Del seis por ciento en julio del 2011 al 2,4 a inicios de este año bajó el reajuste a los planes de salud de las Isapres.
Esta sustantiva rebaja hacía prever un descenso en la judicialización del sistema privado, después de que los usuarios presentaran más de 35 mil reclamos ante los tribunales. Sin embargo, las cifras tomaron otro rumbo y desde marzo del 2012 se han formalizado más de tres mil 400 recursos de protección al mes en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Para el presidente del organismo judicial, Patricio Villarroel, esto se debe a que “las Isapres no han respetado la norma”, mientras que el director de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, afirmó que los sistemas de salud han sido afectados por un encarecimiento a nivel mundial, información que han proporcionado a los tribunales, pero que éstos no aceptan.

El integrante del Movimiento Ciudadano Salud en Derecho, Matía Goneyenechea, si bien, confirmó que los costos de los planes han aumentando, advirtió que “no se tiene que perder de vista que los dueños de las clínicas y de las isapres son los mismos. Existe un gran holding, que son aproximadamente cinco. Entonces, cuando sube el costo de la prestación de salud lo que está pasando es que esos recursos de todos terminan transformándose en utilidades de las clínicas”, dijo.

Para Goyanechea, la excesiva concentración de la salud privada ha incidido, justamente, en la inflación constante de los precios.

En ese sentido, afirmó que el llamado “IPC de la Salud”, planteado por el Gobierno en este contexto de desregulación, va a generar una legalización técnica de estas alzas anuales, cuando aún existe discriminación por riesgo, perjudicando a los ciudadanos.

Por otro lado, el abogado Pedro Barría, presidente de la Corporación de Afiliados y Usuarios de Isapres, afirmó que existen una serie de abusos por parte de las aseguradoras y que la gente ya “se cansó”.

“Este aumento de recursos de protección va seguir, porque la gente se dio cuenta que no tenía por qué soportar los abusos y está reclamando. Como la única forma de reclamar es ir a los tribunales, desde ese punto de vista, el contratante poderoso, que es la Isapre, tienen facultades unilaterales para reajustar el precio del contrato. No hay ningún otro contratante que tenga facultades para reajustar el precio. Esta ley es absolutamente anómala y, a mi juicio, inconstitucional, porque viola le ley”, explicó el jurista.

Para el especialista, la única solución sería modificar la legislación  y establecer un sistema racional de reajuste o fijación de precios, que permita la competencia, es decir, posibilite a los usuarios cotizar realmente. Más aún cuando los ciudadanos no pueden decidir, ya que están obligados a cancelar un 7% de sus ingresos a una Isapre o a Fonasa.

Barría señaló también que esto permitiría avanzar en medidas como establecer un Fondo Nacional que pueda compensar el riesgo de las personas, para evitar así los graves problemas de discriminación que se producen hoy en día.