La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió hoy un recurso de protección presentado en contra del ex Seremi de Salud, Raúl Martínez, quien cambió la calificación ambiental de la central termoeléctrica Castilla de “contaminante” a “molesta, desacreditando la calificación de su antecesora, Pilar Merino.
La modificación implicaba dar luz verde a la construcción de este proyecto energético, de la empresa MPX Energía Ltda de capitales brasileños, propiedad de Eike Batista. De ser aprobada, esta sería la central a carbón más grande de Sudamérica, aportando cerca de 2300 megawatts al Sistema Interconectado Central.
Sin embargo, en fallo unánime, el tribunal de alzada determinó que el cambio de calificación ambiental era ilegal, validando el primer estudio.
El abogado que patrocina la causa y que representa al arquitecto Gonzalo Domínguez y a varias comunidades que se oponen a este proyecto, Carlos Figueroa, afirmó que la decisión de la corte “ratifica la tesis de que el Seremi actúo ilegalmente”. De todas formas, el jurista señaló que si bien esto es “un primer triunfo, no es definitivo”.
Los representantes de la firma y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tienen cinco días para apelar a este dictamen, que finalmente sería dirimido por la Corte Suprema.
El 4 de agosto pasado, el mismo tribunal rechazó la solicitud del CDE para dejar sin efecto la orden de no innovar, que obligó a suspender los permisos para el funcionamiento de la termoeléctrica Castilla.
El organismo había argumentado ante la justicia que la calificación de “molesta” o “contaminante” que hizo Martínez, y que abrió el debate sobre la construcción de la termoeléctrica, “no tiene incidencia alguna en el pronunciamiento favorable o desfavorable que haga la Corema (Comisión Regional del Medioambiente), lo que no fue admitido.
Al igual que en Barrancones, esta iniciativa energética pretende instalarse en la reserva natural de Punta de Cachos a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó, zona donde se presenta el fenómeno del desierto florido cercana a la Bahía Chascos, donde habita la población de tortugas más australes del mundo.
Además, las comunidades locales y las organizaciones ambientales reclaman que un proyecto de esta envergadura emitirá el 10 por ciento de lo que hoy genera todo el país en carbono a la atmosfera.
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió hoy un recurso de protección presentado en contra del ex Seremi de Salud, Raúl Martínez, quien cambió la calificación ambiental de la central termoeléctrica Castilla de “contaminante” a “molesta, desacreditando la calificación de su antecesora, Pilar Merino.
La modificación implicaba dar luz verde a la construcción de este proyecto energético, de la empresa MPX Energía Ltda de capitales brasileños, propiedad de Eike Batista. De ser aprobada, esta sería la central a carbón más grande de Sudamérica, aportando cerca de 2300 megawatts al Sistema Interconectado Central.
Sin embargo, en fallo unánime, el tribunal de alzada determinó que el cambio de calificación ambiental era ilegal, validando el primer estudio.
El abogado que patrocina la causa y que representa al arquitecto Gonzalo Domínguez y a varias comunidades que se oponen a este proyecto, Carlos Figueroa, afirmó que la decisión de la corte “ratifica la tesis de que el Seremi actúo ilegalmente”. De todas formas, el jurista señaló que si bien esto es “un primer triunfo, no es definitivo”.
Los representantes de la firma y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tienen cinco días para apelar a este dictamen, que finalmente sería dirimido por la Corte Suprema.
El 4 de agosto pasado, el mismo tribunal rechazó la solicitud del CDE para dejar sin efecto la orden de no innovar, que obligó a suspender los permisos para el funcionamiento de la termoeléctrica Castilla.
El organismo había argumentado ante la justicia que la calificación de “molesta” o “contaminante” que hizo Martínez, y que abrió el debate sobre la construcción de la termoeléctrica, “no tiene incidencia alguna en el pronunciamiento favorable o desfavorable que haga la Corema (Comisión Regional del Medioambiente), lo que no fue admitido.
Al igual que en Barrancones, esta iniciativa energética pretende instalarse en la reserva natural de Punta de Cachos a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó, zona donde se presenta el fenómeno del desierto florido cercana a la Bahía Chascos, donde habita la población de tortugas más australes del mundo.
Además, las comunidades locales y las organizaciones ambientales reclaman que un proyecto de esta envergadura emitirá el 10 por ciento de lo que hoy genera todo el país en carbono a la atmosfera.
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió hoy un recurso de protección presentado en contra del ex Seremi de Salud, Raúl Martínez, quien cambió la calificación ambiental de la central termoeléctrica Castilla de “contaminante” a “molesta, desacreditando la calificación de su antecesora, Pilar Merino.
La modificación implicaba dar luz verde a la construcción de este proyecto energético, de la empresa MPX Energía Ltda de capitales brasileños, propiedad de Eike Batista. De ser aprobada, esta sería la central a carbón más grande de Sudamérica, aportando cerca de 2300 megawatts al Sistema Interconectado Central.
Sin embargo, en fallo unánime, el tribunal de alzada determinó que el cambio de calificación ambiental era ilegal, validando el primer estudio.
El abogado que patrocina la causa y que representa al arquitecto Gonzalo Domínguez y a varias comunidades que se oponen a este proyecto, Carlos Figueroa, afirmó que la decisión de la corte “ratifica la tesis de que el Seremi actúo ilegalmente”. De todas formas, el jurista señaló que si bien esto es “un primer triunfo, no es definitivo”.
Los representantes de la firma y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) tienen cinco días para apelar a este dictamen, que finalmente sería dirimido por la Corte Suprema.
El 4 de agosto pasado, el mismo tribunal rechazó la solicitud del CDE para dejar sin efecto la orden de no innovar, que obligó a suspender los permisos para el funcionamiento de la termoeléctrica Castilla.
El organismo había argumentado ante la justicia que la calificación de “molesta” o “contaminante” que hizo Martínez, y que abrió el debate sobre la construcción de la termoeléctrica, “no tiene incidencia alguna en el pronunciamiento favorable o desfavorable que haga la Corema (Comisión Regional del Medioambiente), lo que no fue admitido.
Al igual que en Barrancones, esta iniciativa energética pretende instalarse en la reserva natural de Punta de Cachos a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó, zona donde se presenta el fenómeno del desierto florido cercana a la Bahía Chascos, donde habita la población de tortugas más australes del mundo.
Además, las comunidades locales y las organizaciones ambientales reclaman que un proyecto de esta envergadura emitirá el 10 por ciento de lo que hoy genera todo el país en carbono a la atmosfera.
