Doce destacadas personalidades, provenientes de la academia, el movimiento estudiantil, el mundo sindical, la cultura y las iglesias; en conjunto a la Comisión Ética Contra la Tortura y la Pastoral Mapuche, lanzaron el pasado 27 de diciembre una inédita y radical iniciativa humanitaria que postula “una salida política” a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, pues afirman que las acciones de tipo policial o jurídico no funcionarán y “tarde o temprano el país y el gobierno de turno tendrán que tener el valor de caminar en esa dirección”.
El grupo argumenta que la huelga protagonizada por los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo – que ya cumple 43 días en la cárcel de Angol-, “concluirá si el gobierno chileno es coherente y aplica los mismos principios sostenidos en La Haya respecto del conflicto con Perú y de todo litigio internacional: respeto a los tratados suscritos”.
En este sentido, el eje de la iniciativa apunta a las demandas políticas que subyacen detrás del llamado conflicto mapuche, llamando a los chilenos y al Estado a devolver las tierras que actualmente se encuentran ocupadas por empresas forestales. “El Tratado de Trapihue de 1825, suscrito por Chile con la nación mapuche, les reconoce el dominio sobre su territorio ancestral”, recordaron.
A partir del convencimiento de que la huelga de hambre es “un recurso extremo al que recurre alguien al ver que el diálogo razonable no opera”, las connotadas personalidades reconocieron la deuda histórica del Estado en esta materia, que solo ha tenido respuestas de tipo policial y jurídica. Por lo mismo, propusieron “un camino de paz y justicia”, que se inicie con la libertad inmediata de Llaitul y Llanquileo y “la promoción de una ley de indulto general a todos los presos por defender sus tierras “, en el marco del llamado conflicto territorial mapuche.
Demandan, asimismo, coherencia al Estado para que respete el Tratado de Trapihue cumpliendo los acuerdos allí establecidos sobre su territorio, y el pleno respeto al Convenio 169 para que los programas sociales y de inversión que afecten a los pueblos originarios sean efectivamente objeto de consulta previa. También destacan el necesario resguardo de la niñez mapuche y el cumplimiento de los compromisos firmados por Chile en materia de derechos humanos.
La iniciativa concluye afirmando: “Todo intento de diálogo por parte de algún organismo del Estado u oficina del Gobierno, por bien intencionado que sea, no llegará a buen puerto sino considera estos puntos, porque no se hace cargo de la demanda principal del movimiento, y no repara el daño causado con la criminalización de estas demandas.”
La propuesta de diálogo “para un acuerdo político de fondo entre el Estado y el pueblo mapuche, capaz de generar formas de autogobierno y autodeterminación mapuche”, surgió de los historiadores Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012, y Sergio Grez, académico de la Universidad de Chile; el poeta y ex diplomático Armando Uribe, Premio Nacional de Literatura 2004; la Pastoral Mapuche encabezada por el Padre Luis Rodríguez Tupper; Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos 2011; Raúl de la Puente, Presidente de la ANEF; Andrés Fielbaum, Presidente de la FECH; Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005; Luis Álvarez Figueroa, Pastor Presidente de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile; José Balmes Parrón, Premio Nacional de Artes 1998; Juan Guzmán Tapia, Jurista, ex Juez de la República; Enrique Paris Mancilla, Presidente del Colegio Médico de Chile y Diego Vela Grau, Directivo de la Federación de Estudiantes dela Universidad Católica de Chile – FEUC.
