Conmoción nacional ha generado el accidente en la mina San José en Copiapó que desde el jueves pasado mantiene atrapados a 33 mineros en las entrañas de la tierra, no sólo por la tragedia humana, sino porque nuevamente saca a la luz las precarias condiciones laborales y de seguridad en que se desempeñan los trabajadores de este sector. Situación que se ve acrecentada por las escasas regulaciones estatales a la Minería, cuya preocupación parecen fluctuar de acuerdo a si foco de interés está puesto en los indicadores de desempleo o en las tasas de accidentabilidad y que, en este caso, sufrieron un importante giro al enfrentarse a un incidente transmitido en directo por los medios de comunicación y donde las responsabilidades parecen ser múltiples.

Por eso, el Presidente Sebastián Piñera decidió descabezar el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagoemin), pidiéndole la renuncia a su director, Alejandro Vio, al subdirector de Minería, Exequiel Llanes, y al director regional de Atacama, Rodolfo Díaz, además de anunciar una reestructuración total del organismo que, según dijo, “va a permitir modernizar y poner al día un servicio como este, para que cumpla una función fundamental en la fiscalización, ha habido muchas falencias, errores y omisiones”.

En su defensa, Vio argumentó que el Sernageomin “trabaja para salvar vidas (…) con los recursos y facultades que el país le otorga”. Y es que desde la misma institución pusieron la voz de alerta al señalar que contaban con 16 fiscalizadores para todo el país, y sólo dos de ellos destinados a la minera región de Atacama.

Pero una fiscalización estricta no sería tan vital si las empresas cumplieran con las normativas. Además de las disposiciones del Código del Trabajo y de Salud, deben atenerse al Reglamento de Seguridad Minera, que establece claramente las condiciones en las que se deben desarrollar las faenas de extracción

“El empleador tiene que tener su equipo de gente, especialistas en el tema: encargados de geología, encargados del desarrollo minero y expertos en seguridad y ellos deben controlar que estén las condiciones de seguridad adecuada. Por otro lado están los entes fiscalizadores que son el Sernageomin en estricto rigor y la Inspección del Trabajo, apoyados por personas del servicio de salud”, explica Antonio Morales, ingeniero en Prevención de Riesgo y experto en seguridad en minas.

Pero la ausencia de una salida alternativa a la principal y un solo refugio que tendría capacidad para veinte personas aproximadamente en la siniestrada mina San José, son sólo un ejemplo del incumplimiento de estas normativas de parte de las empresas.

Para Pedro Marín, director de la Federación Minera de Chile, las trasgresiones a la ley de parte de las mineras se explican porque “las multas son irrisorias”.

“Las multas y las sanciones deberían ser más drásticas porque las empresas muchas veces prefieren pagar las multas, porque son irrisorias, estamos hablando de treinta UTM. Las suspensiones son muy escasas y son esporádicas porque después de un tiempo vuelven a reabrir, y con conocimiento de las autoridades”, afirma el también presidente sindical de minera Escondida.

Y es precisamente esto lo que ocurrió en San José. Cerrada en 2007 porque no contaba con las condiciones de seguridad necesarias, fue reabierta en 2008.

Pero otro de los factores que atenta contra la vida de los mineros es la diferencia de criterios que se aplica entre las grandes, medianas y pequeñas empresas de extracción al momento de fiscalizar. La exposición pública de las mayores mineras del país, sindicatos fuertes y mayores niveles de producción y personal, entre otras cosas, llevan a estas empresas a mantener mejores condiciones y, al mismo tiempo, a los fiscalizadores a prestarles más atención.

“Los estándares debiesen ser iguales para todos, pero sabemos que eso no se da. Para los pirquineros existe un estándar diferente, pero la gran y mediana Minería debiese acogerse a los estándares de lo que solicita el reglamento. El tema de los pirquineros muchas veces escapa al control de la fiscalización porque ahí no hay recursos, incluso, yo soy partidario de que ese tipo de faenas se someta a otro tipo de fiscalización o buscar otro tipo de alternativas porque ahí las condiciones de seguridad son mucho más precarias”, sostiene Antonio Morales.

Pero además de los problemas de inspección, es el criterio económico uno de los que, sin duda, pone en mayor riesgo la seguridad de los trabajadores. Al ser la minería la mayor fuente productiva de Chile y la que más empleos da en el norte del país, comúnmente se “hace la vista gorda” a las falencias que puedan tener las mineras o se posterga su cierre, para no perjudicar las fuentes laborales.

“Muchas veces se privilegia y se elogia que el precio del cobre suba porque eso va a ayudar a que los pequeños mineros puedan reabrir sus minas y trabajar. En esas circunstancias se hace caso omiso de las condiciones de seguridad mínimas. Entonces, dependiendo del índice en cuestión, ya sea el de cesantía o el de seguridad, se toma una u otra medida, muchas veces contrapuestas. En lo inmediato todo el mundo está de acuerdo en que hay que cerrar la mina (San José) ¿Y qué hacemos con las doscientas personas que trabajan ahí?”, dice Marín.

En la misma línea, Morales sostiene que “muchas veces se hace vista gorda porque también están comprometidas fuentes laborales y esas fuentes están asociadas a familias. Una mina puede tener falencias atroces en el tema de seguridad, pero no la cierran porque hay personal trabajando y ellos tienen familias y eso significa un problema mayor”.

