El cambio climático está aquí

La sequía extrema y las altas temperaturas –las más elevadas de la historia de mediciones continuas desde 1900 en Santiago- que han afectado la zona centro-sur de Chile, así como las lluvias torrenciales en la zona norte, son una buena expresión del cambio climático en nuestro vulnerable territorio, y de sus efectos –principalmente- sobre las comunidades campesinas e indígenas, más dependientes de la estabilidad climática e hídrica.

Estas tendencias meteorológicas, que por estos días han derivado en verdaderos dramas sociales y naturales en gran parte del territorio nacional (miles de damnificados, al menos una víctima fatal, más de 10 mil hectáreas de bosque nativo quemado, gran destrucción de infraestructura pública y privada), corresponden claramente a las que proyectan los estudios sobre efectos del cambio climático en nuestro país, como el reciente estudio de simulación del clima entre 2030 y 2059 desarrollado por la Dirección Meteorológica de Chile.

Las falsas soluciones

Tal como lo vienen denunciando los movimientos socio-ambientales desde el inicio de las negociaciones en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), los grandes poderes económicos –empresas multinacionales, instituciones financieras internacionales, estados neoliberales-, una vez superado el escepticismo acerca del carácter antrópico del calentamiento global, han promovido un conjunto de soluciones que, en lugar de enfrentar de manera radical el fenómeno, mediante una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tienden a robustecer el propio sistema extractivista y mercantilista, donde se encuentras las causas estructurales del propio cambio climático.
En el plano tecnológico, podemos mencionar como falsas soluciones las megacentrales hidroeléctricas, la geoingeniería, la energía nuclear, la fractura hidráulica (“fracking”), los monocultivos agroindustriales y forestales; acompañados, en el ámbito económico y financiero, por sistemas de privatización de bienes públicos (donde Chile es líder mundial) y mercantilización de la naturaleza y el ambiente, donde destacan los mercados de carbono.

Tras la ratificación del Protocolo de Kioto (PK), en 2002, los sucesivos gobiernos han sido completamente ineficaces para aportar a la mitigación de GEI, cuyas emisiones, por el contrario. han mostrado un aumento sostenido, consecuentemente con la continua incorporación de nuevas centrales de generación termoeléctrica y otros factores relevantes como el fuerte crecimiento del parque automotor en las principales ciudades.

En sus planes para enfrentar el cambio climático, estos gobiernos han sido sistemáticos en la aplicación de las falsas soluciones disponibles para nuestro país, y durante los primeros años el acento estuvo en el desarrollo del mercado de carbono, mediante la utilización del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) establecido en el PK para vender bonos por reducciones de emisiones locales a los países industrializados con metas de reducción –en teoría- vinculantes. Esto convirtió a Chile en uno de los líderes latinoamericanos en la venta de bonos de carbono y permitió a industrias y empresas con prontuario ambiental y social, como Arauco y Agrosuper, pintarse de verde y obtener ingresos adicionales por dudosas reducciones de emisión.

Plantaciones no son soluciones

Últimamente, aparecen las plantaciones forestales -de pino radiata y eucalipto-, en su calidad de sumideros de carbono, como una de las soluciones prioritarias para impulsar desde el gobierno, sugiriendo reponer el nefasto DL-701 de bonificación de estas plantaciones y promoviendo su expansión hacia el sur de Chile.

Lejos de ayudar a enfrentar el cambio climático, las plantaciones de pino y eucalipto agravan sus impactos negativos, especialmente en un escenario como el actual, de escasez hídrica y altas temperaturas. Es decir, aumentan la vulnerabilidad del territorio ante el cambio climático.

Estas especies son grandes consumidores de agua, afectando fuertemente los caudales de las cuencas hídricas y su disponibilidad para el consumo humano, la agricultura y la biodiversidad, en el penoso contexto chileno de privatización de este vital recurso.

Además de la sequedad que caracteriza al suelo de las plantaciones de pinos y eucaliptos, ambos son considerados altamente pirofíticos, debido a sus componentes inflamables (resinas y compuestos volátiles, respectivamente), propiciando la generación y rápida propagación de incendios que, como lamentablemente estamos sufriendo actualmente, pueden alcanzar comunidades campesinas e indígenas, así como grandes extensiones de bosque nativo.

Las sucesivas plantaciones y talas rasas acidifican y degradan el suelo de tal manera de dejarlo inútil para otras actividades agrícolas y para la re-colonización del bosque nativo.
Verdaderas soluciones

El Gobierno de Chile debe terminar con su subordinación a los grupos empresariales que vienen orientando –por decirlo suavemente- las políticas públicas en ámbitos tan importantes como el forestal, el agrícola, la protección ambiental, tanto frente a amenazas locales como globales. En este caso, el Estado debe abandonar su calidad de servidor y subsidiario de las familias Matte y Angelini, dueñas de gran parte de las plantaciones de pinos y eucaliptos y las industrias anexas con alto impacto ambiental, como la producción de celulosa y la co-generación eléctrica a partir de biomasa forestal.

Por el contrario, el Estado debe frenar el desarrollo de estas plantaciones y acometer la importante tarea de recuperar los suelos –antes de su total degradación- para la agricultura campesina y la restauración de bosques nativos, que traerán, sin duda, no sólo mayor bienestar social y ambiental, sino un real aporte a la mitigación del cambio climático, a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades y territorios frente a sus impactos.