Al mediodía de este viernes se conoció el veredicto del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el que cual fue absolutorio para los seis imputados en el juicio del caso bombas, cuatro de ellos por colocación de artefacto explosivo y dos por financiamiento terrorista.

La jueza Marcela Sandoval argumentó la determinación unánime del tribunal en varios puntos, uno de los cuales fue que la declaración de Gustavo Fuentes Aliaga, donde él se declara culpable y aporta antecedentes de otras personas, careció de un debido proceso y, por ende, no podía ser tomada en consideración.

Sobre la colocación de bombas, la jueza señaló que ni la Fiscalía Sur ni la parte querellante del ministerio del Interior pudieron comprobar la participación de los inculpados, además de que los mismos sucesos no ameritaban la calificación de terroristas.

La magistrado desestimó también la acusación de financiamiento terrorista en contra de Carlos Riveros y Omar Hermosilla, ya que no se acreditaron transferencias de fondos, hubo pruebas fuera del marco legal y, lo más importante, ya se había desechado la figura de asociación ilícita, por lo que era incongruente acusar a personas de financiar algo que no existió.

En esta línea, el abogado defensor de Omar Hermosilla, Rodrigo Román, sostuvo que “quedó demostrada la falta de profesionalismo, no sólo de las policías sino que también del Ministerio Público”.

Además, el jurista agregó que estudiarán acciones legales en contra del Estado por su participación, a través del ministerio del Interior, en este caso y el perjuicio que produjo a chilenos inocentes.

“La tranquilidad que pueden tener los chilenos es que se ha demostrado que esto es un montaje, esta es una de las investigaciones más ordinarias que ha tenido el sistema de enjuiciamiento criminal y se han puesto las cosas en su lugar con esta sentencia absolutoria. Con posterioridad, es muy probable que demandemos civilmente por la responsabilidad que tenga el Estado chileno al acusar de terroristas a personas que no lo son y mantenerlas largamente privadas de libertad”, señaló Román.

Omar Hermosilla, por su parte, afirmó que el fallo es el resumen de algo que siempre han sostenido, que el juicio “ha sido un montaje, con pruebas burdas y que nunca pudieron legitimar nada de lo sostenido por los fiscales”.

Felipe Guerra, absuelto del delito de colocación de artefacto explosivo, junto a Mónica Caballero, Francisco Solar y Gustavo Fuentes Aliaga, conversó con Radio Universidad de Chile y adelantó que el caso, probablemente, siga en otras instancias judiciales.

“Lo que ha quedado claro es que el terrorismo viene de parte del Estado, de parte de la Fiscalía, que con acciones represivas, con allanamientos, con detenciones busca generar el temor justificado a que otra gente sea víctima de la represión. Es lo mismo que dice la Ley Antiterrorista pero aplicado a ellos. Se toma bien el fallo, pero entendemos que acá va a continuar el caso, en Corte de Apelaciones, suponemos que la Fiscalía seguirá mañosa apelando, y seguiremos firmes, tratando de mantener la dignidad, en un proceso que ha sido bastante terrible y terrorífico”, sostuvo Guerra.

El fiscal jefe de la zona sur, Raúl Guzmán, adelantó que una vez que se conozcan los fundamentos del fallo van a analizar futuros pasos procesales.

El persecutor se refirió al detalle de los fundamentos que dieron sustento a la decisión del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, y que dicen relación con una gran cantidad de pruebas indirectas y relaciones poco claras, según explicó este tribunal antes de dictar sentencia.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, indicó que el caso bombas es la causa que “más desprestigio ha traído al Ministerio Público”.

Proceso que para él tiene un responsable, el ex fiscal Alejandro Peña, hoy asesor del ministerio del Interior, “él tomó las decisiones, que hoy estamos viendo en este lamentable fallo”, señaló Orthusteguy.

“Nosotros como Asociación de Fiscales no vamos a satanizar al fiscal Peña, pero evidentemente tiene que dar un paso al costado por dignidad profesional, él tiene que dejar el cargo donde se encuentra y si no lo hace voluntariamente el Presidente tendrá que tomar la decisión de que él abandone el cargo donde se encuentra. Esa es nuestra opinión”, aseguró el presidente de los fiscales.

Pocos minutos de conocida la sentencia absolutoria, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, habló desde La Moneda y dijo que “el fallo no pone fin ni debilitará el esfuerzo por procurar que los tribunales esclarezcan quienes son los responsables de las bombas que fueron colocadas en el país”.

Aún así el secretario de Estado indicó que acatarán el fallo, aunque no desestimó la aplicación de recursos procesales a futuro.

“Los fiscales o los abogados querellantes realizan sus solicitudes de acuerdo a su convicción y son los tribunales de justicia los que, soberanamente, establecen responsabilidades penales o absuelven de ella. A partir de eso, sin perjuicio de los recursos procesales que pudiesen estimarse procedentes, solo queda acatar lo que se disponga en definitiva”, dijo Hinzpeter.

Los fundamentos del fallo unánime del Tercer Tribunal Oral en lo Penal se entregarán el próximo 2 de agosto, a partir de allí las distintas partes comenzarán a delinear sus futuras acciones en este caso que, en primera instancia, culminó luego de seis meses de juicio oral y más de dos años de investigaciones.