En 2019 el gobierno de Sebastián Piñera deberá decidir si Chile renueva o no la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Los pueblos originarios, ante este debate, han manifestado su preocupación, sobre todo, luego de que desde la derecha dieran algunas luces respecto de cómo se abordará la vigencia del convenio.

Este sábado, en La Tercera, el diputado electo por Amplitud en La Araucanía, Andrés Molina, señaló que en la nueva administración no estarían conforme con su aplicación.

“Cuando se suscribió el convenio se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre lo propios mapuches porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”, manifestó.

En ese sentido, la ex consejera de la Conadi y werkén de la organización Ad-Mapu, Ana LLao, destacó que los gobiernos en general se han caracterizado por desconocer la norma: “Nunca estuvieron de acuerdo en reconocer y aplicar de acuerdo al estándar lo que señala el Convenio 169 y no me parece extraño que quieran decir que ya pasó la vigencia”, dijo.

“Esta política salió producto de las luchas tanto del ámbito del trabajo, también participaron dirigentes de diferentes pueblos originarios. Entonces los gobiernos de América Latina deben continuar aplicando el convenio para poder saldar la deuda histórica como la de los territorios”, añadió.

El acuerdo hace que el Estado que lo suscribe tenga el deber de “consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados”.

El tratado internacional fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en septiembre del año 2008.