Este sábado entró en vigencia la polémica Ley de Pesca. Una normativa cuya tramitación incluyó un acalorado debate, provocó la molestia de un amplio sector de los pescadores artesanales; y quedó en la oposición al proyecto la idea de que la iniciativa terminó por entregar el patrimonio marítimo a siete familias, controladoras de la gran industria.

Los afines a la legislación insisten en que ésta, publicada este fin de semana en el Diario Oficial, asegura la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

Además, recordemos que a fines de enero, fracasó la impugnación que organizaciones, sindicatos y parlamentarios pretendían hacer en el Tribunal Constitucional.

Por esto, es que los opositores buscan alternativas para hacerle frente a la normativa, según dijo Nelson Estrada, del Consejo de Defensa de la Pesca (Condep).

En este sentido, el dirigente de los artesanales señaló que “nosotros llamamos a desobedecer la ley, así de simple, nosotros como Condep, no reconocemos la ley, pero mientras no se pronuncie el pueblo pesquero, vamos a estar a la expectativa. Nosotros vamos a llamar a  castigar en las votaciones a todos los senadores y diputados que traicionaron la Pesca Artesanal. Porque es bien claro, ellos legislan, pero el pueblo elige, y dónde están los votos en la clase trabajadora, ahí vamos a tener que trabajar y hacer fuerza”.

Estrada, agregó que esta normativa fue sacada adelante por el ministro de Economía, Pablo Longueira, y dirigentes artesanales que negociaron con el Gobierno, adelantando además que ahora es muy posible que comiencen a repetirse problemas entre oprarions artesanales e industriales.

De hecho, Adolfo Millabur, alcalde de Tirúa y dirigente de los pescadores lafkenche, en la zona sur, especialmente en Puerto Montt y Chiloé, afirmó  que ya se han provocado conflictos con la aplicabilidad de la ley, los que podrían irse incrementando y agudizando en el tiempo.

“Hay mucha gente que se enteró que quedó con muy pocos recursos y muchos de ellos sin ninguno. Mientras más se aplique la ley y se pase tiempo, más va a quedar la evidencia cómo se privatizaron los recursos pesqueros para beneficiar a los industriales y cómo los pueblos originarios y pescadores artesanales quedaron fuera de la legislación”, indicó.

Millabur enfatizó que el porcentaje otorgado por ley al sector artesanal sigue llegando, finalmente, a manos de la gran industria. “Se dice que se le entregó a los artesanales entre el 40 y el 50 por ciento. Todos esos porcentajes se traspasaron entre comillas porque son para semi-industriales, que no trabajan para el consumo humano, sino que le venden a las grandes empresas pesqueras de las siete familias”, indicó.

En otros sindicatos afirman que, entre otros efectos, la normativa encarece los costos de operación, e incluso algunos sectores ya buscan alternativas para enfrentar a esta nueva ley.