Esta es la última semana en que el Parlamento podrá debatir el reajuste del Ingreso Mínimo Mensual, el que debería comenzar a regir a partir del 1 de julio, y que luego de polémicas discusiones en la Cámara de Diputados, se discutirá un sueldo mínimo final de 193 mil pesos en el Senado.

La discusión se ha basado principalmente en que la oposición y parte de la bancada de Renovación Nacional apoyan la idea de ofrecer una cifra mínima de 200 mil pesos, mientras que la CUT solicitó que el reajuste llegue a 250 mil.

Ante esta posibilidad, el ministro de Economía, Pablo Longueira, insistió en la postura del Gobierno, que asegura que no se puede hacer un ajuste muy alto en pos de proteger la empleabilidad.

En este sentido, el secretario de Estado dijo “si nosotros ponemos el sueldo mínimo que ha planteado la CUT, que yo no sé con quién va a llegar a un acuerdo en el futuro, porque no se qué Gobierno en un año va a dar un salto de esa magnitud, porque hay una cosa que hay que entender, el salario mínimo es cero, es el del desempleado y eso es lo que tenemos que evitar. Por haber aumentado en el pasado, el salario mínimo en un porcentaje que no estaba vinculado a la inflación y a la productividad, nos significó tener siete años en Chile desempleo de dos dígitos”.

A pesar de las cifras que se debaten en el Congreso, se han levantado otras alternativas, por ejemplo durante la semana, el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, planteó que se debe establecer un plan de mediano plazo para intentar llegar a un sueldo mínimo digno.

Esto, al considerar imposible realizar un reajuste mayor y trascendente de un año hacia otro. De todas maneras, al ser consultado por esta posibilidad, el ministro Longueira fue tajante al asegurar que la mejor opción es impulsar el proyecto de Salario Ético Familiar.

“El Ingreso Ético Familiar es un subsidio espectacular desde el punto de vista de política pública. En Chile para que saquemos a todos los chilenos con el ingreso ético familiar, que tienen ingresos bajo la línea de la pobreza, nos vamos a demorar cinco años y si destinamos el 1 por ciento del PIB a ese programa en cinco años no hay ninguna familia en el país que esté bajo la línea de la pobreza. El siguiente país latinoamericano que quisiera hacer lo mismo, necesita destinar el 56 por ciento del producto”, afirmó Longueira.

Por otra parte, entrevistado en Radio Universidad de Chile el economista Hernán Frigolett expuso que estos reajustes deben hacerse en base a nuevos criterios que si apunten a que quienes viven del salario mínimo no pierdan poder adquisitivo.

“Debiéramos tomar dos indicadores de inflación, el IPC promedio o el IPC de los pobres, ponderado de acuerdo a la canasta del 40 por ciento más pobre de la población. Cuál es el objetivo ahí. Que no pierdan poder adquisitivo, o sea, que realmente es un salario mínimo y tenemos que cautelar que su poder adquisitivo se mantenga y por otro lado, ponerle un ajuste adicional que debiera ser la productividad promedio de la economía y la productividad promedio de la economía de los trabajadores en todos los sectores, el promedio dice que crece aproximadamente a un dos por ciento”, explicó el economista.

En efecto, Kremerman también señaló que los indicadores recomendados por expertos de la OIT miden poder de compra, lo que con el reajuste propuesto “estaríamos enfrentándonos al valor más bajo de este salario en los últimos 23 años, incluso más bajo que en 1989, alcanzando un 29% del PIB per cápita chileno”.

Ante estos aspectos, distintos economistas que han planteado una nueva visión frente al tema, alejada de la discusión de guarismos en que se ha enfrascado el Parlamento, llaman a hacer una definición política de plazo, que apunte realmente a un alza sustancial del ingreso mínimo.