Un hecho objetivo, el sistema político está en crisis y se constituye en una de las principales demandas que enfrenta nuestra sociedad, algo que no aceptan quienes pregonan la perfección de un modelo económico generador de desigualdades y un sistema político afín a sus intereses. Me refiero a ese sector minoritario que vive y se reconoce en la burbuja de un Chile de exportación que figura en el ranking mundial de competitividad (World Economic Forum), el cual nos ubica por delante de todos nuestros socios latinoamericanos.
En la voz de uno de sus principales exponentes, el multimillonario Sebastián Piñera (en la cuenta pública del 21 de mayo), escuchamos decir que los chilenos “tenemos hoy el ingreso per cápita más alto de América Latina”. Según sus palabras “hemos llegado a 15.800 dólares y para el 2016 se espera superar la barrera de los 20.000 dólares llegando a niveles de países desarrollados”.
Un cuento que se cae por si solo, significa que si cada chileno tiene un ingreso al año de 15.800 dólares, calculado a 500 pesos por dólar, el resultado es que nuestro ingreso anual es de $7.900.000 (siete millones novecientos mil pesos), por lo tanto una familia compuesta por cuatro personas debiera recibir 31.600.000 millones de pesos.
La realidad es bien distinta, diez millones de chilenos viven con menos de 3 millones de pesos al año, 250.000 pesos mensuales, lo cual significa que el 80% de las familias chilenas viven en hogares con ingresos inferiores a los 532.000 pesos.
Pero este Chile real distorsionado en el ámbito internacional, es el que permite la acumulación de una grosera riqueza multibillonaria en dólares, que según el ranking de la revista Forbes ( que señala las mayores riquezas en el mundo), ubica a “los chilenos” entre los top 100 de mundo: Allí aparece el presidente empresario de la República con $2,4 billones de dólares, los hermanos Matte con $10,4 billones, Horst Paulmann y su familia $10,5 billones entre otros.
Es evidente que para la clase política y económica que esta detrás de esto y que creó o perfeccionó el modelo con Pinochet, Chile es un país perfecto y debe seguir siendo así. Tienen un sistema de AFP que inyecta recursos frescos, de todos los chilenos, para capitalizar permanentemente a (sus) las grandes empresas. Un régimen tributario que les permite pagar menos impuestos en términos relativos que sus propios empleados, a través de créditos y exenciones.
Además privatizaron con la ayuda de gobiernos anteriores los servicios públicos y la explotación de recursos naturales como el cobre; Jibarizaron al Estado hasta dejarlo aislado de las decisiones económicas y políticas que le son inherentes; disponen de un modelo de relaciones laborales que consagra los bajos salarios e impide a los trabajadores la disputa de las utilidades a través de mecanismos como la negociación colectiva. Entonces para que van a cambiar las cosas, por el contrario lo que según ellos se debe hacer es parar y rápido todo tipo de germen que en el futuro puedan alterar sus riquezas e intereses.
Pero todas estas desigualdades insoportables, han dado pie a un despertar progresivo de la gente y que ojalá se plasme en las urnas en las próximas elecciones municipales y presidenciales. Una situación que se suma, en un mundo globalizado e interconectado, a lo que vive particularmente Europa, inmersos en una crisis en que todo el edificio del capitalismo se tambalea, una situación parecida, aunque no del todo comparable, con los años 1929.
En lo que respecta al modelo socioeconómico chileno, por la perversidad de la especulación y el abuso que le caracteriza, perdió hasta su capacidad de engaño y de crear conformismo, hoy en día el capitalismo ya no hace progresar la sociedad, no la lleva adelante, ya no genera la idea de que “si se vive hoy bien o mal mañana se estará mejor”. En este contexto el vínculo entre los diversos sectores sociales y políticos que por 20 años le han prestado su confianza y su apoyo a la clase dominante, a la clase social que está al frente de ese proceso y dirige al conjunto de la sociedad, que les han permitido consolidar y reforzar dicho sistema, es un vinculo que hoy se resquebraja.
