El Servicio de Impuestos Internos sigue acumulando críticas por sus acciones, pero, principalmente, por sus omisiones. Esto cuando se esperaba conocer en abril nuevos nombres de los querellados en el marco del caso SQM por documentos tributarios falsos atribuidos al financiamiento irregular de campañas políticas.

Ya no sólo irregular, sino que también ilegal consideró la abogada Marisa Navarrete el nuevo paso del Servicio de Impuestos Internos de desistir querellarse contra trece contribuyentes, lo que se informó este jueves en los medios de comunicación como “un nuevo perdonazo”.

Entre ellos Ignacio Rojas, relacionado con la arista que involucra al Partido Radical, además de Rodolfo Baier, ex subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y Carlo Descalzi, consejero general del partido. En la querella del SII tampoco figuran los hijos del senador y expresidente de la DC, Jorge Pizarro.

También aparece la empresa Kybalion Consultores, de la que fue director el ex embajador de Chile en Paraguay el PPD Alejandro Bahamondes; la sociedad Servicios y Publicidad La Clínica Ltda, de Diego Perry Aldana; Renta Inversiones Servicios y Asesorías Limitada del abogado Pedro Yaconi  y su ex esposa Mónica Urzúa Frei, quien es sobrina de Eduardo Frei; Asesorías e Inversiones Lima de Cristina Bitar, ex generalísima de la campaña de Joaquín Lavín.

Marisa Navarrete es abogada especializada en Derecho Penal. Se desempeñó como Fiscal del Ministerio Público por nueve años en la especialidad de Delitos Económicos y además ocupó el cargo de Jefa de la Oficina de Litigación Penal de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Ella ha estado pendiente del desempeño del organismo fiscalizador, al participar en el llamado “fraude al FUT” de donde vienen los primeros antecedentes de los casos Penta y SQM.

Para la abogada, el Servicio de Impuestos Internos está excediendo sus atribuciones en este caso, al desistirse deliberadamente de iniciar un proceso de investigación: “El Servicio no sólo está actuando de una forma errática, como hemos venido diciendo hace bastante tiempo, sino que está actuando de una forma ilegal”, sostuvo y explicó que el artículo 162 del Código Tributario que le otorga esta facultad exclusiva para iniciar una investigación por delito tributario, no le otorga la facultad para determinar quiénes son los responsables de aquel delito tributario.

Recordemos que la semana pasada Marisa Navarrete, junto a la abogada Paulina Carrasco presentaron ante Contraloría una solicitud para auditar al Servicio por lo que consideran “una evidente y grave inactividad”.

Esto porque al intentar limitar la acción del Ministerio Público, estaría causando una omisión de sus funciones legales, ya que, cuando el SII recopila antecedentes y advierte un hecho constitutivo de delito está obligado a decidir por uno de dos caminos.

“Tiene solamente dos opciones: o iniciar una opción penal o perseguir una vía administrativa que es la sanción pecuniaria, es decir, una multa asociada a cada uno de los delitos tributarios, esas son las opciones, pero no puede, de ninguna manera, no hacer nada. Es decir, tiene que tomar alguna de esas dos decisiones”, afirmó.

En ese sentido, añadió que se han visto otras empresas, que han aparecido en la prensa, involucradas en situaciones similares a SQM y Penta, pero en las que el SII no ha hecho nada hasta el momento.

La intención de las profesionales es que un organismo autónomo revise el proceso que la institución está desarrollando cuando la Dirección del organismo depende directamente de la Presidenta de la República. Esto bajo la conducción de Fernando Barraza y Bernardo Lara, su subdirector jurídico, en quienes se observa un “cambio de criterio inexplicable”.

“Hoy día vemos que quien es la cabeza del tema penal, don Bernardo Lara, figura en la prensa (en particular en La Tercera) defendiendo estas querellas nominativas. Sin embargo, cuando fue subdirector jurídico, defendía todo lo contrario. Entonces, evidentemente hay un cambio de criterio que no se puede entender salvo que sea otra motivación, que nos e relaciona con su función pública”, sostuvo.

Para la abogada esta situación es muy grave y no puede ser aceptada por la Fiscalía, entidad que, según sostuvo, conforme a un oficio del propio Ministerio Público debería actuar, ya que el documento señala que no hay contradicciones en que el organismo investigador persiga otras personas, pese a que la querella presentada por el servicio no las haya incluido.

Por lo mismo, añadió la abogada, hay que ver qué posición adopta el Ministerio Público respecto a esta inacción del Servicio de Impuestos Internos y cómo se avanza en la investigación los casos de corrupción que tienen de cabeza al mundo político y empresarial.

Ciudadano Inteligente: “Las querellas se presentan de manera arbitraria por el SII”

Para Carlos Hidalgo, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, el mayor problema del errático actuar del organismo fiscalizador es que no existe claridad sobre los criterios que está utilizando, lo que abre una brecha de interpretaciones políticas y de toda índole.

“Los argumentos no están claros, porque si hubiera una claridad administrativa-legal en cuanto a por qué se presentan en un caso y en otro no, por último uno no tiene por dónde reclamar. La cuestión es que no hay claridad ni en el SII ni para nadie, respecto de cuándo se presenta una querella y cuándo no. No obedece a un criterio técnico la presentación de las querellas, sino que queda sometido a la arbitrariedad del SII”.

Cabe señalar que entre los argumentos que entregó el servicio para eximir a estos contribuyentes está “la baja calidad de los documentos emitidos a SQM”, el “exiguo monto” de éstos, así como la prescripción de la responsabilidad penal de los implicados.

Sin embargo, dichos argumentos fueron también cuestionados, ya que, en otras oportunidades el Servicio sí se ha querellado por montos considerados como “bajos”.

Es el caso, por ejemplo, de Carlos Tudela García, quien emitió a Soquimich cuatro boletas por doce millones de pesos, según la acción presentada en septiembre de 2015. Otro caso es el Georgio Carrillo, ex asesor comunicacional de la ex diputada Marta Isasi, en el caso Corpesca, donde el SII se querelló por tres boletas por 27 millones de pesos en mayo de 2015.