Infiltración de movilizaciones, tareas de inteligencia y recopilación de información ilegales: éstas son las graves acusaciones que enfrenta el gobierno argentino con el escándalo hoy conocido como “Proyecto X”, en referencia a una base de datos constituida por la Gendarmería Nacional. La denuncia surgió de sospechas de líderes de organizaciones sociales que habían detectado la presencia en manifestaciones vinculadas a conflictos gremiales de civiles que se presentaban como periodistas pero eran desconocidos de los hombres de prensa y tenían contactos con los gendarmes enviados al lugar en cumplimiento de sus funciones. Fue presentada ante los tribunales por dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos y motivó que el juez federal Norberto Oyarbide solicitara información a la Gendarmería.
En su respuesta, el jefe de la fuerza, comandante general Héctor Bernabé Schenone, afirmó que los gendarmes realizan de forma “habitual” investigaciones sobre “lugares, personas, vehículos, actividades y zonas”, a pedido de la Justicia o, sin orden judicial, “en conocimiento o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública”, en cuyo caso, según el código procesal, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente. Añade Schenone que dichas investigaciones alimentas tres bases de datos, entre ellas una llamada Proyecto X y hasta ahora desconocida.
Las protestas que habrían sido infiltradas por la gendarmería datan de 2009 y 2010, el informe de Schenone al juez, de fines de diciembre de 2011, pero la polémica surgió a mediados de febrero de este año, cuando dirigentes sociales revelaron que Proyecto X incluía informaciones relativas a la afiliación política y a los hábitos de manifestantes. Los medios de comunicación aportaron más datos sobre el tema, al tiempo que la oposición amplió las denuncias de los gremialistas y defensores de los derechos humanos.
Respecto del Proyecto X, se cuestiona la conformidad de esta base de datos con la ley 25.550, según la cual está prohibido que organismos públicos obtengan información de personas por su “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. Por otra parte, se sospecha que la gendarmería realiza investigaciones de inteligencia sin orden judicial que regulariza con posterioridad ante la Justicia.
El gobierno pareció sorprendido por estas acusaciones. En una primera y tardía reacción, vía la red social Twitter, la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmó haber ordenado una auditoría del Proyecto X, calificado de simple “software”, no sin agregar que sería “inflexible” si se demostrara que hubo “espionaje político”. Por otra parte, reivindicó la acción llevada a cabo bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos para barrer toda sospecha de persecución a militantes.
Cuando se habla de espionaje político y de persecución gremial en la Argentina, ello suscita gran emoción por el terrible antecedente de la dictadura militar. Obviamente, nadie piensa que el Proyecto X tenga algo que ver con el sistema de espionaje interno que existió en los años setenta. Puede que, como ocurre en muchos países cuando no se ejerce un suficiente control sobre las fuerzas de seguridad, se trate de una iniciativa autónoma de la Gendarmería. Pero la falta de control de la autoridad política sobre las instituciones policiales es, precisamente, un problema recurrente en la Argentina.
Por otra parte, lo que lleva hoy a algunos a acusar al gobierno de querer “criminalizar la protesta social” son hechos recientes que parecen traducir una inédita voluntad de controlar las manifestaciones en la vía pública después de años de pasividad ante los cortes de calles y carreteras. En los últimos tiempos hubo desalojos de ocupaciones en varias provincias, manifestantes ambientalistas fueron reprimidos en Catamarca y, hace unos días, en la capital, por orden de la ministra Garré, un “piquete” de ex soldados movilizados durante la guerra de las Malvinas pero que no participaron del conflicto, fue levantado mediante una enérgica intervención popular. Ello, a pocas semanas de que fuera votada la llamada “ley antiterrorista” (en realidad, una modificación de una ley anterior) que autorizaría, según las organizaciones sociales, de derechos humanos y parte de la oposición, por la vaguedad con que define el concepto de “terrorismo”, dicha “criminalización” de las protestas.
