Marcos Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez son los abogados que, entre el 5 de octubre de 2011 y el 20 de abril del año pasado, fueron investigados por irregularidades en el Caso Bombas. Pese a que fueron sobreseídos de los cargos, hoy se niegan a que se haga público el sumario instruido en su contra, como ordenó la Corte de Apelaciones de Santiago.

El abogado de los fiscales señaló que la razón del rechazo sería que ciertos datos sensibles pueden ser usados “de mala manera” y afirmó que los involucrados temen ser víctimas de ataques violentos por su participación.

Con esto coincidió la Asociación Nacional de Fiscales, tal como sostuvo su secretario general, Mario Carrera, quien apuntó que “compartimos la preocupación. Nuestros fiscales realizaron un buen trabajo en la investigación, no dirigida por ellos desde un principio. Se tuvieron que hacer cargo de muchas cosas y entendemos la preocupación por la divulgación de datos sensibles”.

Por su parte, Mauricio Daza, uno de los abogados defensores de los 14 jóvenes imputados en el Caso Bombas, afirmó que esta argumentación “es débil” y señaló que “el único temor real de la Fiscalía es que se revele este sumario donde no se vinculan los ataques de grupos anarquistas con los imputados del Caso Bombas, ya que ningún fiscal o imputado fue víctima de ataque durante el juicio. Entonces el temor es saber las múltiples irregularidades y quizá delitos para levantar este caso, sin ningún fundamento real y con un claro fin político”.

Cabe recordar que, pese a sobreseimiento de los fiscales, el Caso Bombas fue altamente criticado. En el mismo sumario se cuestionó la objetividad de quien estuvo a cargo del proceso, el entonces fiscal Alejandro Peña, quien meses después se fue a La Moneda a trabajar junto al entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

En este sentido, desde el gremio señalan que la institución es muy jerarquizada y que los fiscales no manejaban la dirección del tema. Frente a esto Daza indicó que “en rigor eran gente de confianza del fiscal, tienen responsabilidades”.

Más aun, el diputado Sergio Aguiló, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, aseguró que la relación laboral entre los fiscales y Peña continuó pese a su salida y declaró que “no tengo dudas que el ex fiscal, que se fue a trabajar a Interior, siguió teniendo relación con sus ex subordinados. Una relación completamente ilegal que se mantuvo, entonces la estrategia que usaron, los modos de usar las pruebas, siguieron exactamente igual”.

En este escenario, Daza añadió que al interior del Ministerio Público estos sumarios son una vía para tapar responsabilidades más que para establecerla y obtener sanciones, “por lo tanto acá también hay una responsabilidad del Fiscal Nacional Sabas Chauán”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo el jurista, el temor pasa porque este sumario deje abiertos algunos indicios que podrían dar pie a nuevas causas penales, abriendo así una nueva arista del caso.