Luego de la filtración de documentos confidenciales sobre la línea de transmisión de Hidroaysén y la denuncia de habitantes del sector norte de Aysén sobre mediciones no autorizadas en sus predios para el tendido eléctrico del megaproyecto en conjunto con Energía Austral, la empresa estaría dispuesta a una nueva posibilidad.

En una conferencia de prensa realizada en Coyhaique, el vicepresidente ejecutivo de la firma, Daniel Fernández,  rechazó las acusaciones de los pobladores del sector La Junta sobre intervenciones ilegales, puesto que la orden de no innovar no impide hacer estudios, a la vez que se manifestó disponible a utilizar la denominada carretera eléctrica pública.

Esta iniciativa, anunciada en mayo por el Presidente Sebastián Piñera,  busca que el Sistema Interconectado Central (SIC) cuente con una línea de transmisión única y que incorpore la energía de diversos proyectos, lo que permitiría reducir el trazado de 1.912 kilómetros a sólo 800 ó 600.

Si bien señaló que el proyecto mantendrá su trazado original de corriente continua mientras no hayan detalles sobre el diseño de la iniciativa gubernamental, tales como la capacidad de llevar energía y la pérdida de la misma, el costo del peaje y otros,  Fernández sostuvo que si se conocen de aquí a diciembre, cuando deben presentar el Estudio de Impacto Ambiental, y son favorables, podrían analizarlo como opción.

Sergio Díaz, dirigente de la de la Agrupación Jóvenes Tehuelches, insistió en primer lugar sobre la gravedad de la intervención en los predios.

“Desde el principio han habido ingresos de forma irregular, donde a los pobladores les dicen que van a hacer estudios para una antena celular, pero instalan equipos que realiza mediciones para medir la factibilidad técnica de instalar tendido eléctrico”, señaló el dirigente.

Según Díaz, Daniel Fernández se desliga de la responsabilidad porque se trata del actuar de las empresas subcontratistas.

En tanto Patricio Segura, de la Coalición Aysén Reserva de Vida, también insistió en que permanece la preocupación por el ingreso a los campos aun cuando esto haya sido desmentido por el directivo de la empresa.

En cuanto a la posibilidad de que el proyecto de Endesa y Colbún utilice la carretera eléctrica, Segura advirtió que esta es una demostración de la complicidad entre el Ejecutivo y los privados.

“Aquí vemos que hay una obra de teatro entre el gobierno actual y las empresas eléctricas. La ciudadanía ya está acostumbrada a estas obras de teatro, pero lo concreto es que Chile no quiere estos proyectos, no quiere las represas”, reclamó Segura.

El representante de Patagonia sin Represas sostuvo, sin embargo, que hay que esperar que la propuesta sea conocida por todo el país puesto que mientras tanto el tendido eléctrico filtrado a la prensa pasa por varias áreas silvestres protegidas y vulnerando terrenos de personas sin muchos recursos.

Respecto del fallo de la Corte Suprema que rechazó una acción judicial contra HidroAysén presentada por diversas organizaciones por una supuesta concentración de derechos de agua, los ambientalistas aseguraron que, tal como ocurrió con el Tribunal de la Libre Competencia, se trató de un problema de forma y no de fondo.

Además, los opositores al proyecto sostuvieron que esto demuestra que dentro del país no se garantiza el derecho al agua y no descartaron recurrir a instancias internacionales.