El ministerio de Desarrollo Social informó de la creación de un Banco Mapuche, con capital de fomento por 10 mil millones de dólares. Se trata de un sistema de fondos rotativos para medianos emprendimientos, en el que participará el Banco Interamericano de Desarrollo y las intendencias regionales, llamado Fondo de Inversión para Comunidades Mapuche.

El Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dispondrá del financiamiento para entregar préstamos, con la idea de resolver la negativa de las instituciones bancarias a entregar créditos, debido a la prohibición de arrendar o vender las tierras entregadas por el Fisco.

La idea del Gobierno, es que el monto a repartirse se mantenga, por lo que la tasa de interés será similar a la de los bancos.

Un incentivo con poca consistencia, según señaló el sociólogo Cristián Jiménez, debido a que el proyecto no está enmarcado en una agenda de largo aliento, con soluciones de fondo: “Lo que hay que atender es un tema más profundo, que es si existe autonomía. La demanda está orientada hacia la devolución de tierras, lo que implica autonomización, lo que no significa Estado sobre otro Estado, sino ejemplos como Bolivia y otros casos donde no se desarma nada, no descompone el sistema”.

El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, defendió el proyecto, que será presentado durante los próximos meses, afirmando que “nos interesa que las tierras se dediquen plenamente al desarrollo productivo”.

“Estamos diseñando un sistema de financiamiento para el acceso al crédito a emprendimientos mapuches de tamaño medio. De eso se trata el fondo rotatorio”, explicó la autoridad de Gobierno.

Jorge Vargas, director del programa Asuntos Indígenas de la Corporación Proyect América, cuestionó, incluso, el monto destinado, ya que no permite atender “la situación de pobreza y falta de oportunidades de las comunidades”, según remarcó.

Vargas enfatizó en que las demandas de fondo son la recuperación de tierras y la autonomía del pueblo mapuche, además de la implementación del Convenio 169 de la OIT, lo que se soluciona con un diálogo real, “de igual a igual”, entre el Estado y las comunidades.

“Hay que coincidir que se necesita una salida política que debe ser negociada, para eso es necesario un diálogo real con las comunidades, donde se alisten todos los temas que se demandan. El Estado tiene una deuda con los mapuches que no se ha cumplido, y eso pasa por todos los gobiernos”, indicó.

El experto se refirió también a los núcleos asociativos que se han integrado a los planes y programas emanados desde el Ejecutivo, afirmando que “en el apuro aceptan estas soluciones parche, a regañadientes, porque efectivamente sus condiciones de vida son pésimas”, enfatizó.