El proyecto minero Isla Riesco continúa dando que hablar en la arena política. El diputado PPD Enrique Accorsi, junto a la presidenta del partido, Carolina Tohá, presentaron un recurso de reconsideración y complementación ante la Contraloría General de la República.

Los personeros de oposición habían solicitado un pronunciamiento del organismo fiscalizador sobre un eventual conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera en el caso. ¿Cuál es la relación? 785.609 acciones de Copec consignadas en la declaración de patrimonio del mandatario, fechada en abril de 2010, que entonces equivalían a más de $4.500 millones.

Junto a Ultramar, el grupo Copec es socio de Minera Isla Riesco, empresa que desarrolla la iniciativa carbonífera en la región de Magallanes. Esto, según los personeros PPD, influiría en el comité de ministros que debe revisar la aprobación ambiental otorgada en febrero a Mina Invierno, primera etapa del proyecto Isla Riesco.

Sin embargo, la Contraloría emitió la semana pasada un dictamen que desestimó el conflicto de interés: “Las opiniones que ellos (los ministros) manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario”, aseguró la resolución.

La votación del comité de ministros estaba programada para el pasado jueves, pero se suspendió por el reciente cambio de gabinete. Un día antes, el diputado Accorsi insistió en la Contraloría con “más antecedentes y nuevas preguntas”.

“El conflicto de intereses existe, es real, y esperaríamos de nuestra máxima autoridad de control, que por lo menos lo advierta, si es que no, derechamente, que pueda, dentro de sus competencias, adoptar medidas preventivas”, se lee en el escrito.

“Esto viene a ser mucho más importante en el contexto actual, cuando hay un ministro (Fernando Echeverría) que renuncia por incompatibilidades y conflictos de interés. Es el momento propicio para que el Contralor raye la cancha en materia de conflicto de intereses”, explicó el parlamentario.

Accorsi advirtió además que “esto va a ser permanente mientras los colaboradores del Gobierno, los ministros y subsecretarios vengan de la empresa privada”.

Las dudas sobre la imparcialidad del comité de ministros y la relación del Presidente Piñera con el proyecto son compartidas por el grupo Alerta Isla Riesco, que ha liderado la oposición a la iniciativa minera.

Ana Stipicic, vocera del movimiento, señaló que “el Presidente Piñera no solamente tiene acciones en Copec, sino que intervino el año pasado -ese es el gran problema- al incluir en el Plan Magallanes algo que estaba en evaluación ambiental. Eso no debió haberlo hecho”.

Según la representante de Alerta Isla Riesco, “ahora entran dudas de por qué se hace esto. Por qué las autoridades, que no debieran referirse al tema porque saben que van a influir de una u otra manera en los servicios evaluadores, se refieren a esto. Si más encima hay algún tipo de interés involucrado, es delicado”.

“Es muy importante por lo menos conocer qué autoridades tienen intereses, negocios, en ciertos temas. Es transparente y bueno para Chile. En específico en Isla Riesco, saber exactamente cuánto puede haber influido la aprobación de febrero en los propios negocios del Presidente”, añadió Ana Stipicic.

“Cuando hay aumento de patrimonio, es obligatorio declararlo”

El escrito presentado por Enrique Accorsi pide que la Contraloría se pronuncie sobre la declaración de patrimonio del Presidente Piñera, fechada en abril de 2010.

Según la solicitud, la declaración debe actualizarse, porque no considera la venta de acciones en Blanco y Negro, Chilevisión y Lan Chile, que generó “un significativo aumento” en el patrimonio de Piñera.

“La ley es bien clara: dice que cuando hay un aumento de patrimonio, es obligatorio declararlo. Todos sabemos que vendió Blanco y Negro, Chilevisión y otras empresas en las que tenía participación, entonces obviamente tiene que haber incrementado su patrimonio y eso no está. Esperamos que la resolución de la Contraloría deje bien rayada la cancha para futuros conflictos de interés”, señaló el legislador.

La solicitud argumenta que Piñera debe actualizar la información sobre sus bienes sin importar que éstos sean administrados por Larraín Vial bajo la figura de un fideicomiso ciego.