Acusando presiones políticas y despilfarro de recursos de parte del Ministerio Público, el abogado de la Defensoría Popular, Rodrgo Román, se refirió a la reanudación del proceso judicial en contra de los once imputados del caso Luchsinger Mackay durante esta semana.

En conversación con Radio y Diario Universidad, el abogado señaló que el proceso está en etapa de la audiencia de preparación de juicio oral, luego de una paralización de 4 meses, la que a juicio del abogado fue “ilegal”, a partir de la aplicación de “ardides procesales” que levantaron tanto el Ministerio Público como los querellantes.

El problema de esta dilación, señala Román, es que los imputados han estado todo este tiempo en prisión preventiva, medida cautelar que han tratado de revertir, pero la Corte de Apelaciones de Temuco ha rechazado sistemáticamente. De todos modos, el abogado valoró que se haya retomado el proceso y que se hayan excluido una serie de pruebas presentadas por la Fiscalía y los querellantes.

“En buena hora se ha reanudado la audiencia de preparación de juicio, el lunes recién pasado, y en estas cuatro jornadas de esta semana hemos avanzado con una rapidez mayor a la que teníamos previsto, y como así también, como lo hemos señalado, tenemos la buena noticia es que el Tribunal de Garantía a procedido a excluir pruebas de parte del Ministerio Público y, particularmente, de los acusadores particulares, por cuanto han sido pruebas que no han sido producidas de conformidad a la ley, que no se ha sido producida dentro de los plazos legales”.

Rodrigo Román se refirió, además, a la principal prueba que esgrime la Fiscalía que es el testimonio de José Peralino Huinca, en el cual inculpa al grupo de imputados del ataque al matrimonio Luchsinger Mackay, pero que él mismo ha manifestado que fue víctima de torturas de parte de la PDI para emitir esta declaración, denuncia que actualmente está en investigación: “Esto da cuenta de la mediocre labor que ha hecho la inteligencia policial”, aseguró el abogado.

“Entonces nosotros evaluamos que hay una mediocre labor de la inteligencia policial y hay, nuevamente, una imputación ‘al voleo’, carente absolutamente de fundamentos, lo que lleva al Ministerio Público, una importante institución de la República a un nuevo fracaso. Aquí el único camino posible, el único resultado posible a nuestro juicio va a ser un veredicto absolutorio, toda vez que el Ministerio Público, derechamente, no tiene pruebas y los querellantes particulares tampoco”.

El abogado de la Defensoría Popular señaló que existe un patrón común entre este proceso y el llevado a cabo en el llamado Caso Bombas, en el que, desde su punto de vista, se da cuenta de la “falta de profesionalismo” del trabajo de la inteligencia policial, así como de la premura que existe para hacer imputaciones sin fundamento, “y el Ministerio Público se transforma en un órgano genuflexo que se compra la versión de las policías”.

“Pareciera ser un patrón común de la inteligencia policial que el tratamiento, sobre todo de los casos de alta connotación, su apuesta es que puedan tener un resultado favorable, un veredicto condenatorio, pero sobre la base de presiones políticas, con fundamentos políticos todo lo cual es errado, según nuestro entender, toda vez que en la sede de derecho, en los tribunales, las razones políticas están excluidas y lo que tiene que primar o lo que tiene que haber son razones jurídicas”.

Román reiteró que han existido fuertes presiones políticas en el desarrollo de este proceso judicial, y que a raíz de ellas se ha mantenido en prisión preventiva a diez de los once imputados por más de un año, y a la machi Linconao con arresto domiciliario.

Finalmente, el abogado enmarcó este juicio a los once imputados en el caso Luchsinger Mackay en la estrategia de criminalización de las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, dando cuenta “del concierto de las políticas que existe de parte del Estado de Chile para tratar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.