Con una serie de opiniones sobre el mall de Castro, este sigue construyéndose al parecer contra todo: normativas y regulaciones, opiniones expertas, sentido común, decencia incluso. Se ha aprobado en el concejo municipal una consulta ciudadana, no vinculante, por cierto.

A los ediles les gusta que en sus comunas se construya. Trae derechos de construcción, patentes, empleo… Externalidades positivas, dicen. Esto se resuelve bien con los malls (“alameda, paseo público nivelado y con árboles” en el diccionario) donde ocurriría la versión postmoderna de vida social en un espacio… ¿público?

Por dentro todos son más o menos iguales en cualquier parte del mundo. La diferencia está en cómo se instalan en las ciudades. Si revisamos lo que ha pasado en nuestro país, los ejemplos de emplazamiento son poco felices. Castro es elocuente. El esquema es conocido: extensiones de estacionamiento, accesos saturados, colapso del comercio cercano, externalidades que se socializan, costos que pagamos todos por una privatización concentrada.

Malls, hoteles o casinos son universalmente aceptados. La perversión, una vez más, está en la ejecución de ideas necesarias, útiles y deseadas. El resultado es desolador: se hace privatizando utilidades y socializando pérdidas. Tan simple como eso.

¿Qué hacer entonces? Hay varios ámbitos, todos de sentido común y reiterados.

Uno es fiscalizar el cumplimiento de normativas, pues si sólo se cumplieran las leyes urbanas ya sería infinitamente mejor. Porque a cada paso se ‘descubre’ que no hay mucha estrictez en la aplicación de normas y reglamentos, que en grandes emprendimientos hay gran permisividad, a costa de bienes públicos, como la imagen de las torres de la iglesia en Castro, su tamaño y presencia que ya no existirá más.

Otro es la ética. Hay que decirlo simple: se trata de lo que es bueno y lo que es malo. Bueno o malo: ¿para qué, para quienes, cuándo, cómo? El ejercicio de la planificación contemporánea ya no es el designio moderno sino una negociación informada que busca justicia en la ciudad.

Una ética urbana significa decidir qué es lo que se acuerda para las ciudades y el territorio: ¿son para aumentar los bienes públicos o las ganancias privadas? Hay que encontrar el punto de equilibrio y el Estado tiene la responsabilidad de resguardarlo. Arquitectura, urbanismo, planificación, son asuntos de estética y de ética, de política y de voluntad, no sólo de expertos o burocracias y necesitan más que ‘participación ciudadana’. Participar es algo que tenemos que aprender a hacer, para encontrar un ajuste entre particular y colectivo.

Parece natural que beneficios privados estén por sobre bienes públicos. Esta ‘naturalidad’ de los negocios inmobiliarios la sufrimos con cada uno de estos ejemplos en nuestras ciudades.

Hay otros temas álgidos, entre ellos la vivienda social, el transporte público, la extensión de las ciudades y la especulación con el suelo urbano, la sustentabilidad… En definitiva, parece que es el tipo de desarrollo el que está en cuestión en nuestro Chile.

*Docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Arquitecto, magíster en desarrollo urbano, doctor (c) en arquitectura y estudios urbanos