Después de seis meses de estar involucrados en las batallas por mejorar la educación del país cuesta mucho tratar de hacer análisis “objetivos”; dada la complejidad de las estructuras es cuestionable el concepto de objetividad para el análisis de este tipo de problemas de orden social.
Dicho eso, se hace necesario contextualizar y analizar la propuesta de la Oposición (ampliada, al parecer) dada a conocer el 13 de noviembre y que consta de ocho puntos.
No se puede negar que este grado de consenso habría sido imposible de imaginar en abril: muchos personeros importantes de la oposición, que fueron gobierno durante veinte años, jamás habrían tolerado mucho de lo propuesto hoy en ese documento. Desde ese punto de vista se podría inferir que el movimiento estudiantil “movió los límites” de la propia Concertación. Al comparar este documento con el emitido por la propia Concertación a comienzos de agosto (“Respuesta al Acuerdo Social”), se ve un giro conceptual que no es menor: finalmente se admite que ningún privado debería lucrar con fondos estatales a ningún nivel de la educación (punto 2) y por otro lado se pone en evidencia la necesidad de contar con recursos permanentes para solventar la nueva educación y cuya fuente podría ser una reforma tributaria (punto 8). Sin embargo, el documento de agosto tenía una mayor cobertura de temas que hoy parecen postergados presumiblemente por la urgencia de llegar a acuerdos y de tener buen pie para negociar el Presupuesto de la Nación en el Congreso Nacional.
Resta entonces comprender la causa de que a menos de 24 horas de conocido el documento, ya se hayan alzado voces cuestionadoras desde representantes sociales que han participado del movimiento. Se ha insistido en el “cambio estructural” del sistema educativo; desde la bandera inicial de “fin al lucro” la meta se amplió a la “educación gratuita y de calidad en todos los niveles” y aunque a la derecha no le guste, han surgido varios estudios y propuestas desde el mundo social validando la tesis de que la gratuidad sí es posible y sí es justa, puesto que el famoso “subsidio” a los más ricos es proporcionalmente tan pequeño (los muy ricos son tan pocos en el país) que no vale la pena molestarse por él. Así, la ampliación de las becas a los 7 deciles más pobres se ve como una validación de la estructura actual y el intento por mejorar los ingresos de las Ues del CRUCH aumentando el Aporte Fiscal Directo (AFD) también como una validación de una estructura de financiamiento institucional que es a todas luces obsoleta. No es lo que los países desarrollados han hecho para tener buenos estándares de educación ni lo que permite proyectar una mejora en nuestros pobres índices comparativos con los demás países de la OCDE. Las Universidades complejas requieren financiar, además de los procesos de formación de los profesionales del futuro, las actividades que hoy realizan por el bien del país: investigación y extensión.
Pero los principales argumentos para desconfiar de la propuesta de la oposición no son de orden teórico ni ideológico: son políticos. Por un lado resulta demasiado evidente que lo que se está queriendo solucionar con esta propuesta es el embrollo del Presupuesto de la Nación en el que la Concertación necesita hacerse partícipe para validar su existencia como ente político y todos sabemos que la solución a largo plazo de la pésima educación (en todos los niveles), no pasa por maquillar un presupuesto anual que vino desde el ejecutivo sin verdaderas innovaciones que nos den esperanza y que además es víctima del mínimo margen de acción que tiene el Congreso (muy deslegitimado, por demás) en un régimen groseramente presidencialista como el de Chile. Por otro lado, la Oposición carece de credibilidad, huelga decirlo, y ese problema no se resuelve “a río revuelto”: quizás puedan resolver su problema electoral en el contexto de un régimen de dudosa calidad democrática (lo que sin duda generará una vez más un enorme resentimiento en el movimiento estudiantil), pero no ganarán valor institucional: el movimiento social no cree en la Concertación.
Así las cosas, el “movimiento por la educación” está en una disyuntiva que será determinante: ya se ven señales de los que quieren negociar en un escenario de “real-politik” para llegar a metas que indiscutiblemente son un avance pero que están lejos de lo demandado por las centenas de miles que se vieron en las calles. En frente están aquellos que llaman a no transar con lo que se consideran los “mínimos justos” después de tanta energía invertida en este proceso. Una buena coordinación entre estas dos posturas internas del movimiento será la que permita apaciguar la frustración acumulada por tantos años de tan mala educación.
* Académico de la Universidad de Chile y Senador Universitario.
