La ley obliga a las 16 universidades estatales a publicar en sus sitios web variada información, desde su organización hasta los presupuestos y remuneraciones de profesores.

Nuevamente, el ítem en que se detectó menos cumplimiento fue en la publicación de las auditorías, que llegó a un 40,18 por ciento; seguida por los subsidios y beneficios económicos que recibe la universidad, que fue de un 58,51 por ciento.

En cambio, aumentó a un 74,95 por ciento la información sobre las remuneraciones del personal, que era otro de los aspectos débiles.

Sobre las entidades en que las universidades tienen participación, el nivel de información fue de 70,53 por ciento.

Pese a los progresos, el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, indicó que “esta fiscalización muestra un avance aún insatisfactorio, por lo que esperamos que haya más trabajo y mejoras”.

Ferreiro agregó que no existe relación entre la “envergadura o capacidad económica” que tenga un plantel con el nivel de cumplimiento de la norma, el que depende “del compromiso de las autoridades de cada universidad”.

Las universidades mejor evaluadas fueron la de Tarapacá, La Frontera  y La Serena; mientras que las peor calificadas fueron la Arturo Prat, de Magallanes y la Utem .

La Universidad de Chile se ubicó en la parte media de la tabla, con un 76,22 por ciento, registrando un pequeño aumento en cuanto a la entrega de información en relación a la última medición.

En tanto, la Universidad de Santiago se situó más abajo, con un 67,26 por ciento.