Muy satisfecho se mostró el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con el acuerdo al que se llegó en el marco del proceso tarifario el último año donde las empresas Aguas Andinas y Aguas Cordillera, ambas controladas por el consorcio Agbar y el grupo Suez, acordaron congelar las tarifas a los clientes en el periodo 2015-2020.

Asimismo, en el caso de Aguas Manquehue, se acordó que las tarifas caerán en un cinco por ciento en el próximo quinquenio, mientras que en Aguas Araucanía decidió extender el decreto vigente por el mismo periodo. El Secretario de Estado explicó que con esto la tarifa “no sube en términos reales, lo que beneficia a siete millones de chilenos”.

No obstante, no se pudo alcanzar el mismo grado de acuerdo con la empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso (Esval) con quien se mantiene una fuerte discrepancia de criterios.

La Superintendenta del ramo, Magaly Espinoza, explicó que “el proceso continúa convocando a la comisión de expertos, la que se debe pronunciar sobre cada una de las discrepancias” y añadió que ese fallo “es definitivo y no tiene ninguna otra instancia de apelación”.

Por su parte Esval en un comunicado afirmó que “el escenario que enfrenta la compañía es radicalmente distinto al que se presentaba en el proceso tarifario anterior, el 2009” y que el monto que defiende la Superintendencia no reconoce el incremento real de costos.

Esto se vería agravado, afirma, “por el efecto de la sequía que sufre la Región de Valparaíso desde hace cinco años” y que, según indican los estudios, “será permanente en el futuro”, argumentos que no fueron recogidos en el análisis de la autoridad.

Sin embargo, este no es el único punto de tensión que la firma debe enfrentar. Aún está pendiente la querella ante el Ministerio Público por situaciones administrativas anómalas y por una millonaria deuda que mantiene con el fisco por la extracción agua de pozos de la Dirección de Obras Hidráulicas, que no cancela desde hace ya cuatro años.

Ante esto, el diputado socialista Christian Urizar, afirmó que Esval simplemente, “no hace bien las cosas”. El parlamentario por la Quinta Región sostuvo que “lamentablemente no tiene un buen prontuario, ni con la ciudadanía, ni con el Estado. Se puede observar en la calidad del servicio que da, cuando ha tenido problemas importantes de cortes de agua, entre otros temas”.

El diputado añadió que la denuncia que están realizando también se enmarca en que “una empresa que ocupa un recurso tan importante como es el agua, no le paga a los chilenos, les corta el servicio y que además no es capaz de llegar a un acuerdo con el Estado en términos de la forma en la que se van a tratar todos estos temas, la verdad, es un caso digno de análisis”.

Urizar y el diputado PPD, Rodrigo González, acompañaron este jueves a la ciudadanía en una manifestación que se realizó el frontis de Esval. Quien también asistió a la actividad, fue Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), quien se refirió a la deuda y la forma en que debe cumplirse con ese compromiso.

“Se estima que la cantidad de deuda es de 13 mil millones y la empresa hace algunos días atrás depositó tres mil y en realidad lo que debe hacer es pagar la totalidad en forma oportuna y no con este nivel de atraso” afirmó y añadió que “es necesario que la empresa pague con intereses y reajustes, y se le apliquen multas por la demora, de la misma manera que se lo exige a sus usuarios”.

Calderón sostuvo que Esval “tiene una situación de privilegios que es inaceptable” y añadió que, si bien es una empresa privada, el Estado debe ejercer un rol de control y fiscalización o buscar los mecanismos adecuados para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones.

En tanto, ya se auguran futuras movilizaciones ciudadanas ante los incumplimientos reiterados de la compañía.