Infiltración de movilizaciones, tareas de inteligencia y recopilación de información ilegales: éstas son las graves acusaciones que enfrenta el gobierno argentino con el escándalo hoy conocido como “Proyecto X”, en referencia a una base de datos constituida por la Gendarmería Nacional. La denuncia surgió de sospechas de líderes de organizaciones sociales que habían detectado la presencia en manifestaciones vinculadas a conflictos gremiales de civiles que se presentaban como periodistas pero eran desconocidos de los hombres de prensa y tenían contactos con los gendarmes enviados al lugar en cumplimiento de sus funciones. Fue presentada ante los tribunales por dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos y motivó que el juez federal Norberto Oyarbide solicitara información a la Gendarmería.
En su respuesta, el jefe de la fuerza, comandante general Héctor Bernabé Schenone, afirmó que los gendarmes realizan de forma “habitual” investigaciones sobre “lugares, personas, vehículos, actividades y zonas”, a pedido de la Justicia o, sin orden judicial, “en conocimiento o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública”, en cuyo caso, según el código procesal, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente. Añade Schenone que dichas investigaciones alimentas tres bases de datos, entre ellas una llamada Proyecto X y hasta ahora desconocida.
Las protestas que habrían sido infiltradas por la gendarmería datan de 2009 y 2010, el informe de Schenone al juez, de fines de diciembre de 2011, pero la polémica surgió a mediados de febrero de este año, cuando dirigentes sociales revelaron que Proyecto X incluía informaciones relativas a la afiliación política y a los hábitos de manifestantes. Los medios de comunicación aportaron más datos sobre el tema, al tiempo que la oposición amplió las denuncias de los gremialistas y defensores de los derechos humanos.
Respecto del Proyecto X, se cuestiona la conformidad de esta base de datos con la ley 25.550, según la cual está prohibido que organismos públicos obtengan información de personas por su “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. Por otra parte, se sospecha que la gendarmería realiza investigaciones de inteligencia sin orden judicial que regulariza con posterioridad ante la Justicia.
El gobierno pareció sorprendido por estas acusaciones. En una primera y tardía reacción, vía la red social Twitter, la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmó haber ordenado una auditoría del Proyecto X, calificado de simple “software”, no sin agregar que sería “inflexible” si se demostrara que hubo “espionaje político”. Por otra parte, reivindicó la acción llevada a cabo bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos para barrer toda sospecha de persecución a militantes.
Cuando se habla de espionaje político y de persecución gremial en la Argentina, ello suscita gran emoción por el terrible antecedente de la dictadura militar. Obviamente, nadie piensa que el Proyecto X tenga algo que ver con el sistema de espionaje interno que existió en los años setenta. Puede que, como ocurre en muchos países cuando no se ejerce un suficiente control sobre las fuerzas de seguridad, se trate de una iniciativa autónoma de la Gendarmería. Pero la falta de control de la autoridad política sobre las instituciones policiales es, precisamente, un problema recurrente en la Argentina.
Por otra parte, lo que lleva hoy a algunos a acusar al gobierno de querer “criminalizar la protesta social” son hechos recientes que parecen traducir una inédita voluntad de controlar las manifestaciones en la vía pública después de años de pasividad ante los cortes de calles y carreteras. En los últimos tiempos hubo desalojos de ocupaciones en varias provincias, manifestantes ambientalistas fueron reprimidos en Catamarca y, hace unos días, en la capital, por orden de la ministra Garré, un “piquete” de ex soldados movilizados durante la guerra de las Malvinas pero que no participaron del conflicto, fue levantado mediante una enérgica intervención popular. Ello, a pocas semanas de que fuera votada la llamada “ley antiterrorista” (en realidad, una modificación de una ley anterior) que autorizaría, según las organizaciones sociales, de derechos humanos y parte de la oposición, por la vaguedad con que define el concepto de “terrorismo”, dicha “criminalización” de las protestas.
