La mañana de este lunes, el juzgado de Garantía de Temuco formalizó a diez ex funcionarios de Carabineros, incluidos dos generales dados de baja y el civil Alex Smith Leay, por la falsificación de pruebas en la llamada Operación Huracán.
Los imputados son los generales (r) Gonzalo Blu Rodríguez, ex director de Inteligencia de Carabineros, y Marcelo Teuber Muñoz, ex jefe de Control de Orden Público de La Araucanía, además de los ex funcionarios de la Unidad de Inteligencia de Temuco, Patricio Marín Lazo, Leonardo Osses Sandoval, Manuel Riquelme Mardones, Marcos Sanhueza Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda, Marvin Marín Maluenda, Cristián Pérez Mancilla y Manuel Cavieres González.
A ellos, se suma el ex asesor civil de esa unidad, el ingeniero forestal y agrícola Alex Smith Leay, creador del programa espía “Antorcha”, el que aún no se ha demostrado que funcione, por lo que se estima que las supuestas conversaciones telefónicas interceptadas a los sospechosos en la Operación Antorcha fueron implantadas.
Al general (r) Teuber y al resto de los funcionarios se les formalizó por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, salvo al teniente (r) Cristián Pérez, a quien sólo se le formalizó por el último ilícito mencionado.
En esta causa, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra Blu por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación; y contra Marín Lazo, Osses Sandoval y Smith Leay, por los delitos de sabotaje informático y obstrucción a la investigación, y contra todos los que resulten responsables en delitos generados de la denominada “Operación Huracán”.
El fiscal Carlos Palma formalizó al general (r) Blu, al mayor (r) Patricio Marín –ex jefe de la Unidad de Inteligencia de Temuco-, al capitán (r) Leonardo Osses y al civil Smith Leay por el delito de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular y representante legal de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y uno de los supuestos acusados por la Operación Huracán, dijo que “lo que procede por las penas asignadas a los delitos, por la multiplicidad de delitos y por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad, asimismo, para el desarrollo y el éxito de las diligencias de esta investigación, es que se decrete la prisión preventiva respecto a estas cuatro personas sin perjuicio a que se interpongan medidas cautelares a los demás responsables”.
Asimismo, el representante de Llaitul, explicó que luego de que la Corte de Apelaciones determinara eximir del pago de los costos al gobierno “las defensas de todos los imputados interpondrán un recurso de queja ante la Corte Suprema, para que el Estado se haga cargo de pagar los costos en que han tenido que incurrir los mapuche acusados en la Operación Huracán”.
Por su parte, la abogada Karina Riquelme dijo que la prisión preventiva para los cuatro imputados se hace necesaria por “las funciones propias que ellos desarrollan, ya que se trata de funcionarios de inteligencia, los cuales tienen acceso a otro tipo de programas que implica que si ellos quedan en libertad, puede existir un peligro cierto al desarrollo de la investigación, puesto que son personas que manejan formas de intervenir, que además conocen a ciertos miembros de la Policía y tienen relaciones que les pueden ayudar a ocultar lo que hoy se está intentando esclarecer. Por eso, es necesario que hoy se imponga la prisión preventiva a quienes están siendo acusados de asociación ilícita”.
Además, Karina Riquelme explicó que “la máxima intención es que se encuentren las responsabilidades de todos quienes fueron parte de esta idea de implantar pruebas para inculpar a dirigentes mapuche. Creemos que esta investigación está recién comenzando, si bien ahora se formaliza a un grupo de carabineros, evidentemente ellos no se mandan solos y no trabajan solos, aquí tienen que haber otro tipo de responsabilidades. No podemos soslayar que los que hoy van a ser formalizados trabajan directamente con la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, en particular, con un fiscal que fue removido de sus funciones, Luis Arroyo, y que ahí es necesario indagar en el interés de que la investigación se desarrolle y se descubra quienes idearon esta forma de implantar pruebas”.
Por lo mismo, “nosotros creemos que en los próximos días debiera ampliarse la formalización, porque es muy probable que exista participación de fiscales del Ministerio Público y otras autoridades civiles que en el curso de la investigación se van a ir dilucidando”, profundizó el abogado Rodrigo Román.
“Paradojalmente, en un plazo de seis meses se dio vuelta el caso y, lejos de no existir la asociación ilícita terrorista que se creía, lo que si existió fue una asociación ilícita conformada por los efectivos policiales”, finalizó el abogado de Llaitul.
