Hasta el momento, el electorado se ha resistido a unir a la invencible expresidenta Michelle Bachelet con la decadente Concertación, a pesar de que racionalmente es sabido que ambas están entrelazadas. Por ello, surge la pregunta de cómo se las arreglará la candidata para proponer un proyecto político convincente, luego del deplorable desempeño parlamentario mostrado por la oposición desde que abandonó el poder.
La aprobación en la Comisión Mixta de un ajuste tributario famélico, a pesar de que la Confech pidió formalmente el rechazo, es apenas el último capítulo de una serie de votaciones donde los caminos de la Concertación y del mundo social se han ido abriendo, quizás irreversiblemente. En la lista de episodios ambiguos y vergonzosos ocurridos desde marzo de 2010 pueden citarse, por nombrar sólo algunos: el informe sobre el Lucro en la Educación, la ley de Matrimonio Homosexual, la ley de Pesca, el royalty a la minería, la ley de Obtentores Vegetales, la acusación constitucional contra el ministro Hinzpeter por la represión en Aysén, el reajuste del sector público y el presupuesto en Educación.
En todas estas discusiones cruciales, la Concertación –o alguno de sus descolgados rotativos- ha hecho lo mismo que cuando estaba en el poder: legitimar y profundizar el modelo de país construido por la dictadura, a pesar de que la razón de ser de su existencia política era, precisamente, desmontarlo. La prueba ha quedado por escrito: en su programa de gobierno de 1989, la Concertación comprometía que “la organización de los grupos sociales, particularmente de los hoy marginados de la vida económica y social, unida a procesos reales de descentralización y desconcentración del poder, harán posible avanzar hacia una efectiva concertación social”.
Estas palabras, que 23 años después hacen reír o llorar, muestran cómo se torció la idea original de hacer política desde la vereda contraria del poder concentrado. De hecho, con el capítulo de la llamada reforma tributaria, parecen haberse derrumbado los puentes que, por necesidad, requería la candidata Bachelet para acercarse al movimiento estudiantil. Sucesivamente, Noam Titelman, José Ancalao, Eloísa González, Gabriel Boric, Francisco Figueroa y Camila Vallejo deploraron no sólo el voto de los parlamentarios, sino que las prácticas concertacionistas.
El hecho es especialmente sensible en el caso de Camila, cuya participación en la campaña municipal, y luego en las Presidenciales, era uno de los activos del acuerdo del Partido Comunista con los radicales y el PPD. En las actuales condiciones, parece inviable un escenario que modifique la evidente distancia de la dirigenta respecto de estos comicios y de los siguientes. De hecho, en una carta que escribiera hace un par de semanas a los parlamentarios de la oposición, ella se hacía la misma pregunta que esta columna: “¿Cómo espera la Concertación plantearse como una alternativa si, además de haber administrado y profundizado por error, intención u omisión, el modelo por más de 20 años, bajo la gestión de Piñera han estado permanentemente disponibles para dar paso a las políticas que mantienen y profundizan el modelo neo-liberal?”
Además, en la antesala de la votación de la reforma tributaria, la desconfianza de la dirigencia de la Concertación hacia la sociedad civil se había manifestado brutalmente en las palabras del senador socialista Camilo Escalona, quien el pasado fin de semana se refirió como “fumadores de opio” a quienes promovían la Asamblea Constituyente. Nada más elocuente que un 4 de septiembre fuera el propio presidente del Senado quien apoyara al gobierno y desoyera a la Confech, justo 42 años después de que su antecesor, el entonces senador socialista Salvador Allende, pronunciara desde el balcón de la FECH su discurso en la histórica noche del triunfo de la Unidad Popular.
Esta mirada, que es compartida por muchos otros dirigentes del arcoíris que no confían o no comprenden a los movimientos sociales, omite que la sociedad civil es por definición, y ante la debilidad de los partidos, antiautoritaria y diversificada. Es la sobreviviente y renaciente respuesta al objetivo de desmantelar las organizaciones sociales iniciada en dictadura y continuada luego. Es el intento porque no se desteja el ya maltratado tejido social. Debería ser, por lo tanto, aliada en la lucha contra la acumulación de los poderosos. A no ser, por cierto, que se esté en el bando contrario.
Este divorcio pone en cuestión la necesidad histórica de un nuevo gobierno de la Concertación o de un referente que se parezca a ella, puesto que si ha de volver a La Moneda debería, necesariamente, hacer una propuesta de desconcentración del poder, para honrar la promesa de 1989 que hasta el momento no ha cumplido. Durante estos dos años y medio no se ha visto reflexión ni acción al servicio de esa idea, por lo que quizás ésa sí sea una aspiración de fumadores de opio.
En conclusión, y a pesar del optimismo triunfalista de la CEP, no se encuentra evidencia en este periodo de que en un segundo gobierno de Michelle Bachelet vaya a cambiar lo que el ministro de Economía, Pablo Longueira, describió de modo lapidario respecto al pasado: “los gobiernos de la Concertación fueron de derecha”.
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