Los violentos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre recién pasado en varias ciudades chilenas, nos muestran una realidad que- autoridades, políticos, empresarios, medios de comunicación y la población en general- permanentemente ocultamos o, peor aún, la discutimos superficialmente solo cuando ocurren estos picos de violencia.
Santiago, y un gran número de ciudades, están viviendo un peligroso fenómeno de descontrol social en partes importantes de sus territorios. Esta situación es producto de diferencias sociales y económicas de los habitantes; de la segregación social y espacial; de la acumulación de pobres en determinados espacios; de la perdida de relevancia de la política como elemento de permanente inclusión social; de la desaparición de las organizaciones sociales; y de la construcción y protección de una ciudad rica, aparte y lejana.
Este fenómeno de no pertenencia y de descontrol social de cada vez más numerosos grupos de ciudadanos, sin duda que a corto plazo se puede convertir en el mayor problema social, económico y de seguridad de nuestra sociedad (si es que ya no lo es).
Existen varios hechos que gatillan estas manifestaciones de violencia. En primer lugar, ciertas fechas constituyen detonantes violentos (tales como el 4 y el 11 de septiembre y el día del joven combatiente), ya que nuestra sociedad ha sido incapaz de hacer justicia. Solo unos pocos uniformados y agentes de seguridad han pagado (y muy levemente) los horribles crímenes cometidos. Por otro lado, los sectores políticos que apoyaron y dieron sustento al régimen dictatorial, hoy se pasean impunemente por los círculos del poder, legitimados como actores políticos. Algo similar ocurre con medios de comunicación que fueron funcionales y cómplices de la dictadura. También se debe considerar que los sectores económicos que se enriquecieron con la dictadura, han pasado absolutamente desapercibidos respecto a su responsabilidad social, siendo hoy importantes personajes que incluso han sobrepasado su rol económico para convertirse en referentes culturales y deportivos. Por lo tanto, en la impunidad hay una causa de este problema.
En segundo lugar, se debe mencionar que el modelo de desarrollo impuesto durante la dictadura que, por su naturaleza, tiende a ser concentrador, especialmente en sus resultados territoriales, no ha tenido el contrapeso corrector de las autoridades, tanto nacionales como locales. Por lo tanto, la segregación, social, territorial y urbana, ha sido algo natural y evidente. En este contexto se entiende una política habitacional, exitosa en lo cuantitativo, que ha generado este preocupante e incontrolado mapa de desigualdad.
Cabe entonces preguntarse cuánta responsabilidad tienen en la explosión de violencia y en el descontrol social la actividad inmobiliarias, la política de vivienda y la inoperancia (cuando no corrupción) de las autoridades a nivel nacional y local.