Se les ha debilitado el secreto del funcionamiento del andamiaje capitalista, que consiste en que cada generación que vive mejor que la anterior promueve que el sistema es estable. Hasta ahora los dueños del poder estaban seguros que pueden venir todas las crisis que se quiera, pero mientras estas sean vistas como una simple etapa de dificultades temporales, dentro de una tendencia general a mejorar, no erosionarán el orden social ni el poder de la clase dominante.
Por eso es que les preocupa la agitación social actual en un mundo más o menos convulsionado, porque saben que el sistema tiene sus límites, (como lo explicaba Marx), porque tarde o temprano el desarrollo de las fuerzas productivas y sociales chocan contra los límites del marco que ha hecho posible dicho desarrollo y entran en conflicto con el poder.
Por todo esto entonces es cada vez más claro que este gobierno, exponente del mundo empresarial especulador, es el depositario de la crisis de un modelo socioeconómico que esta haciendo agua, que se rompió por el lado de los abusos en el sistema de educación, pero que irá en ascenso. Cada vez existe más conciencia del lucro desmedido en la banca, del verdadero papel del sistema de fondos y pensiones, el que con nuestro dinero alimenta a las grandes empresas y al modelo económico con fondos frescos mientras los chilenos (as) jubilamos con pensiones de hambre; de la explotación del cobre y nuestras riquezas sin permitir dejar los recursos en Chile para su desarrollo; de la energía y el agua en manos totalmente privadas, todo esto dibuja una situación que simplemente ya no da para más.
Pero la respuesta a esta crisis ya está empezando a escribirse y no será distinta a situaciones históricas previas, las clases dominantes de Chile para mantener su poder, su dominación sobre la sociedad, para tratar de contener los nuevos impulsos en la economía y las relaciones sociales sin que rompan el sistema social, comienzan una labor de control, expresado de distintas manera contra la sociedad (historia ya conocida, cuyo mayor exponente fue el golpe de Estado de 1973).
En este contexto no será extraño ver de vuelta a viejos dirigentes, que en apariencia son opositores pero en esencia son parte del juego, al ruedo político, para competir en las próximas elecciones por un cupo en el congreso, recreando así la defensa del sistema. Aumentaran los bonos económicos por esto y por lo otro para comprar conciencias, y proliferaran las medidas represivas en contra de los que ellos definen como violentistas, es decir en contra de sus opositores.
Pero lo que está más o menos claro es que así como están las cosas en Chile, por la forma como este gobierno ha asumido los problemas, con una ceguera sin límites, los conflictos y las luchas sociales, inevitablemente van a ir en aumento: podrán tomar una forma de expresión u otra pero el conflicto es inevitable, el capitalismo se juega su subsistencia, y nosotros los ciudadanos de a pié también.
En estos últimos días con la reaparición de la fuerza estudiantil en las calles, la respuesta del gobierno lejos de promover el diálogo, se hizo escuchar, con todos los medios de prensa controlados reaparecieron las reminiscencias autoritarias con frases tan conocidas como “todo el rigor de la ley, para efectos de controlar el orden público”, y que se lleve a los “violentistas a los tribunales de justicia” o ” hasta cuándo vamos a tener que tolerar, soportar o permitir, que un grupo de dirigentes se sienta por sobre la ley, llame a marchas no autorizadas, inste a la toma de liceos y de colegios o amenace con un mes de agosto violento”.
Para el gobierno entonces los estudiantes son los violentos, las tomas estudiantiles de sus liceos o universidades es violencia, la lucha de los mapuches está en el borde entre violencia y terrorismo. Con lo cual ya no está en el centro el tema de la educación ni los demás problemas sociales, sino que la violencia.
El cuidado que debemos tener con esto es que intencionalmente se pretende crear en la imagen ciudadana, que la oposición es sinónimo de violencia, por lo tanto es un mal y una “falta a la moral” y a quienes se les califica como “sujetos violentos” como marginales, es alguien que no puede ser como nosotros porque sus actos son éticamente condenables, reforzando la idea de que entre nosotros y “el violento” hay un abismo.
