El pasado mes de julio la breve pantalla del cajero automático sorprendió a miles de usuarios bancarios en la Región de La Araucanía. Elevadas cifras se ausentaban de sus cuentas, dinero que incluso había sido retirado desde el extranjero, destapando uno de los fraudes bancarios más extensos de los que se tenga registro. Ya son 1.500 denuncias solo en la región referida y Carabineros, en conjunto con Policía de Investigaciones, identificaron los sigilosos métodos de clonación utilizados.

De ahí en adelante las medidas emprendidas por los cientos de afectados derivaron en procesos de mediación colectiva, dispuestos por el Servicio Nacional del Consumidor, entre los usuarios y las instituciones bancarias, encabezadas en número de reclamos por el Banco Estado. La mediación exigía a la banca informar sobre lo ocurrido, sobre las medidas de contingencia adoptadas y resolver cómo se compensarán los eventuales daños.

Sin embargo, el mecanismo mediador provisto por el organismo fiscalizador al parecer no logra subsanar las consecuencias de estos delitos, lo que habría motivado a un grupo de parlamentarios democratacristianos y radicales a presentar un proyecto de ley que responsabilice a la banca ante la clonación de tarjetas y otros fraudes. La iniciativa busca modificar la actual Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para que como consigna el proyecto, “el cobro por mantención aplicado a los clientes de cuentas corriente y sus productos asociados deberá contemplar la contratación de seguros contra fraudes financieros sin que ello signifique un aumento en la tarifa pactada en el contrato de apertura”.

Este proyecto de ley, presentado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados viene a dar las garantías de que “cuando hay un robo a través de clonación debe ser responsabilidad de los bancos”.  Así lo aseguró el diputado radical Carlos Jarpa, quien se hizo parte de la presentación del proyecto, agregando que con este proyecto se evitan los actuales trámites en los que el usuario debe incurrir para “lograr la devolución de su dinero”, pues “tiene que hacerlo a través de un juicio civil, lo que significa que además del tiempo, tiene un costo de contratación de abogados”, detalló.

Esta iniciativa que parece responder a la desprotección en la que hoy están los miles de clientes es en verdad “un negocio por ley para las compañías aseguradoras que pertenecen a los mismos bancos”, aseveró Tomás Febres, presidente del directorio de la organización de usuarios bancarios Bankus. El representante de la sociedad civil cuestiona la medida y desconfía de iniciativas legislativas como estas, que “imponen un contrato forzoso del cual se beneficiarán las compañías de seguro. Ganancia para los bancos y un sobre costo para los ciudadanos”, aseguró.

La medida habría subsanado de forma efectiva estas deficiencias legales si, como asegura Fabres, se hubiese presentado “una norma aclaratoria que dijera que toda defraudación de dinero es simplemente de cargo del banco y que el banco a su propia costa debería contratar un seguro para prevenir los delitos de los cuales es víctima, así como un seguro contra robos que evitaría que al gerente general le roben el escritorio”, señaló.

Casos como los que quedaron al descubierto en julio y agosto recién pasado afectaron a miles de clientes en la región de La Araucanía y develaron la operación que podía estar gestándose en otras regiones. La banca se mantiene al margen de responsabilidades y como lo aseguran desde organizaciones como Bankus, estas instituciones parecen estar recibiendo, mediante proyectos de ley, el beneplácito de los parlamentarios.