El pasado 26 de julio, vecinos al proyecto Castilla interpusieron un recurso de protección ante  la Corte de Apelaciones de Copiapó y al día siguiente el tribunal decretó orden de no innovar suspendiendo los efectos legales del acto del ex seremi de salud, Raúl Martínez.

La intendenta Ximena Matas dio orden de suspender el proceso de calificación ambiental, días después el tribunal también rechazó una solicitud formulada por el Consejo de Defensa del Estado de dejar sin efecto la orden de no innovar. De esta manera, el proceso sigue paralizado cuando ya va en el día 178 de los 180 que tiene de plazo máximo.

Por eso, las organizaciones ambientalistas se movilizaron en Santiago para seguir manifestando su rechazo a esta iniciativa.

“A diferencia de lo que ocurrió en Barrancones no estamos solicitando que el Presidente haga ninguna excepción a la institucionalidad ambiental, sino que solamente ésta se respete. Dentro de ese marco la Corema de Atacama con los antecedentes que fueron analizados por la autoridad competente como la Seremi anterior que calificó este proyecto como contaminante para que se rechace en el órgano correspondiente que es la Corema”, explicó Patricio Escobar, el abogado que presentó el recurso.

El diputado por la región de Atacama, Alberto Robles, por su parte, precisó  que parte de la oposición a este proyecto se explica porque en el lugar donde se quiere emplazar se da el fenómeno del desierto florido; las tierras de cultivo se pueden ver gravemente afectadas y además en la Bahía Chascos habita la comunidad de tortugas más austral del mundo.

“Este es un proyecto que ha sido extraordinariamente poco transparente en su desarrollo. Se cambió el uso de suelos en una zona que es reserva natural sin la participación de la ciudadanía. Posteriormente fue declarada contaminante porque en realidad emite un nivel de polución tremendo. Es la mayor termoeléctrica de Latinoamérica y pretende porducir 2300 mega watts, es casi como Hidroaysén y va emitir más del 10 por ciento de lo que hoy emite todo el país en carbono a la atmosfera. Como fue declarada contaminante este Gobierno a través de la Seremi de Salud cambió ese decreto para bajarle el perfil”, dijo el parlamentario.

El 27 agosto pasado el Concejo municipal de Copiapó aprobó en forma unánime el cambio del plan regulador de la comuna, un plan que antes calificaba a esta zona con protección ecológica.

Ante esto, Eduardo Giessen de la Alianza de Justicia Climática sostuvo que, en este escenario, es importante poner límites más claros.

“Como Alianza por la Justicia Climática creemos que las megacentrales termoeléctricas no sólo dañan el medio ambiente sino que a las comunidades, a las economías locales, a las culturas locales donde quiera que se instalen. Es la energía más barata en términos económicos, que implica mayores ganancias en el corto plazo a las multinacionales, pero también es la que más infringe costos ambientales y sociales y como en Chile esos costos no valen nada esta es la forma de generar electricidad que más se está expandiendo”, sentenció el ambientalista.

Otro de los temas más delicados que denunciaron los dirigentes es que en febrero de 2010, la empresa MPX contrató al Estudio de Abogados Bofill y Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, bufete del que hasta esa fecha era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

El sábado habrá una nueva movilización en Copiapó contra esta termoeléctrica  que se construirá en la zona de Punta Cachos, Bahía Salado.