Definir los pasos a seguir y coordinar el paro nacional convocado por la CUT y la ANEF para el próximo 26 de noviembre fue el objetivo de una reunión sostenida esta tarde por los integrantes de la Mesa de Trabajadores Públicos frente a las negociaciones por el reajuste salarial 2012.

El Ejecutivo ofreció un 4% de reajuste, lo que fue rechazado por la instancia  que agrupa a las 14 organizaciones que representan a los trabajadores del Estado, quienes piden un 9,8%.

Los dirigentes de los trabajadores del Estado lamentaron que a la reunión del viernes pasado para exponer las distintas posturas no llegara ningún ministro, lo que además fue calificado por parlamentarios concertacionistas como un desaire hacia los trabajadores.

Según el diputado DC Pablo Lorenzini, esto demostró un “desinterés por los trabajadores al no presentar como interlocutor en la mesa de diálogo algún ministro de las carteras pertinentes. Sin embargo, cuando se trata de temas empresariales como Codelco, desde Hawaii el Presidente Piñera le dedica tiempo a eso y los ministros se reúnen para eso”.

Las bancadas DC y PPD dieron su apoyo a los trabajadores del sector público, diciendo que no aprobarían un reajuste de al menos un 6,5%, además de apodar al 4% ofrecido por el Gobierno como “mezquino”.

Carolina Espinoza,  presidenta de la  Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), declaró que el reajuste salarial debe, además de recuperar el poder adquisitivo básico, hacer parte a los trabajadores del crecimiento del país, que está proyectado en un 6%.

“Nosotros insistimos en la necesidad de más justicia social, y el acuerdo que se logre con esta mesa no sólo repercute en la vida de más de XX mil trabajadores públicos civiles y uniformados, sino que también es un parámetro para los trabajadores del mundo privado y para avanzar hacia un mundo más equitativo”, afirmó Espinoza.

No sólo reajuste

Además, la dirigente afirmó que en el pliego reivindicativo del sector público “no sólo hay una cifra de reajuste y bonificaciones sino que también hay temas que apuntan a las condiciones del empleo. El Estado debería ser un ejemplo para el resto de los empleadores del país, pero hoy se están vulnerando derechos laborales tremendos dentro del Estado”.

En ese sentido, los dirigentes del sector público denuncian que las prácticas anti sindicales se han instalado de forma sistemática durante este gobierno, en las reparticiones públicas desde Arica a Punta Arenas.

Es por esto que por primera vez dentro de los puntos del petitorio se exige que “cese desde el  Gobierno las permanentes descalificaciones y desprestigios que, utilizando los medios de comunicación personeros de alto nivel han llevado a cabo, en contra de respetables organizaciones de trabajadores y sus dirigentes.”

Esto, además de que se respeten las horas de permiso sindical y lo estipulado en el Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Legislación vigente para el sector público respecto a organización sindical.

Un punto del petitorio en el que se avanzó con el Ejecutivo es en el de constituir una Mesa Bipartita Especial, ya que los trabajadores públicos manifiestan que a “la decisión de flexibilizar el uso del postnatal parental debe ser decisión exclusiva de la trabajadora y cualquier reglamento respecto a la Ley de Postnatal debe ser elaborado de conjunto con las organizaciones del sector y no unilateralmente”.