En la mañana del jueves, en las distintas oficinas de prensa, no paraban de sonar los teléfonos de medios internacionales pidiendo información sobre el video donde los uniformados cantan que matarán argentinos, fusilarán bolivianos y degollarán peruanos.

El hecho fue inmediatamente rechazado con fuerza desde nuestras autoridades, el mundo político y distintas organizaciones de Derechos Humanos. Sin embargo, éstas últimas apuntaron también a una serie de temas que implican a las Fuerzas Armadas, que dejarían en evidencia la existencia de una cultura institucional de violencia y vulneración de derechos.

José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, consideró que “es un episodio lamentable, pero que da cuenta de la falta de modernización de las FF.AA., de su falta de consistencia con los DD.HH. garantizados en la Constitución”. Episodios como este no son nuevos, está el instructivo que surgió en septiembre del año pasado que instaba a excluir a los homosexuales del servicio militar”, recordó.

El actual consejero de las organizaciones civiles ante el Instituto Nacional de DD.HH. señaló que, pese a que la misma institución militar calificó de “puntuales” estas situaciones, no se pueden desligar de episodios históricos como la participación masiva en las violaciones de DD.HH. y la actitud de encubrimiento ante la justicia por parte de los altos mandos.

Además, se refirió a la continuidad de la Justicia Militar, la que -afirmó- ha sido ampliamente criticada por su parcialidad. Incluso existen pronunciamientos a nivel internacional que sugieren al Estado chileno modificar esta legislación, como la sentencia de Palamara el 2005 y diversos llamados de relatores de Naciones Unidas.

“No es un canto inocente”

También existe preocupación por parte de los miembros de organizaciones como la Comisión Ética Contra la Tortura. Su presidenta, Juana Aguilera, afirmó que existe una avalada cotidianidad en el lenguaje que es, sin duda, alarmante: “El lenguaje crea realidades, el cantito no es tan inocente. Es la preparación de hombres y mujeres para aniquilar, torturar y asesinar personas, ese es el llamado”.

La dirigente enfatizó al respecto que “en Chile continúa pendiente el compromiso que se deriva de la Convención Internacional contra la Tortura de integrar el término y la definición de tortura, tal cual lo mandata la convención firmada por Chile, en el Código Penal y en la legislación que sanciona estas prácticas”.

Juana Aguilera señaló además que los actos de tortura están impunes, lo que se ha podido apreciar en las mismas movilizaciones estudiantiles y en el caso de la protesta social mapuche. Frente a esto hizo un llamado a las organizaciones militares y policiales a revisar sus mallas y afinar la forma en la que se capacita en materia de derechos humanos.

Además, ambos dirigentes añadieron que todo esto se da cuando aún no se logra un consenso político nacional que permita derogar la Ley Reservada del Cobre y se continúan entregando a estas instituciones, de forma continua y con una escasa transparencia, recursos que son de todos los chilenos.