En un oficio de alto riesgo, que ha motivado grandes novelas en nuestro país relatando los avatares de quienes mueren un poco cada vez que se introducen en el fondo de la tierra, la seguridad nunca estará completamente resguardada. Sin embargo, el ingeniero en Prevención de Riesgo señala que un 80 por ciento de los accidentes se producen por incumplimiento de las normas y fallas humanas. Para evitarlos, asegura el representante de la FMC, es necesario encontrar un consenso entre todas las partes involucradas. Así, “el sueldo de Chile” no se pagará también con las lágrimas de su pueblo.

Historias de sudor y sangre

Con cuatro mil 600 kilómetros, la cordillera de Los Andes es el sustento de una de una de nuestras actividades económicas más importantes: la minería.

De norte a sur y durante toda su historia, la riqueza de nuestro país ha dependido de este rubro que, de una u otra forma, hace el llamado “sueldo de Chile”. Sin embargo, la historia de esta rentable y gloriosa actividad no está marcada sólo por triunfos, sino que también por grandes tragedias.

La de la mina San José de Copiapó es la última de ellas. Y pese a que a través de los años los grandes accidentes mineros se concentraron en el sur de Chile donde se explotaba carbón, nuestra historia registra varios incidentes que, pese a no ser tan mediáticos como el que afecta en la actualidad a la minera San Esteban, han resultado fatales para cientos de trabajadores.

Uno de los más crudos fue el que se registró el 19 de junio de 1945 en el taller de reparación de carros de la mina Teniente C– que en ese tiempo pertenecía a la empresa estadounidense Bradden Cooper Co y que ahora corresponde a la división El Teniente de Codelco – donde un incendio se tomó los túneles del pique de Sewell en la VI región dejando a un total de 346 mineros muertos y a otras decenas de heridos.

Las tragedias más emblemáticas se dieron también en la mítica Lota Schwager. En 1968 una explosión de gas grisú cobró la vida de doce trabajadores. Sin embargo, la que continúa más grabada en la mente de los lugareños es la explosión de 1994 que dejó a 21 obreros muertos. Si bien, se encontró a uno con vida, éste falleció a las pocas horas en el hospital.

De acuerdo a los datos del Sernageomin, en los últimos cinco años se han producido 23 accidentes de diversa gravedad. Entre 1990 y 2005 fueron 742 los trabajadores que fallecieron en 650 accidentes. De ellos, 212 murieron por la caída de planchones y 54 por acuñar o fortificar los piques.

El prontuario de San José

Antes del derrumbe que hoy mantiene todos los ojos puestos sobre la mina San José, este enclave ya presentaba un amplio prontuario de irregularidades en materia de seguridad.

Ya en 2007 los representantes de los trabajadores de la empresa junto con algunos contratistas que desempeñaban sus labores en ese lugar presentaron una denuncia ante la Corte de Apelaciones y el Sernageomin por la muerte de tres mineros en ese enclave y en la mina San Antonio, ambas de propiedad de la minera San Esteban. Previo a eso, en 2004 otro pirquinero perdió una de sus piernas cuando un planchón de fortificación le cayó encima. Ese mismo año un desprendimiento de roca en el mismo lugar donde hoy se encuentran 33 trabajadores atrapados provocó la defunción de Javier Castillo Julio.

Tantos fueron los problemas que se dieron en la mina San José que, también luego de un accidente, las autoridades decidieron cerrar las faenas temporalmente en 2006. Al poco tiempo la mina se reabrió ya que la empresa cumplió con las condiciones pactadas con los agentes fiscalizadores para reanudar sus actividades. Sin embargo, la gota que rebasó el vaso fue una explosión de roca que le costó la vida a Manuel Villagrán en 2007, lo que terminó por cerrar la mina definitivamente.

Pero el 30 de mayo de 2008 el Sernageomin, en un oficio firmado por Patricio Leiva, autorizó la “reapertura total de la mina San José luego de revisar y aprobar los proyectos de ventilación, eléctricos y el estudio geomecánico con sistemas de fortificación y monitoreo geotécnico”.

Los trabajadores, en cambio, han señalado en varias oportunidades y a través de distintos medios que las condiciones de seguridad en la mina no han mejorado. “El cerro en minera San Esteban nos cruje desde hace dos meses y desde el 2003 que hemos plantado que estamos en una situación de alto riesgo”, dijo  el secretario del sindicato de la mina, Javier Castillo, en una entrevista consignada por el portal laalternativa.org.

Y así fue. Tal como en el cuento de Pedrito y el Lobo, tanto se advirtió del peligro que significaba laborar en esa mina, que hace exactamente una semana, el cerro manifestó su fuerza, desencadenando la situación que tiene hoy movilizado al país entero.

Es por eso que el director de la Federación Minera de Chile Pedro Marín sostuvo que “en Copiapó esto que se quede atrapada una, dos o tres personas cada cierto tiempo es recurrente y pasa más seguido de lo que uno cree. Lo que pasa ahora es que las 33 es un número importante y por eso hubo repercusión. Ojalá que después de este hecho no aparezca otro cometa Halley o una noticia que desvirtúe y deje este problema aquí y sin subsanar”.