Las máximas sanciones. Debido a la gravedad del episodio y, tal como está establecido en las bases de la licitación, Junaeb tiene la facultad de aplicar drásticas sanciones económicas por incumplimiento de contrato de la empresa involucrada.

Estas sanciones pueden llegar a 40 UTM, es decir un millón 576 mil pesos por niño afectado, o sea, más 315 millones de pesos en total considerando los aproximadamente 200 alumnos.

El proveedor está expuesto a sanciones por incumplimiento del código sanitario, si el resultado del sumario determina que tiene  responsabilidades. Además, la empresa está obligada por contrato a subrogar los gastos médicos de los afectados, no cubiertos por los seguros médicos una vez concluido el sumario sanitario.

Sin embargo, pese a estas medidas anunciadas por el organismo, desde el mundo parlamentario han surgido duras críticas a la falta de fiscalización a las empresas licitadas. El presidente del Senado, Guido Girardi, afirmó que esta situación no es casual, sino síntoma de una grave falta de regulaciones claras sobre alimentación.

“Esto es un daño al prestigio de la imagen de la Junaeb y creo que esto tiene que ser un factor de alerta porque estos casos nunca ocurren como hechos aislados, un caso quiere decir que hay más casos, tal vez, no se han expresado como intoxicaciones donde los niños llegan al hospital, pero le aseguro que pueden haber muchos niños que tienen cuadros de diarrea, dolor abdominal, que no son lo suficientemente importante para llegar a la urgencia, pero que ocurren o niños que están haciendo hepatitis y que a veces no se logra identificar el agente causal”, señaló el parlamentario.

El senador PPD extendió la crítica apuntando hacia una falta de mirada a nivel nacional en este tema. “En este país no hay una política de seguridad alimentaria. No se miden componentes dañinos como las dioxinas o la influencia de los plaguicidas en lo que comemos”, afirmó, e hizo un llamado a crear un Plan Nacional de monitorio y vigilancia permanente.

Girardi añadió que la Junaeb no ha querido y que no ha existido tampoco voluntad del Gobierno de modificar la fórmula nutricional que se les entrega a los menores, ya que las raciones tienen un aporte sobre-calórico y contribuyen a la obesidad.