A un día de que el Congreso vote para ratificar o rechazar la entrada de Chile al TPP-11, organizaciones indígenas llegaron hasta sus inmediaciones para pedir la suspensión, de lo que ellos consideran, una “invisibilización” de sus derechos. La ausencia de una consulta a los pueblos originarios y el regreso de la Ley Monsanto, que privatizaría las semillas, asoman como las principales amenazas hacia las comunidades.
Años atrás las organizaciones que se opusieron al proyecto tuvieron una gran victoria al lograr que se detuviera su tramitación. Sin embargo, hoy la situación podría cambiar ya que desde el Ejecutivo se está buscando retomar su discusión en el Congreso, aunque con algunos cambios. Una posibilidad que mantiene en alerta a las agrupaciones que ven en esta ley una forma de privatizar las semillas en el país.
En una nueva conmemoración, organizaciones de 400 ciudades del mundo se unen bajo el lema “Sembremos nuestro derecho a cosechar alimentos sanos”.
Con el TPP 11 se reactiva la posibilidad de que la empresa que fue adquirida por Bayer en 2016, ingrese al país. Si bien no es la única que se dedica a generar semillas genéticamente modificadas y de elaborar agroquímicos, es la que lidera la producción de estos productos a nivel mundial.
En distintas ciudades de Chile, la plataforma Chile Mejor Sin TPP busca manifestar un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet. Asimismo, exigen a diputados y senadores que se pronuncien al respeto.
Grupos de defensa del Medioambiente, realizarán una marcha este sábado para exigir que el Gobierno retire de forma definitiva el proyecto de ley de obtentores vegetales, más conocida como Ley Monsanto. Además hacen hincapié en que se prohíba el uso del plaguicida Roundup (Glifosato) en los cultivos nacionales, por su incidencia en el desarrollo de cáncer y malformaciones congénitas.
Una vez que la Presidenta Bachelet decidiera retirar del Congreso la Ley de Obtentores Vegetales del gobierno del Sebastián Piñera, las autoridades se han abocado a la elaboración de un nuevo texto legal que tiene la finalidad de operativizar el Convenio UPOV 91 al cual Chile adhirió en 2011 y que ha generado críticas de organizaciones dedicadas a la alimentación, la salud y el medioambiente las que advierten diversos riesgos en este nuevo proceso.
Representantes de organizaciones medioambientales expusieron al ministro de Agricultura, la necesidad de contar con una mayor fiscalización y monitoreo de la efectividad de las medidas de bioseguridad sobre transgénicos y lo importante de revisar la Ley Monsanto para no dañar los intereses de los agricultores.
El Gobierno y parlamentarios de la Nueva Mayoría acordaron retirar una serie de proyectos de ley, uno de ellos es la derogación de la Ley sobre “Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales”, proyecto conocido como “Ley Monsanto”. Hoy una marcha contra la transnacional se replica en todo el mundo, y en Chile apuntan a presiones de la industria en materia agrícola.
Votación en el Senado de la Ley Monsanto fue sacada de tabla y aplazada hasta nuevo aviso. Las organizaciones en contra de la normativa y comunidades indígenas exigen que se aplique consulta previa a la votación en el Congreso, situación por la que pidieron la intervención del relator especial sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas.
Comunidades y pueblos indígenas alertan ante la posibilidad de que la ley Monsanto, que se vota hoy en el Senado, se postergue para ser votada en Comisión Mixta y aprobada rápidamente sin ensuciar la administración de Michelle Bachelet. De esta manera, “ganan todos, la derecha, la Nueva Mayoría, gana Monsanto: perdemos los indígenas, los agricultores y los ciudadanos”.
Este martes se retoma el trámite del proyecto de ley sobre obtentores vegetales, lo que será precedido por manifestaciones que se han convocado en las principales ciudades del país.
