La Corte de Apelaciones nombró al ministro Jorge Dahm para que tramite la demanda de nulidad de derecho público presentada en julio por los senadores José Antonio Gómez (PRSD), Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC), que busca oponerse a la licitación del primer Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) que convocó el Gobierno.
Dahm admitió a trámite el escrito pero rechazó decretar una medida precautoria en contra del ministerio de Minería para suspender el concurso público, cuyos resultados se darán a conocer este lunes 24 de septiembre.
Ante esto, el abogado constitucionalista a cargo del caso, Patricio Zapata (DC), apeló nuevamente a la Corte luego del rechazo de la medida precautoria, acción que será revisada la próxima semana por una de las salas del tribunal de alzada.
En el Gobierno, el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, dijo que el proceso convocado está plenamente amparado en la Constitución: “El mismo sistema fue utilizado en 2007 para la explotación de petróleo, por lo tanto, creemos que el sistema está plenamente amparado en la Constitución. En este cargo he aprendido a no juzgar intenciones sino que simplemente referirme a los hechos concretos, prefiero no juzgarlos. Nuestra labor es simplemente hacer que el proceso se haga de manera abierta, competitiva y transparente, y eso hemos estado logrando. El hecho de que estas medidas no hayan tomado a lugar dan a consideración que estamos actuando conforme a la ley vigente”, sostuvo.
Sin embargo, el abogado Zapata confía en que se dará lugar a una “discusión de fondo” y agregó que “no es una acción comunicacional, es un recurso serio. Por eso estamos agotando todas las instancias y confiamos en que la Corte de Apelaciones va a dar lugar a la apelación y vamos a entrar a discutir el fondo”.
“La concesión no se puede hacer porque la Constitución lo prohíbe. Lo que se está haciendo es una licitación para contratos especiales que violan la ley, entonces el fondo es que las cosas se hagan de acuerdo a la ley. Esperamos que los tribunales de justicia, como lo han hecho en otras materias, velen para que se cumpla la ley”, explicó.
Además, la senadora socialista Isabel Allende restó mérito a las declaraciones del subsecretario Wagner, asegurando que éste tiene poca legitimidad: “Es el mismo que dijo que la nacionalización del cobre había sido un error histórico, así que cualquier cosa que diga el señor Wagner, a mi juicio, tiene bastante poca legitimidad. Su apreciación tan subjetiva lo descarta como una persona que tenga una opinión con fundamento, pero en concreto creo que es un profundo error. Que la ciudadanía sepa que este Gobierno se ha negado a una tramitación por la vía legal, parlamentaria, de cara al país y la sociedad. Ha preferido usar una vía administrativa”, recalcó.
La parlamentaria también señaló que corresponde la aplicación del recurso de apelación por tratarse de una “concesión encubierta”. “A nuestro juicio, estaba bien presentado y tenemos derecho a las medidas precautorias, porque lo que ha ocurrido es una concesión encubierta. Por eso presentamos un recurso de nulidad, porque esto debió ser por ley y no por la vía administrativa”, indicó.
Cabe recordar que en agosto, la magistrada del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Jenny Book, se declaró incompetente para instruir la causa, asegurando que por tratarse de una acción legal presentada por senadores de la República no estaba facultada legalmente para tramitar la causa y que el proceso debía ser llevado por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
