Reacciones inmediatas causó la decisión de la  Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de Argentina de otorgar asilo político al ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Sergio Galvarino Apablaza, acusado del asesinato de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards.

En el programa RadioAnálisis de nuestra emisora, el senador de la UDI, Hernán Larraín, comentó que “esta situación impide que se haga justicia y favorece la impunidad por razones de carácter político-ideológico. En estados de derechos democráticos contemporáneos eso es una regresión”.

El parlamentario indicó que aunque no se conocen los fundamentos específicos de este fallo, “por lo que entendemos, la única posibilidad de rechazar la extradición o de darle esta calidad de refugiado político es que en los tribunales chilenos no haya garantía de un juicio justo y eso es una ofensa”.

En esa misma línea, Larraín señaló que tanto Chile como Argentina “son Estados que se han ido aquilatando con mucho apego a la institucionalidad y, por lo mismo, están entre los estándares más exigentes del mundo en materia de justicia, poner en duda eso es ofensivo” y  añadió que espera “que esa no sea la razón porque obviamente genera un ruido importante en nuestras relaciones y es como caminar con una piedra en el zapato”.

Pese a ello, el legislador destacó que había que enfrentar esta situación con cautela pues “no queremos escalar en un conflicto ni involucrar a ambos países en incidentes, pero sí queremos que se esclarezca este crimen y el rechazo a este fallo sólo va a depender de la fundamentación que se tenga”.

El senador de la UDI aseguró que agotarán todas las opciones para que se concrete una extradición, ya sea gestionándose desde o Argentina o a través de otros organismos internacionales.

Larraín afirmó además que “la misma legislación argentina dice no se le puede dar calidad de refugiado político a una persona que ha cometido delitos comunes. Me imagino que cuando se transgrede en forma tan clara, luego del fallo de la Corte Suprema Argentina que estableció que los crímenes por los que se  acusa a Apablaza son delitos comunes, no puede haber una violación tan flagrante del concepto como para negarle la posibilidad de extraditarlo y darle la calidad de refugiado político que no le correspondería conforme a la legislación trasandina”.

El parlamentario adelantó que  “ahí tenemos un punto que debemos analizar y ver por todos los caminos posibles qué alternativas se abren. Nosotros no descartamos nada porque creemos que hay que tratar de hacer justicia”.

Con el estatus de refugiado, Apablaza no podrá ser extraditado para ser juzgado en Santiago, aunque sí se le puede solicitar que declare por exhorto.

Larraín descartó de plano esta posibilidad porque, a su juicio, las declaraciones sólo sirven para traer más confusión al caso, ya que aparecen más nombres involucrados que deben ser interrogados en medio de un debido proceso.

Apablaza padece una enfermedad grave y está radicado desde 1998 en Buenos Aires, donde vive con su esposa y sus hijos.

La resolución de declararlo como refugiado político se conoció poco después de que el Senado chileno reclamara a sus pares argentinos gestiones para acelerar la extradición del ex guerrillero. Hace unos días, la Corte Suprema de Argentina había ordenado el traslado de Apablaza, pero para que eso se ejecutara se debía conocer la decisión de la Conare que, finalmente, no se condijo con las exigencias chilenas.

Se esperaba que en la visita que realizó el Presidente Sebastián Piñera a Buenos Aires con motivo de la reunión de Unasur se reuniera con Cristina Fernández para tratar este asunto