Un senador oficialista dijo algo en televisión que probablemente no midió del todo, o que midió perfectamente y decidió decir igual. Le preguntaron cómo habría votado la reforma constitucional de seguridad si el mismo texto, palabra por palabra, lo hubiera presentado la principal candidata de oposición. Contestó sin buscar una salida elegante que en contra. El proyecto actual le resulta aceptable, explicó después, porque tiene una identidad política con la que se siente cómodo, no necesariamente porque el contenido lo convenza por sí solo.

Propongo no despachar la frase como un simple traspié de entrevista. El crimen organizado y el terrorismo son, probablemente, problemas que casi nadie discute en serio, más allá del sector desde el que se los mire. Lo que queda flotando después de esa respuesta es otra pregunta, menos cómoda: si la arquitectura institucional que se ofrece para enfrentarlos nace realmente de esa urgencia compartida, o si simplemente resulta más fácil dejar las herramientas en manos de quien hoy gobierna cuando te identificas con su signo político.

John Rawls, para pensar si una norma era justa, proponía un ejercicio mental que hoy suena casi ingenuo de puro exigente: imaginar que quien la diseña no sabe qué lugar va a ocupar una vez que esa norma entre en vigor, ni qué fortuna, qué talento ni qué posición social le va a tocar en la sociedad que está ayudando a fundar. Detrás de ese velo de ignorancia, uno solo acepta reglas que estaría dispuesto a vivir sin saber de antemano si le tocará mandar u obedecer. Trasladado a este episodio, basta con preguntarse si, en caso de que el texto de la reforma hubiera llegado al Congreso sin membrete político, como una ley a ciegas, sin que nadie supiera de antemano quién la firma, este senador la habría respaldado de todos modos. Su propia respuesta sugiere que no, y ese detalle dice más sobre la reforma que cualquiera de los argumentos técnicos esgrimidos a su favor durante semanas.

Esto mismo toca directamente, sin querer, el oficio mismo de legislar. Deliberar sobre el contenido de una norma, sopesarla en sus propios términos, revisar sus efectos más allá de quién la envía al Congreso, es la sustancia misma del cargo, no un adorno. Un parlamentario que admite, sin culpa aparente, que su voto depende de la identidad de quien propone el texto y no del texto mismo no está simplificando su trabajo, lo está delegando. Le entrega a la lealtad de sector una tarea que la Constitución le asigna a él en particular, y que ningún comité ni ninguna bancada puede ejercer en su lugar.

Ese cálculo, en algún grado, ha existido siempre en cualquier coalición; ningún sector político llega limpio a esta discusión. Pero antes se trabajaba a través de comisiones de expertos, de informes técnicos, de la ficción cómoda de que las reformas se evalúan por su mérito y no por su origen. Ahora ni siquiera hace falta el disfraz, y eso dice bastante sobre en qué punto está la deliberación pública en Chile.

Lo que viene después es lo que debería preocupar más. Si la lógica de votar según quién firma se instala como sentido común legislativo, cualquier futura discusión constitucional —sea sobre seguridad, sobre pensiones o sobre régimen político— corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de conteo de banderas antes que en un debate sobre contenidos, y de terminar en normas que se aprueban con mayorías de ocasión pero que carecen del respaldo transversal que necesitan para sobrevivir al próximo cambio de gobierno. Una reforma constitucional pensada para durar debería poder explicarse sin mencionar quién la propuso; si eso no es posible, probablemente no está lista para ser constitución, sino para ser programa de gobierno.

Es necesario exigir algo más profundo que grandilocuencia y la simpleza del discurso, es decir que cada parlamentario, al votar, pueda justificar su decisión con el texto en la mano y sin necesitar preguntar antes de quién es la firma. No es que la identidad política sea irrelevante, sería ingenuo y sin sentido político pedir eso. Pero un Congreso que abandona ese ejercicio, aunque sea parcialmente, deja de cumplir la función que le da sentido. El oficio de legislar empieza, antes que nada, por el oficio de pensar cada norma en sus propios términos. Cuando eso deja de hacerse, y se hace explícito que ha dejado de hacerse, lo que se pierde no es solo esta reforma: es la posibilidad de que la próxima, venga de donde venga, se discuta por lo que realmente propone.