Según el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), en Chile existen más de dos millones y medio de personas discapacitadas. De este 12, 9 por ciento de la población, ya en 2004 un 94 por ciento aseguraba en el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc) que nunca había recibido atención en salud ni rehabilitación integral.

De ello se desprenden otros reveladores indicadores que entrega la Fundación Nacional de Discapacitados: un 56 por ciento de las personas con discapacidad es indigente, 81 por ciento vive con pensión básica solidaria de invalidez, un 41 no terminó la educación básica y el 90 por ciento se encuentra cesante.

El presidente y director de la ONG, Alejandro Hernández, ahondó en la insuficiencia del presupuesto que destina el Gobierno anualmente para esta tarea, asegurando que “la Teletón no alcanza a ayudar a más del 0,8 por ciento de la totalidad de personas con discapacidad, con una recaudación anual que alcanza los 55 millones de dólares; mientras que el Senadis cuenta solamente con 22 millones de dólares anuales, menos de la mitad para atender al otro 98 por ciento”.

Lo mismo denunció el colectivo de discapacitados “Palos de ciego” que, a través de una declaración pública, acusó que el Estado chileno “no se hace cargo de su deber de garantizar nuestros derechos humanos, a pesar de haber ratificado la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y promulgado una Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social”.

“Las políticas públicas son insuficientes, y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista. La respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda librada a una industria benefactora privada, que ha constituido un mercado del asistencialismo en donde las personas pasamos a ser meros objetos de la caridad ajena”, agregaron desde “Palos de Ciego”.

Sin embargo, Alejandro Hernández, también abordó el problema de cobertura de la rehabilitación para los discapacitados en Chile, pues la Teletón acota su alcance solamente a menores que posean discapacidad física. “¿Qué pasa con niños, jóvenes y adultos con discapacidades sensoriales, con Síndrome de Down, discapacidades viscerales? Hay un tremendo desconocimiento y falta de voluntad del Estado por brindar salud y rehabilitación”, preguntó.

De hecho, el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, ubicado en Peñalolén, es el único centro asistencial público que brinda atención integral a personas con discapacidad física, a menores de 25 años por lo demás, de manera gratuita en nuestro país.

Por otra parte, la especialista en educación diferencial, Gina Basso, denunció en una columna publicada en Ciper Chile, la inexistencia de una política de Estado para abordar el proceso post rehabilitación, que permita a los jóvenes insertarse en la sociedad y en el mundo laboral. Tanto Senadis como el ministerio de Educación adolecen de un programa que contribuya a esta tarea.

A juicio de Hérnandez, para abordar este desafío “más que depositar dinero o que ciertas empresas hagan un donativo para rebajar impuestos, se necesitan políticas públicas efectivas. El Estado sí puede hacerse cargo, pues invierte más dinero en armas que en salud para la población. Bastaría que el Gobierno ahorrara en tres aviones de guerra -16 millones de doláres- para cubrir la Teletón, por ejemplo”, indicó sobre la capacidad del Estado para enfrentar este problema, puesta en cuestionamiento por la propia campaña televisiva.

En este sentido, el colectivo Palos de Ciego aseguró que “la discapacidad no es un problema de individuos que no son capaces de adaptarse al desarrollo de la sociedad moderna, sino, por el contrario, demuestra el fracaso de una determinada sociedad que no se ajusta a las necesidades y requerimientos de sus ciudadanos”.