Desde hace más de cien años y en distintas fechas, la conmemoración del Día de la Mujer siempre ha tenido un carácter combativo, con miras a la reivindicación de derechos fundamentales históricamente negados. El sufragio femenino universal, el ejercicio del trabajo en condiciones dignas, el acceso a cargos públicos y la no discriminación fueron algunas de las primeras demandas de las cientos de miles de mujeres que cada año siguen repletando las calles, en homenaje a sus pares que lucharon antes que ellas.

Con el pasar de las décadas, las exigencias se mantienen y, a su vez, se complejizan. En Chile, por ejemplo, la consigna elegida por los movimientos feministas y de Derechos Humanos para la conmemoración de este año es el fin de los abortos clandestinos, en concordancia con el debate que comenzará la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el martes 10 de marzo desde las cinco de la tarde: la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, una de las promesas de campaña de actual Presidenta de la República y exdirectora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.

Chile es el único país de América del Sur en el cual la interrupción del embarazo es penalizada sin excepción, luego de que la dictadura militar derogara el artículo 119 del Código Sanitario, que autorizó el aborto terapéutico entre 1931 y 1989. El texto presentado por el Ejecutivo el 31 de enero de este año pretende despenalizar el aborto sólo en tres situaciones: si el embrión o feto padeciese alteraciones congénitas o genéticas incompatibles con la vida extrauterina, en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer.

Vida digna

Una de las principales preocupaciones de organismos internacionales con respecto de la prohibición total del aborto dice relación a los altos índices de mortalidad materna en América del Sur, donde más de cinco mil mujeres mueren cada año producto de las complicaciones de abortos ilegales realizados en condiciones de clandestinidad. De acuerdo a las estimaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de abortos inseguros en la región se incrementó, pasando de 3,9 millones en 2003 a 4,2 en 2008.

En Chile, 54 mujeres fallecieron el año 2012 en su proceso de gestación y se estiman cerca de 500 casos anuales de la inviabilidad fetal, concordantes con las cifras sobre muertes neonatales por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina.

Karen Espíndola es uno de aquellos casos. A los 23 años y con 12 semanas de gestación, fue informada de que el hijo que esperaba sufría de holoprosencefalia, malformación cerebral incompatible con la vida. “Me dio una depresión terrible, bajé once kilos, no comía nada, no podía dormir. Es una tortura pensar que tienes dentro tuyo un feto que no va a vivir, que no hay nada que puedas hacer, estar día y noche pensando en eso es una tortura terrible”, recuerda.

Han pasado siete años desde su embarazo y su pérdida y Karen aún recibe ayuda siquiátrica para sobrellevar el trauma que le provocó el ser obligada a convertirse en madre. Su hijo Osvaldo nació sin una parte de su cerebro y falleció a los dos años de edad. “Él no se daba cuenta de nada, por lo que para mí no tuvo ningún sentido todo el sufrimiento que padeció”, agrega Karen, quien desde su diagnóstico ha acompañado activamente cada intento de discusión de una ley de aborto terapéutico en el Congreso, sin ningún resultado positivo para aliviar el dolor de cientos de mujeres y familias como la suya.

Un asunto de Derechos Humanos

En su mensaje por el Día Internacional de la Mujer, la Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, advirtió sobre los significativos obstáculos que enfrentan las mujeres en la región, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. “Algunas mujeres terminan en la cárcel por acceder a servicios de salud de emergencia durante un embarazo. Otras mujeres se ven obligadas a continuar con embarazos que ponen en riesgo sus vidas, o que son resultado de una violación sexual, debido a que el aborto está criminalizado bajo toda circunstancia en varios países de la región”, detalló con preocupación.

En ese sentido, la Comisión urge a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América, los cuales han sido respaldados mediante la firma y ratificación de numerosos tratados internacionales.

Uno de ellos es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, que garantiza en su artículo 12 el derecho de la mujer al acceso a servicios de atención médica en condiciones de igualdad, incluyendo los que se refieren a la planificación de la familia. Además, la recomendación general número 24 del Cedaw establece el acceso a la atención de la salud reproductiva como un derecho básico de las mujeres.

Este derecho se ve reforzado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en enero de en 1976 y asegura en sus artículos 10 y 12 el acceso de todas las personas a la asistencia médica y los servicios de salud, especialmente durante y después del embarazo.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también compromete a los Estados Partes a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos. Su Comité también ha vinculado el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente, establecido en el artículo 6 del documento, con las miles de muertes maternas producidas por los abortos clandestinos.

Panorama regional

Aunque en muchos países de la región el aborto está parcialmente permitido por ley, “hay dificultades en su aplicación, porque se apela a la objeción de conciencia”, explica Ana Lima, coordinadora regional en Uruguay del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

Es el caso de Perú, donde el aborto está permitido únicamente si la mujer está en peligro de muerte. A pesar de la norma, en la práctica “es como si estuviese penalizado, porque no se brinda. Ni siquiera se apela a la objeción de conciencia, sino que depende directamente del médico de turno, no está regulado”, advierte Jeannette Llaja, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).

De hecho, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas criticó la falta de acceso a interrupciones voluntarias del embarazo en su última revisión al Estado de Perú: “las alegaciones recibidas indican la omisión del Estado Parte en la prevención de actos que perjudican gravemente la salud física y mental de las mujeres y que constituyen actos crueles e inhumanos”. Además, el año recién pasado, el Cedaw recomendó extender la legalización del aborto en casos de violación, incesto o severa malformación del feto y eliminar todas las leyes punitivas contra mujeres que han interrumpido su embarazo.

En Brasil, el Supremo Tribunal Federal dictaminó en abril de 2012 la despenalización del aborto en el caso de fetos con malformaciones cerebrales y el cese del castigo a los médicos que los realicen. Recientemente, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, se negó a debatir la ampliación de los márgenes de la legislación al respecto.

Durante el mismo mes, la Corte Suprema argentina decretó la legalidad del aborto en casos de violación, sumándose a las causales de peligro para la vida y peligro para la salud.

Pero uno de los mayores avances en materia de despenalización se llevó a cabo en Uruguay, donde desde 2013 el aborto puede ser practicado libremente y de forma gratuita hasta las 12 semanas de embarazo, con un plazo de reflexión de cinco días antes de tomar la decisión final. Según consigna el propio gobierno, desde la sanción de la ley el país registra una de las tasas de interrupción del embarazo más bajas del mundo, practicándose nueve abortos cada mil mujeres.

El informe “Una mirada analítica a la legislación sobre interrupción del embarazo en países de Iberoamérica y el Caribe”, elaborado en 2011 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), revela que los países que tienen el aborto completamente penalizado corresponden al 1 por ciento de la población mundial. Por otra parte, los países que permiten el aborto a solicitud de la mujer representan a cerca del 40 por ciento de la población.