y todo lo que hoy estamos conversando, desde otros espacios, no ha estado presente”.

En Chile, sin embargo, recuerda que en los últimos 15 años se decidió entregar la fijación de precios al juego de la oferta y la demanda, donde quienes definen las políticas de acceso son las empresas de telecomunicaciones. Ninguna posibilidad, entonces, para un modelo de empresa estatal, como ocurre en Uruguay y Argentina.

Protección de datos y cibercrimen

Hablar sobre privacidad digital no solamente se refiere a datos personales o la vigilancia estatal. También considera las investigaciones criminales, donde según los expertos se requieren políticas públicas en cuanto al accionar de los fiscales y las policías, que permitan asegurar las garantías de los ciudadanos.

Es lo que piensa Francisco Vera, director de incidencia pública de la ONG Derechos Digitales, quien de paso alude a la ley 19.628 sobre el manejo de datos personales, legislación que rige desde 1999, pensada para dar carta blanca a los procesadores de datos, como Dicom, en lugar de enfocarse en la protección de las personas.

Entonces, tal como ocurre con la legislación europea, se debe propender a las necesidades de las personas y no solamente respecto de las empresas.

Respecto de los recientes casos de Julian Assange y Wikileaks y el del ex contratista estadounidense Edward Snowden, “son temas que han despertado la atención y la curiosidad mundial. Pero también, cómo cierta prensa convirtió todo este escándalo en la novela de un espía en lugar de lo que realmente era, que es la historia de la serie de abusos que ha cometido la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos contra los datos de todo el mundo. Entonces también en las coberturas está la clave de cómo la gente termina percibiendo estos temas”.

En ese sentido, critica que “si estamos bajo vigilancia, no podemos tener libertad de expresión, si sabemos que nos están mirando. Son muchos los derechos, como el de la libertad de asociación. Si hubiera espionaje constante, ¿cómo garantizamos que se haga una marcha y no se persiga a las personas antes de que lleguen a esa marcha?”.

En conclusión, asegura que cuando se tipifica un delito, debe hacerse pensando en toda la sociedad.

Y es que una de las limitantes que existe en la legislación chilena es la ley 19.223, sobre delitos informáticos, la que tipifica solamente cuatro figuras: el espionaje y sabotaje informático, así como la alteración y revelación de datos.

No contempla otras de gran relevancia, como el fraude informático, el acceso no autorizado a sistemas computacionales y la creación y distribución de virus.

Para la abogada Macarena López, experta en temas de propiedad intelectual y tecnología, a la debilidad de la ley de protección de datos personales se suma la desprotección ante delitos informáticos que cambian permanentemente, que no tiene sanciones, con dificultades para obtener pruebas. En definitiva, una legislación obsoleta.

Asimismo, reconoce que “hoy lo valioso es la información, donde la ley de protección de datos personales le da mayores facilidades al Estado en la recolección de éstos, porque no necesita la autorización de los titulares para acceder a la información de las personas. En cambio, en el sector privado se requiere la autorización de los particulares, por lo que el Estado tiene ventajas en ese sentido”.

Sus críticas apuntan a que “los abusos que se han conocido, donde el Estado vende las bases de datos, como en los casos del Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos, son porque se le exige menos requisitos que al sector privado”

Para evitar ese tipo de situaciones, se requiere de una mayor cooperación internacional, por ejemplo, a través de la firma de tratados.

En cuanto al ámbito privado, considerado en el contexto internacional, Gonzalo Navarro, uno de los directores de la multinacional ICANN, administradora del sistema de nombres de dominio y asignación de numeración IP a nivel mundial, se detiene en algunas falencias.

“Estamos acostumbrados a entregar elementos de infraestructura al sector privado que los administra, como ocurre en Chile, por ejemplo, con la administración de redes. Existen otros países donde hay una cultura distinta respecto del control que ejerce el Estado sobre los medios de comunicación y las telecomunicaciones, que en este caso afecta directamente a internet”, aclara.

En esa línea, explica que “este choque cultural es lo que afecta un poco la discusión internacional sobre la gobernanza en internet, en su fase más política. Por ello, es necesario discutir y pensar en la regulación sobre estos temas”.

A partir de esos antecedentes, asegura que Chile debe definir una hoja de ruta, así como los principios que desea defender, con el fin de que su participación internacional deje de ser prácticamente nula.