Diversos dirigentes de organizaciones sociales concurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se evalúe la orientación que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) está dando a los municipios en materia de participación. Esto porque a través de un instructivo, este organismo estaría vulnerando el espíritu de la ley 20.500 de Participación Ciudadana.

La ley, recientemente implementada, permite que las organizaciones sociales se incorporen de forma directa y vinculante a las decisiones de las comunas. Sin embargo, la Subdere presentó un reglamento que está muy por debajo de las expectativas y que fue catalogado por los dirigentes como “un franco retroceso”.

La principal crítica pasa por la permanencia del actual modelo que concentra el poder de decisión en la figura del Alcalde, continuando así con un viejo sistema de administración feudal.

“El tema de fondo es que el Alcalde sigue siendo la persona que toma las decisiones incluso a nombre del consejo de la sociedad civil. Pero lo que establece la ley es que el consejo de organizaciones sociales es el que puede convocar, si es que tienen una mayoría de firmas, a un plebiscito por ejemplo. En cambio lo que están planteando los reglamentos es que estos mecanismos se soliciten al alcalde y nuevamente se vuelve a instalar la figura del señor de la querencia y eso es lo que la ley está tratando de evitar”, explicó el concejal de la comuna de Ñuñoa, Manuel Guerrero.

Conforme al reglamento, no se garantiza la obligatoriedad de los municipios de realizar plebiscitos convocados por iniciativa popular al establecer que las organizaciones “podrán solicitar al Alcalde la realización del mismo”, con lo que no se resguarda este derecho.

Otro punto que generó la molestia de los ciudadanos es la exclusión “temporal” de las organizaciones sociales: “A través de un artículo transitorio se quiere dejar fuera de la representatividad en los consejos comunales a todas las ONG´s, corporaciones y las fundaciones por un plazo de cuatro años. Eso también es inadmisible porque lo que señala la ley es que estos consejos tienen que reflejar a todas las entidades que existen de cualquier pensamiento y orientación y eso no está sucediendo porque por este artículo deja sin participación a una parte importante de la sociedad civil en Chile y eso es inaceptable”, sostuvo el ex director de la división de organizaciones sociales, Francisco Estévez.

Por todas estas razones, los dirigentes dejaron una carta en la oficina de partes de La Moneda para solicitar a la Subdere que invalide este reglamento, ante una serie de vicios en su legalidad, además de la presentación en Contraloría.

Acciones que buscan frenar una mala vía para habilitar una ley que fue aprobada en el Parlamento después de una larga discusión y que, para Danae Mlynarz, integrante del instituto Igualdad, tampoco se ha informado como corresponde.

“Esta ley se promulgó el 16 de febrero, fecha en que toda la gente estaba de vacaciones. No se le informó a ningún dirigente social, no se ha comunicado nada sobre este nuevo derecho que tiene la ciudadanía, por lo tanto, eso demuestra que a este gobierno no le acomoda una ley de participación ciudadana y eso queda ratificado en su reglamento tipo de la Subdere”, dijo Danae Mlynarz.

La dirigente agregó que quieren que “la Contraloría rectifique esta situación para que los municipios de Chile puedan tener una normativa en la cual basarse que se fundamente en los principios de la ley y que efectivamente avancemos en participación ciudadana porque eso significa fortalecer la democracia”.

Y si bien el documento aún es un borrador sujeto a las consideraciones de los alcaldes, el 16 de agosto vence el plazo en el que la Sudbere deberá implementar este reglamento a través de una ordenanza, con lo que oficializará esta forma de aplicar la tan anhelada Ley de Participación Ciudadana.