Infiltración de movilizaciones, tareas de inteligencia y recopilación de información ilegales: éstas son las graves acusaciones que enfrenta el gobierno argentino con el escándalo hoy conocido como “Proyecto X”, en referencia a una base de datos constituida por la Gendarmería Nacional. La denuncia surgió de sospechas de líderes de organizaciones sociales que habían detectado la presencia en manifestaciones vinculadas a conflictos gremiales de civiles que se presentaban como periodistas pero eran desconocidos de los hombres de prensa y tenían contactos con los gendarmes enviados al lugar en cumplimiento de sus funciones. Fue presentada ante los tribunales por dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos y motivó que el juez federal Norberto Oyarbide solicitara información a la Gendarmería.
En su respuesta, el jefe de la fuerza, comandante general Héctor Bernabé Schenone, afirmó que los gendarmes realizan de forma “habitual” investigaciones sobre “lugares, personas, vehículos, actividades y zonas”, a pedido de la Justicia o, sin orden judicial, “en conocimiento o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública”, en cuyo caso, según el código procesal, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente. Añade Schenone que dichas investigaciones alimentas tres bases de datos, entre ellas una llamada Proyecto X y hasta ahora desconocida.
Las protestas que habrían sido infiltradas por la gendarmería datan de 2009 y 2010, el informe de Schenone al juez, de fines de diciembre de 2011, pero la polémica surgió a mediados de febrero de este año, cuando dirigentes sociales revelaron que Proyecto X incluía informaciones relativas a la afiliación política y a los hábitos de manifestantes. Los medios de comunicación aportaron más datos sobre el tema, al tiempo que la oposición amplió las denuncias de los gremialistas y defensores de los derechos humanos.
Respecto del Proyecto X, se cuestiona la conformidad de esta base de datos con la ley 25.550, según la cual está prohibido que organismos públicos obtengan información de personas por su “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. Por otra parte, se sospecha que la gendarmería realiza investigaciones de inteligencia sin orden judicial que regulariza con posterioridad ante la Justicia.
El gobierno pareció sorprendido por estas acusaciones. En una primera y tardía reacción, vía la red social Twitter, la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmó haber ordenado una auditoría del Proyecto X, calificado de simple “software”, no sin agregar que sería “inflexible” si se demostrara que hubo “espionaje político”. Por otra parte, reivindicó la acción llevada a cabo bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos para barrer toda sospecha de persecución a militantes.
Cuando se habla de espionaje político y de persecución gremial en la Argentina, ello suscita gran emoción por el terrible antecedente de la dictadura militar. Obviamente, nadie piensa que el Proyecto X tenga algo que ver con el sistema de espionaje interno que existió en los años setenta. Puede que, como ocurre en muchos países cuando no se ejerce un suficiente control sobre las fuerzas de seguridad, se trate de una iniciativa autónoma de la Gendarmería. Pero la falta de control de la autoridad política sobre las instituciones policiales es, precisamente, un problema recurrente en la Argentina.
Por otra parte, lo que lleva hoy a algunos a acusar al gobierno de querer “criminalizar la protesta social” son hechos recientes que parecen traducir una inédita voluntad de controlar las manifestaciones en la vía pública después de años de pasividad ante los cortes de calles y carreteras. En los últimos tiempos hubo desalojos de ocupaciones en varias provincias, manifestantes ambientalistas fueron reprimidos en Catamarca y, hace unos días, en la capital, por orden de la ministra Garré, un “piquete” de ex soldados movilizados durante la guerra de las Malvinas pero que no participaron del conflicto, fue levantado mediante una enérgica intervención popular. Ello, a pocas semanas de que fuera votada la llamada “ley antiterrorista” (en realidad, una modificación de una ley anterior) que autorizaría, según las organizaciones sociales, de derechos humanos y parte de la oposición, por la vaguedad con que define el concepto de “terrorismo”, dicha “criminalización” de las protestas.
