Raphael Bergoeing, superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), se refirió a la responsabilidad que le compete a la banca privada respecto del escándalo de fraude y clonación de tarjetas.

Bergoeing cifró en más de 2450 transacciones realizadas, en un país donde se realizan 40 millones de operaciones de esta índole al mes.

El superintendente criticó las medidas de compensación de clientes, luego de realizado el delito: “Soy crítico en términos de que no todos los bancos se dieron cuenta de inmediato y su responsabilidad era devolver la totalidad de los recursos a cada uno de los clientes, tan pronto como los sistemas se lo permitieran, haciendo la investigación que ellos consideren necesarias después, para poder asegurarse que cada una de esas devoluciones hayan sido compatibles con la ley”.

Si bien el número de las víctimas es incalculable, según cifras de la superintendencia, el monto estafado asciende los 200 millones de pesos, y el número de estafados superan las 800 personas, principalmente concentradas en la región de La Araucanía.

Respecto del fraude masivo, el Fiscal Nacional, Sabás Chahuán se mostró “preocupado” por lo que no descartó un “eventual nuevo modo de operación delictivo”.

En este sentido, la máxima autoridad de la Fiscalía Nacional dijo que “nos llama la atención el hecho de que se haya concentrado en una zona y eso es motivo de la investigación, porque ahí  y en un sólo fin de semana prácticamente todo el fraude. Llama la atención el eventual nuevo modus operandi que podría darse y la seguridad de las tarjetas en sí, el plástico en sí, es resorte de las instituciones bancarias, lo mismo que los cajeros. Nos causa preocupación el hecho de que se haya vulnerado esa seguridad”.

Hasta ahora y en materia de compensación, Andrés Medina, fiscal de BancoEstado, ingresó el miércoles una demanda contra quienes resulten responsables de la clonación de tarjetas.

En materia similar, el abogado y secretario general de la Fundación Simón Yévenes, Raúl Meza, anunció que este lunes interpondrá junto a 500 clientes, un recurso de protección, por cuanto señaló “representa una amenaza de la garantía constitucional del derecho de propiedad”.

En esa línea, el abogado explicó que “en el recurso de protección estamos solicitándole a la Corte de Apelaciones que haga un requerimiento oficial a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y haga un requerimiento a través de un informe para que la superintendencia ordene de que informe a la Corte el sistema de seguridad y establezca plazos perentorios, no a fin de año como ha dicho la Asociación de Bancos para que este sistema de seguridad de tarjetas se modifique”.

No obstante, y siendo un recurso de protección de consumidores todavía no afectados por el fraude, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), señaló que la medida de Meza es complementaria pero no resolutiva.

“Es positivo que haya más ojos sobre el mercado porque la superintendencia no está cumpliendo su rol, pero las presiones deben ir en la línea de aplicar sanciones y compensaciones para las víctimas”, enfatizó el dirigente de los consumidores.

Respecto de las acciones judiciales, Hernán Calderón, detalló que “los recursos de protección en el fondo son para proteger ciertos aspectos de las personas, pero aquí tenemos un problema mucho más grave. La superintendencia actúa reactivamente, hoy estamos viendo que están superados por los hechos, hemos visto una clonación masiva que todavía no tenemos claridad si es producto de intervención en los cajeros o son de bases de datos que se filtraron a través de terceros, porque creemos que aquí hay algo mucho mayor y los sistemas de seguridad de los propios bancos están siendo vulnerados. Necesitamos que ellos inviertan realmente”, indicó.

De todas formas, las opiniones  coinciden en el hecho de  que “la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras no está a la altura del país”, señaló Calderón, quien además aseguró que el fraude se ha trasladado a Santiago y otras ciudades del país.

Ambas organizaciones instaron a la Superintendencia a que realice investigaciones en todas las entidades bursátiles del país.