Por eso lo importante es reubicar el foco de atención sobre la actualidad del país, el que no debiera estar en quien el gobierno califica como violentos sino que “en el por qué” hemos llegado a una situación de intolerancia como la actual. En ningún caso es culpa de los estudiantes ni de los movimientos sociales, el que perdió liderazgo y capacidad de direccionar las normas del dialogo, del respeto a quien piensa distinto, es el gobierno y sus ministros, quienes criminalizando la opinión distinta, eluden las normas pacificadoras que aseguran el derecho individual, uno de los mayores imperativos políticos y morales de nuestro tiempo.
Otro gran foco de atención que debe preocuparnos, es la legitimación de las instituciones políticas, es decir, en la manera en que pueden justificarse racionalmente las reglas que definen los derechos individuales y no como lo quieren los funcionarios el Ministerio del Interior, a través de una ley que criminaliza al movimiento social. El interés ciudadano movilizado se concentra actualmente en conceptos como el de justicia distributiva, la educación publica gratuita y de calidad, la redefinición del bien común y la necesidad de poner en concordancia los objetivos de libertad e igualdad en una sociedad moderna.
Por tal razón y ante la difícil situación imperante, el diagnóstico de conjunto es que resultan indispensables tomar una serie de decisiones ético-normativas, susceptibles de constituir una nueva moralidad social sobre la cual fundamentar la convivencia, pero con una nueva Constitución.
Vivimos en un país en el cual la lógica de la discriminación (que es una manifestación de violencia) busca mantener al “otro” como inferior mientras que la lógica de la exclusión pretende eliminar al “otro” del mundo social. Así se expresa la brutal represión a los estudiantes y a los mapuches por parte de las fuerzas policiales, con el uso jerárquico de la violencia, el poder del estado, que la usan para satanizar y marcar la inferioridad del adversario.
Eso es lo que hemos visto hasta ahora y que genera preocupación, agregando la insistencia particularmente de la UDI, por reubicar el tema del terrorismo como un eje principal de vida política nacional actual. Esto a propósito del fallo judicial y la absolución de los implicados en “el caso bombas” y la decisión de no calificar como terrorista al joven anarquista Pitronello.
Nuestra interpretación es que tratan de reubicar la Ley Antiterrorista para inculpar a los luchadores sociales con penas más altas, lo que más parece una obsesión tal cual sucedió con los anteriores gobiernos, que una respuesta a las necesidades de un país en el cual el terrorismo no existe. Los 17 años de terrorismo de estado finalizaron en 1990.
Este retrato de lo que está pasando en nuestro país da la razón a quienes plantean (y planteamos desde hace bastante tiempo) que de lo que se trata no es de cambiarle el color al modelo, sino que cambiar las reglas y sus bases políticas institucionales, es decir, la Constitución de 1980, para poder construir las bases de un Chile que quedó pendiente en 1989.
Cada vez hay más conciencia de que si bien es cierto que los gobiernos de la Concertación iniciaron el paso de transición de la dictadura a un régimen de democracia representativa, en modo alguno esta terminó cumpliendo con las expectativas y esperanzas que la mayoría de los chilenos teníamos con el arcoíris de la esperanza.
Tal parece entonces que la fuerza de los hechos esta reubicando la soberanía política en el sujeto social, es decir en el ciudadano consciente, tal cual los movimientos sociales han sido los actores principales de los procesos de cambio desde la década de los 60 y del siglo XX. La tarea radica entonces en un ámbito abandonado por la política actual y los partidos, en construir un sujeto histórico involucrado en la comprensión y transformación de la sociedad a la que pertenece.
A esto aporta el movimiento estudiantil y por eso es que los defensores del sistema actual, desde el gobierno empresarial de Sebastián Piñera, tratan de desprestigiarlos diciendo “que se han politizado” que “no es bueno que las marchas se politicen”. Dicen que “cuando uno escucha que en una marcha de estudiantes se está planteando una asamblea constituyente, nacionalizar el cobre, el agua, se da cuenta que la marcha ya ha sido politizada”.
Si es así, entonces muy bien que el movimiento estudiantil se politice porque este ha comprendido que mientras subsista el actual sistema económico y social, la reforma que buscan no podrá tocar las raíces del problema educacional.
Dr. Enrique Villanueva M.
Vicepresidente Centro de Estudios Exonerados Fach-73
CEEFA-73
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