Cinco tomos con nuevos antecedentes tenía el informe entregado por la Fuerza de Tarea Reservada de la Policía de Investigaciones al Ministerio Público, en el marco de la investigación que busca determinar las responsabilidades por las muertes ocurridas en el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.

Entre los nuevos datos se encontraba una bitácora en que se registraron las acciones de la guardia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) durante la emergencia, que según la PDI, fue modificada con corrector.

De acuerdo a las pericias, un texto original, que decía “3.55 zafarrancho”, fue borrado para escribir encima “emergencia alerta de tsunami”, a las 3:40 de la mañana.

El cabo Rodrigo Moreno, de guardia esa noche, admitió en su declaración a la PDI que los textos correspondían a su letra y sostuvo que realizó el cambio por orden del jefe de guardia, sargento Nelson Retamales. Esto, debido a que “el horario de la constancia de Zafarrancho estaba malo, ya que había sido más temprano”.

El sargento Nelson Retamales, sin embargo, negó saber de la modificación y dijo que esa situación hubiera sido “relevante”, ya que se contradecía con lo que el SHOA indicó aquella madrugada: que no había alerta de maremoto.

Otro nuevo antecedente aportado por la PDI es que esta información se entregó a personas que llamaron o se acercaron a las dependencias del SHOA para preguntar por la situación, incluso cuando se había rectificado e informado a la Onemi de la alerta, que estuvo vigente por cerca de 50 minutos.

Cabe recordar, como lo señala el informe, que el servicio de la Armada bajó la alerta pese a que organismos oficiales habían reportado cambios en las mareas y la violenta salida del mar en distintas zonas del país.

Ante esto, el abogado querellante Alfredo Morgado señaló que este hecho se suma a una serie de errores cometidos por las autoridades y que el Ministerio Público debe pronunciarse sobre un eventual delito: “La bitácora en sí es imprescindible para la investigación. Independiente de ello y que las enmendaduras pudieran establecer que detrás de ello pudiera existir un hecho delictual, que tiene que investigarse y debe haber un pronunciamiento del Ministerio Público, además hay tremendos antecedentes que nos permiten acercarnos a la verdad sobre la serie de errores y omisiones no tan solo del SHOA, sino que además de la propia Onemi y de las autoridades”, dijo.

Su opinión fue compartida por el también querellante Raúl Meza, quien valoró la aparición de nuevos antecedentes y sostuvo que, eventualmente, pueden significar nuevas formalizaciones de cargos: “Evidentemente que puede tener consecuencias desde el punto de vista penal en cuanto a determinar horarios de recepción de información. Eso dice relación directa con la posibilidad o no que tuvieron la directora y los funcionarios de la Onemi de alertar a la población, sobre la base de información que supuestamente habría sido modificada por parte de este funcionario. De tal manera que es un antecedente que va a tener que ponderar el Ministerio Público desde el punto de vista penal para determinar eventuales nuevas reformalizaciones de cargos”, afirmó.

En ese sentido, el abogado Meza adelantó que, luego de revisar con detención el informe, podrían pedir que se impute por diferentes ilícitos a los involucrados: “En el evento de ser cierto y haberse acreditado en el informe de la PDI que efectivamente hubo una modificación o adulteración de un antecedente investigativo y probatorio, a nuestro juicio, eso amerita una denuncia para que se formalicen cargos por obstrucción a la investigación ante el Ministerio Público, y lo haríamos correspondientemente. Además, solicitaríamos a la Fiscalía que, al haberse cometido este delito por parte de un uniformado, esto debería ser remitido a la justicia militar por el delito de incumplimiento de deberes militares”, indicó.

Cabe recordar que justamente tres funcionarios del SHOA se encuentran imputados en la investigación que desarrolla la fiscal Solange Huerta: el ex director Mariano Rojas, el ex jefe de turno Mario Andina y el ex asesor Andrés Enríquez.

 “Estaban todos y ninguno hizo nada”

Luego que el miércoles la vocera Cecilia Pérez llamara a la ex presidenta Michelle Bachelet a “pedir perdón” a las víctimas de la tragedia, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también se refirió al informe.

“Lo más relevante del informe es un hecho tremendamente significativo y doloroso: a las 5:17 horas de la madrugada del 27 de febrero en la Onemi estaba toda la información que se requería para que, cualquiera que fuese la autoridad que estuviese en la Onemi, tomara la decisión de la evacuación de las ciudades y pueblos que estaban amenazados por el tsunami. Y eso no se hizo”, dijo el secretario de Estado.

Chadwick recalcó que “no se hizo lo que se debió haber hecho” y que esto provocó la muerte de cientos de personas. “Estaban todos y ninguno hizo nada, teniendo todos los elementos de juicio para haber ordenado la evacuación y haber evitado la muerte de chilenos”, indicó.