Para esta semana se espera el pronunciamiento del ministerio del Interior al oficio enviado por el Consejo para la Transparencia, solicitando que se den a conocer los correos electrónicos intercambiados entre dicha cartera y el ex fiscal Alejandro Peña.

La idea de los recurrentes es que se explicite la relación existente entre el ministro Rodrigo Hinzpeter y el ex persecutor, que llevó a este último a trabajar como asesor de dicha cartera.

Dentro de los solicitantes existe optimismo en que dicho oficio tenga una respuesta satisfactoria, pese  a los últimos fallos del Tribunal Constitucional, que ha resuelto a favor de los requeridos en dos casos similares.

Una de las recurrentes, la abogada Valentina Horvath, explicó que “las expectativas nuestras son que de una vez podamos conocer cuáles fueron las comunicaciones que se mantuvieron entre el ministro Hinzpeter y el ex fiscal Peña, al momento en que él estaba presentando la acusación en la causa de las bombas, para sumarse al equipo del ministerio del Interior”.

Por su parte, el abogado Mauricio Daza explicó que la situación es delicada, debido a que dichos correos pueden dejar de manifiesto faltas penales en las que habría incurrido el ministro Hinzpeter: “Declaró bajo juramento y en dicho contexto negó expresamente haber tenido cualquier tipo de contacto con el ex fiscal Peña, en relación a su incorporación al ministerio del Interior. Sin embargo, ahora que estamos solicitando estos correos electrónicos, básicamente lo que dice es que no los va a entregar no señalando que no existan, sino que amparándose en que éstos serían privados. Esto sería especialmente grave, toda vez que el Código Penal sanciona a quien falta a la verdad en un juicio cuando está declarando bajo juramento o promesa de decir verdad, con una pena de delito y la inhabilitación para ejercer cargos públicos”, explicó.

El jurista agregó que recurrir a la vía penal para conocer esta información es una opción: “No descartamos la posibilidad de incluso adoptar la vía penal, con la finalidad de que esta información se pueda conocer. Lo que está detrás de esto es básicamente establecer un criterio de fe pública. A nuestro juicio, no es aceptable que un ministro de Estado, que declara como tal bajo juramento en un tribunal y en un juicio penal tan importante como el Caso Bombas, pueda haber faltado a la verdad eventualmente”, dijo.

El oficio 3922 enviado por el Consejo para la Transparencia indica que el organismo público mantendrá el carácter reservado o secreto de la información hasta que no emita una decisión definitiva.