Con una rapidez nunca antes vista, en menos de un año Chile cuenta con un marco institucional que protege el medioambiente. Esta legislación fue uno de los pasos decisivos para que Chile ingresara a la OCDE. Sin embargo, aún falta mucho para terminarla y el ambiente electoral no permite una discusión amplia, que es la principal queja de las ONG del ramo.

Acostumbrados los chilenos a extensísimas discusiones legislativas, que pueden durar casi una década, pasó prácticamente inadvertida para la opinión pública, que sigue inmersa en la chimuchina electoral, el que contemos con una nueva institucionalidad medioambiental.

Para poner las cosas en contexto, la Ley de Bosques fue discutida durante más de 15 años y la reforma al Código de Aguas fue un tema que se discutió durante otros 14 en el Congreso. Es que son áreas de especial sensibilidad para los sectores productivos de un país como el nuestro, que sigue sosteniéndose sobre la base de sus recursos naturales.

A pesar de la importancia que reviste lo que se denomina la “arquitectura medioambiental de nuestro país”, la discusión de un proyecto de ley que viene a refundar, es decir, a sentar nuevas bases en un tema esencial tuvo una discusión récord de algo más de un año. Increíble, de aquí que no extrañe que algunas organizaciones ecologistas hayan denominado a la operación legislativa que se emprendió desde La Moneda, como una verdadera “aplanadora medioambiental”.

Algo de historia

El 5 de junio del año 2008, justo cuando celebraba el Día Mundial del Medioambiente, la Presidenta Bachelet envió un proyecto de ley con el que cumplía con una serie de acuerdos con los que se había comprometido como candidata hacía tres años.

¿Qué había pasado entonces?  El año 2005 se caracterizó por la explosión de una serie de conflictos que pusieron de relieve la escasa fiscalización con que se estaban aprobando proyectos medioambientales como también otros que estaban causando un grave daño al medioambiente.

¿Recuerda La Farfana, Pascua Lama o Celco en Valdivia? Pero no sólo eso. Llovió sobre mojado cuando la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico  (OCDE) criticó la labor que desarrollaban las autoridades nacionales para la protección de nuestro medioambiente. Una verdadera estocada para ese sector de la política chilena que siempre se compara con países del primer mundo y que busca sobre todo, ser parte de este importante foro.

La coyuntura electoral permitió que la entonces candidata Michelle Bachelet suscribiera con las principales organizaciones no gubernamentales preocupadas de nuestro ecosistema el Acuerdo de Chagual, conocido también como “10 Compromisos para la Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo Nacional”, que incluía una serie de puntos entre los que se contaba la creación de un ministerio del Medioambiente, una superintendencia de Fiscalización Medioambiental y un Servicio de Áreas Protegidas.  El  Compromiso  hoy se encuentra desahuciado por las organizaciones ecológicas debido al incumplimiento gubernamental de explorar la energía nuclear como alternativa energética para nuestro país, sin embargo, esa es harina de otro costal.

Volvamos a la historia.

Ya convertida en primera mandataria, Bachelet envía al Congreso la Ley que le cambia el rango de Presidente al de Ministro a quien está a la cabeza de la Comisión Nacional de Medioambiente, convirtiéndose con éxito Ana Lya Uriarte, en la primera ministra de Medio Ambiente en la historia de Chile y cuya principal tarea era, justamente, impulsar las reformas ya pactadas en el Acuerdo.

El 12 de diciembre de 2008, la Cámara de Diputados votaba la idea de legislar en general, iniciándose así un proceso que acaba de terminar hace unas semanas, consolidándose una nueva institucionalidad.

¿Cómo se logró esto en tan poco tiempo? “La decisión del gobierno fue desarrollar un proyecto de ley a puertas cerradas, que sólo se conoció el día que ingresó a la Cámara de Diputados. Esto generó igual reticencia en  todos los sectores, no sólo por la ciudadanía, porque recién ahí pudieron darse cuenta qué significaba una y otra cosa,  y a partir de ellos tratar de  incorporar en el proceso de discusión en la Cámara algunos aspectos que le interesaran a cada uno de los sectores. En el caso de las organizaciones ciudadanas, se logró incorporar muchos aspectos importantes, pero claramente la misión y el  interés de la ministra era lograr  que este proyecto se aprobara dentro del gobierno de la Presidenta Bachelet”, explica Paola Vasconi, Coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram.

Otro de los aspectos extraordinarios con que ha gozado esta nueva normativa medioambiental ha sido la cantidad de observaciones presentadas por los senadores que integraban la comisión. La friolera de mil 350 observaciones fue un verdadero hito de participación, cuando la más cercana fue la Ley de Cuotas de Pesca, con apenas 900. No deja de ser sintomático, por lo demás, que se trate, en ambos casos, de leyes que tienen que ver con nuestros recursos naturales.

Detrás de estas  mil 350 observaciones que sustentaron los parlamentarios estaba la participación de la sociedad civil a través de múltiples ONG´S que buscaron esta vía para incidir de manera efectiva.
Todo quedó, sin embargo, en nada o casi nada, cuando entró a operar la máquina de los acuerdos políticos, como lo explica Paola Vasconi, donde La Moneda no dudó en pasar, como una aplanadora, incluso por encima de la voluntad de algunos de los senadores que integran la Comisión y quienes vieron aquí una operación que no estaban dispuestos a aceptar.

