En los últimos días, dos noticias llaman a la reflexión respecto al desarrollo de nuestras ciudades. En primer lugar, este año se venderán casi 350 mil autos nuevos, más de la mitad de ellos se quedaran en la región Metropolitana. En segundo lugar, se descubrió que muchos bienes inmuebles que posee el Estado, a través del ministerio de Bienes Nacionales, estaban siendo ilegalmente utilizados.

Respecto a la cantidad de automóviles nuevos, cabe señalar que esa cifra significa que en la ciudad de Santiago, se incorporan diariamente 500  automóviles nuevos (si, leyó bien, quinientos). Este verdadero atentado urbanístico se realiza con una total ausencia de normas del Estado. De esta manera, se aumentará peligrosamente la contaminación, se congestionarán aun mas nuestras vías (perjudicando principalmente a las personas más pobres que se desplazan en transporte público) y se continuará empeorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Es por esta razón que constituye una propuesta populista y regresiva la de personeros políticos, de todos los colores, que plantean rebajar o eliminar el impuesto específico a los combustibles. ¿Sabía usted que el 90% del consumo de bencina está relacionado con el uso de automóviles? ¿Sabía usted que el 60% de ese impuesto especifico lo paga el 20% más rico del país? ¿Y sabía además que el 75% de los hogares más pobres no poseen automóvil? Es decir, pese a la gran explosión del consumo de automóvil, este aún se concentra en los sectores de más altos ingresos. Por lo tanto, plantear demagógicamente la eliminación o disminución de dicho impuesto significará un beneficio a los bolsillos de los sectores más ricos de nuestra sociedad.

La segunda noticia se refiere al hecho que se descubrió que varios inmuebles de propiedad del Estado (parte del múltiple patrimonio del ministerio de Bienes Nacionales) estaban siendo ocupados ilegalmente.

Por lo tanto, ¿no sería esta la oportunidad para plantear que el Estado destine esos predios, excelentemente ubicados, para construir vivienda para los sectores más pobres?

Como es sabido, el Estado debe asumir el costo del subsidio a la vivienda social, debido a lo cual, para optimizar la cantidad de viviendas sociales otorgadas (o subsidiadas), se ha optado por localizar estas viviendas en la periferia de la ciudad o en aéreas con servicios deficitarios, ya que el precio del suelo en esos lugares es menor. Como consecuencia de lo anterior, el Estado, por otra vía, debe gastar aun más recursos en los servicios y conexiones para esas localizaciones de vivienda social, que constituyen verdaderos depósito de pobres. Situación inaceptable desde el punto de vista urbano, cultural, ético e incluso económico.

Sería interesante hacer un cálculo del ahorro sectorial en el precio del suelo para localizar estas viviendas en la periferia de la ciudad, y comparar dicho ahorro con el sobre gasto en otros sectores que debe realizar el Fisco, producto de esta ubicación periférica. Tal vez nos encontremos con la sorpresa que, incluso desde el punto de vista económico, constituye un gran error seguir segregando la ciudad.

En este contexto, el ministerio de Bienes nacionales tiene la posibilidad de iniciar un cambio real, y simbólico, en la construcción de nuestras ciudades.