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Nuevos “ocupas”, subsidio e ideología

Columna de opinión por Julio Hurtado
Martes 17 de julio 2012 14:26 hrs.


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A raíz del terremoto de febrero de 2010, el Movimiento de Pobladores en Lucha organizó a varias familias damnificadas para ocupar dos viviendas en el centro de Santiago.  Es decir, con este acto “irregular” (una toma), se organizaron varias familias para mejorar varios aspectos de sus vidas. A saber, las condiciones de su vivienda, su localización dentro de la ciudad y sus condiciones de acceso laboral. Incluso, con esta acción hubo una mejoría en la calidad del barrio.

Como un subproducto de esta innovadora manera de conseguir viviendas, hubo ciertos logros que han tendido a reforzar el desarrollo personal y social de los involucrados, especialmente de las mujeres. Es así que hubo una sensible baja de los casos de violencia intrafamiliar y una disminución de la ingesta de alcohol. A lo anterior se agrega el hecho que mejoró la calidad de vida y aumentaron  las posibilidades de trabajo de estas familias, por estar cerca del centro de la ciudad. De paso, se ha promovido un proceso de mezcla social, fenómeno tan necesario y tan escaso en nuestras ciudades.

La intención de esta experiencia, pese a su origen “irregular”, es justamente “regularizar” esta situación a través de la postulación a un subsidio para comprar las casas ocupadas.

No obstante lo anterior, estamos en presencia de  una dificultad ideológico-institucional de proporciones, si es que queremos que se convierta en una política pública, ya que constituye un gran ejemplo que puede ser peligroso para la unicidad del modelo de desarrollo de ciudad que llevan adelante nuestras elites.

La  evidente contradicción entre esta experiencia con la tradicional y segregadora política de vivienda social, demuestra un conflicto con la institucionalidad estatal, con las autoridades políticas, con el grupo gobernante y, como es obvio, con la empresa privada. Pero, aclaremos, estamos frente a un conflicto político-ideológico y no técnico.

Desde el punto de vista técnico-social son evidentes los beneficios de esta experiencia, pero, desde el punto de vista ideológico, constituye un peligro para la elite económica y gobernante, debido a la magnitud del negocio inmobiliario involucrado en la ineficiente y regresiva política de vivienda social.

Tal es así que, de repente, el Ministerio de Bienes Nacionales sacó a licitación uno de los inmuebles tomados, a un precio similar al que estaban dispuestos a pagar los ocupantes (subsidio mediante). Estoy seguro que esta repentina decisión no fue tomada autónomamente por el Ministerio de Bienes Nacionales, sino que en instancias más políticas del gobierno (es decir, pura ideología).

Si bien la experiencia analizada es muy puntual, la rápida reacción para abortarla demuestra que las autoridades (y las elites, y los empresarios, y los políticos, y los partidos) no están dispuestas a revisar la regresiva política de vivienda social, que tantas distorsiones está generando en el cuerpo social.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.