“El acuerdo, y por eso hablamos de aplanadora ambiental, facilitó la tramitación de la ley, lo que significó que no se abordarán en profundidad ninguno de los temas y ninguna de las indicaciones que fueron presentadas por los parlamentarios. El acuerdo se logró con la firma de Pablo Longueira de la UDI, Antonio Horvath y Andrés Allamand en representación de Renovación Nacional, y ninguno de los otros miembros de la comisión quisieron apoyar este protocolo de acuerdo. Entonces, el gobierno para no estar solo con la derecha en esto, invitó a los senadores Pablo Letelier y Soledad Alvear a sumarse…al final, todos los parlamentarios que tenían indicaciones las bajaron”, dice.

A pesar de todo…un gran paso

A pesar de las quejas dentro del mundo medioambiental, que buscaba una discusión democrática y amplia, se valora esta legislación que, si bien, ya nace bastante obsoleta para lo que se está haciendo en otros países, al menos es mucho mejor de lo que teníamos, constituyéndose en un “paso gigante”, como la denomina el abogado Fernando Dougnac, director ejecutivo de la ONG Fiscalía del Medioambiente.

Para otros, como Álvaro Ramis de la Asociación Chilena de ONGs Acción AG, la decisión de avanzar de la mano de los legisladores de oposición, no es un logro aunque el gobierno quiera mostrarlo así, “pero para la ciudadanía, que es la que va a utilizar la ley y la que va a ser resguardada en sus derechos por medio de esta legislación, queda la sensación de que tuvo una tramitación que es espuria, que va en contra de los consensos que se habían alcanzado entre la sociedad civil y el gobierno”.

Con todo, para Paola Vasconi, “la nueva institucionalidad es buena  ya que permite jerarquizar el tema medio ambiental dentro de la estructura de gobierno y de la estructura nacional. Nosotros no hemos dejado de valorar la creación del ministerio de Medio Ambiente, pero utilizando las propias palabras de la ministra, no basta con tener la arquitectura institucional, si no tienes el contenido”.

Para los entendidos en el tema, es un avance enorme pensar que a partir del próximo año existirá dentro de nuestra institucionalidad un ministerio del Medio Ambiente, de modo que el ministro del ramo podrá defender su presupuesto en la mesa de la toma de decisiones.

¿Por qué tanto apuro?, pensarán algunos. El trasfondo de toda la premura estuvo en la posibilidad de que Chile fuera parte de la OCDE y uno de sus puntos más débiles era, por cierto, su debilitada protección jurídica al medioambiente. Resta aún saber de qué manera se complementará esta ley a la que falta el contenido.

Aquí los Tribunales Ambientales jugarán un rol fundamental como entidades que permitirían superar uno de los grandes escollos del pasado, como es la aclaración de las competencias de los organismos, de modo que la Superintendencia, que se encargará de fiscalizar el cumplimiento de la normativa medioambiental, no sea el mismo órgano que dicte sentencia.

Sin embargo, los meses que restan de gobierno serán esenciales para que la ministra demuestre no sólo su capacidad de negociación sino además su compromiso con la ciudadanía, ya que subsisten problemas endémicos en lo que se refiere a la tramitación de los proyectos.

¿Ha pensado usted por qué si un proyecto después de las observaciones que hacen las ONG del sector y no el Estado, como debiera ser, mejora y, por ende, vale más, no se paga al final a quienes estuvieron preocupados de esa mejoría?

Eso es lo que propone Dougnac, superar esta injusticia. “El estudio de impacto ambiental que no reúne los requisitos esenciales para ser considerado un proyecto, debería ser rechazado al límite. Sin embargo, desgraciadamente, desde la doctrina del malhadado Eduardo Frei Ruiz-Tagle que le dio una instrucción a todas las Coremas (Corporación Regional de Medio Ambiente) y a la Conama (Corporación Nacional de Medio Ambiente) que no se podía rechazar ningún proyecto  sino que había que mejorarlo, se empezó a hacer de las adendas un mal, donde los tipos presentan un proyecto cojo y, a la larga, a través de ellas van poniéndole la pata que le faltaba al proyecto, lo cual es una tomadura de pelo para la ciudadanía que sólo se puede expresar respecto del proyecto inicialmente presentado”.

Dougnac agrega además que “muchas de las observaciones ciudadanas, son las que sirven para perfeccionar el proyecto. Mientras que para las empresas hacer un estudio de impacto ambiental es una inversión, para los que tienen que entrar a arreglarle los proyectos para evitar un daño al medio ambiente, que es de todos, es un gasto.  Se haga el proyecto o no se haga, siempre nosotros vamos a tener que estar desembolsando plata que no nos corresponde, lo mismo para las personas que se ven afectados en sus derechos y que tienen que poner unos cortapisos para evitar que lo que a ellos le corresponde sea arrasado por las grandes empresas”.

Para ello propone que debiera existir un cierto porcentaje del valor del proyecto para resarcir a quienes cuyas observaciones, que siendo consideradas atingentes por la autoridad, la empresa misma las recogió, hizo suyas y mejoró en definitiva su proyecto.

Los disconformes con esta nueva legislación guardan aún la esperanza de remontar algunos puntos esenciales. Esto, a partir del veto presidencial que pudiera realizar Michelle Bachelet, como también una impugnación que se hará al Tribunal Constitucional, cuyos resultados son dudosos cuando ha sido el mismo gobierno, de mano de la oposición, quienes han estado detrás de la premura por su tramitación.